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El diabólico proyecto de Europa para los demandantes de asilo
En la quinta cumbre de UE-África, celebrada los días 29 y 30 de noviembre en Abiyán, Costa de Marfil, los jefes de Estado europeos, a buen seguro, mostraron su indignación por la violencia de que son víctimas los migrantes subsaharianos en Libia, a raíz de la conmoción mundial que ha provocado la difusión del reportaje de CNN, que evidenciaba las prácticas esclavistas del país. Más de puntillas pasaron por las medidas en las que trabajan, con total discreción, en Bruselas y que perjudica a los demandantes de asilo.
A propuesta de la Comisión Europea, en el Consejo Europeo se negocian los términos de un reglamento “que establece un procedimiento común en materia de protección internacional” que supone una reforma fundamental del derecho de asilo, tal y como se concibe desde la firma de la Convención de Ginebra en 1951.
Ese texto (aquí su versión inicial), de aplicación directa en los diferentes países miembros (no es necesaria su transposición, a diferencia de lo que sucede con las directivas), prevé que los Estados puedan considerar “inadmisibles” las solicitudes de asilo de personas que hayan transitado, antes de llegar a Europa, por “terceros países seguros” y devolverlos para que se considere en estos países su demanda de protección internacional.
Por “país tercero seguro” hay que entender aquellos países situados fuera de la Unión Europea en los que cabe esperar que se garanticen los derechos humanos. El artículo 45, que define el concepto de “terceros países seguros”, alude sobre todo al hecho de que, en estos países, los “demandantes no tienen que temer ni por su vida ni por su libertad por motivos relacionados con la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opiniones políticas”. De modo que se encuentran potencialmente concernidos la totalidad de los países vecinos de la UE. De este modo, Francia podría enviar a los países del Magreb (Túnez, Argelia, Marruecos) a la inmensa mayoría de los exiliados subsaharianos que hubiesen pasado por dichos Estados antes de cruzar el Mediterráneo.
Pero esto no queda aquí. Mediapart, socio editorial de infoLibre, ha tenido acceso a la última versión (todavía no definitiva) del artículo 45, que resulta especialmente alarmante ya que prevé que un país pueda ser declarado como seguro, a excepción de una o varias de sus regiones o de una o varias categorías de personas. Dicho de otro modo, supone declarar seguros países cuyas regiones están en guerra (si no lo están todas) o algunas de cuyas personas se encuentran amenazadas (si no lo están todas). Algunos observadores temen que esta ampliación de la definición permita dar cabida a países tan inestables como Libia, si uno de sus territorios, por ejemplo los alrededores de Trípoli, se pacifican.
Esta noción de “terceros países seguros” supone una revolución en el derecho de asilo porque permitiría que exiliados que buscan protección sean expulsados sin que su demanda de asilo haya sido examinada en un país de la UE. De este modo, en lugar de preguntarles por la violencia política que ha motivado su exilio, en lugar estudiar la credibilidad de su testimonio, en lugar de recopilar pruebas que demuestren la persecución de que son objeto, se trataría de rastrear su trayectoria: durante los miles de kilómetros recorridos huyendo de su países de origen, ¿han atravesado un país en el que podrían vivir seguros? Poco importan los abusos sufridos (violaciones, encarcelamientos arbitrarios, acoso, rescate, tortura, etc.), se trata de encontrar una tierra de acogida, lo más alejada posible de Europa.
Ese concepto de “terceros países seguros” ya figura en la directiva europea conocida como “procedimiento”, adoptada el 26 de junio de 2013, pero a diferencia del reglamento en el que se trabaja, este texto permitía a los Estados su no aplicación; según Gérard Sadik, del colectivo Cimade, 19 países lo adoptaron, de los cuales sólo dos la aplican de facto: Hungría, que devuelve sistemáticamente a Serbia a los demandantes de asilo que llegan a su territorio, y Grecia, que devuelve a Turquía a los demandantes de asilo sirios y afganos.
Para ello, Grecia se basa en el acuerdo político alcanzado entre la Unión Europea y Turquía en marzo de 2016. Bruselas considera este texto, cuestionado jurídicamente, un éxito puesto que, desde su firma, el número de embarcaciones llegadas al mar Egeo ha caído drásticamente (aunque se ha observado un leve repunte en las últimas semanas).
El nuevo reglamento en vías de negociación supone la generalización de este acuerdo UE-Turquía, denostado por las ONG y la ONU. Cuestiona uno de los principios fundamentales del asilo, recogido en la Convención de Ginebra de 1951, según la cual los demandantes de asilo tienen derecho a que su situación personal se estudie en el país en el que solicita protección. En Francia, contraviene al preámbulo de la Constitución, donde se dice que “cualquier persona perseguida por su acción en favor de la libertad tiene derecho de asilo en los territorios de la República”.
El derecho de asilo, consagrado por decisión del Consejo Constitucional, en fecha del 13 de agosto de 1993, recoge que “el extranjero que demanda este derecho [debe ser] autorizado a permanecer provisionalmente en el territorio hasta que se haya resuelto su demanda”. Como indica Gérard Sadik, los Estados miembros favorables al concepto de “país tercero seguro” se basan en el concepto de subsidiariedad de la petición de asilo, que hace que los Estados puedan considerar que no están obligados a estudiar la petición si la persona no ha llegado directamente desde su país de origen.
“Deriva extremadamente grave”
Francia, hasta la fecha, había resistido. Durante la legislatura de François Hollande, la ley de asilo de 2015 no incluyó el mencionado concepto de “terceros países seguros”, que por tanto carece de existencia jurídica en el derecho francés. Pero las cosas son diferentes con la actual Presidencia de Emmanuel Macron. El ministro francés del Interior, Gérard Collomb, anticipando el voto de este reglamento en Europa, sí lo inscribe en el anteproyecto de ley sobre asilo e inmigración, que todavía no se ha presentado en el Consejo de Ministros.
Este mismo Emmanuel Macron, que distingue a los “refugiados” –que habría que acoger si no queremos perder nuestro honor– de los “migrantes económicos” –que se han hecho indeseables–, lleva el cinismo hasta el extremo de prever cerrar la puerta a los demandantes de asilo. Gérard Sadik destaca que entre 1992 y 1996 la noción de “país tercero seguro” se aplicó “de manera salvaje” en las fronteras francesas, sobre todo en el aeropuerto de Roissy (París), con la devolución de demandantes de asilo a Camerún o a Tanzania.
Se puso fin a esta práctica con el decreto del Consejo de Estado (entonces el comisario del Gobierno, el ponente público, no era otro que Jean-Marie Delarue, excontrolador general de los lugares de detención), que recogía que este concepto era contrario a la Convención de Ginebra y a la Constitución francesa.
Solo la toma de conciencia por parte de algunos Estados miembros y eurodiputados puede permitir evitar lo peor. La negociación está en curso: el texto todavía puede recoger diferentes modificaciones, a cargo de los ministros del Interior del Consejo Europeo; la Comisión y el Parlamento tendrá que alcanzar un acuerdo. Sylvie Guillaume, diputada francesa del grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas, recuerda que el texto todavía tiene mucho recorrido por delante antes de su aprobación. No obstante, considera que “merece cierta atención porque las definiciones que incluye modifican el concepto de países terceros seguros”.
“Esto demuestra cierta impaciencia de los Estados miembros”, añade. “En modo alguno, aceptaré ampliar esta noción a partes de territorio”, continúa antes de precisar que no se opone al concepto en su versión clásica, siempre que su aplicación sea opcional.
Marie-Christine Vergiat, en su condición de integrante de la delegación del Frente de Izquierda/Alianza de Ultramar, se opone tajantemente al concepto de “país tercero seguro”. “Los Estados miembros hacen todo lo que está en su mano por externalizar la demanda de asiloexternalizar a terceros países; estamos ante una política racista y xenófoba porque si aplicamos la lupa nos damos cuenta de que los principales afectados son los demandantes de asilo procedentes de África. Cuanto más se bloquean las vías legales de entrada en la UE, más se hace el juego a los traficantes”, insiste.
Como responsable del programa Protección a la población, de Amnistía Internacional Francia, Jean-François Dubost se muestra especialmente preocupado por las derivas en curso. Considera que Alemania y Francia están maniobrando en esta intentona por flexibilizar las condiciones de asilo. “Nos hallamos en la lógica de la gestión, no de la protección. La Convención de 1951, que reconocía el derecho al asilo no hablaba de “países seguros”. Y añade: “Esta deriva es extremadamente grave. Primero porque las regiones que van a ser consideradas seguras ya están en primera línea en la acogida de refugiados; en segundo lugar porque el criterio de los europeos que va a primar va a ser la voluntad de control, a la hora de determinar que una región es o no segura. En el derecho internacional no hay nada que permita determinar lo que es un “país seguro”. No es una noción jurídica, es una construcción europea”.
Desde la firma del acuerdo UE-Turquía, “se percibe en la Comisión Europea la voluntad de promover este tipo de acuerdo con otros países, como Libia, con esta idea de región segura”. Estamos “ante la misma lógica de contención, de bloqueo de las personas lo más lejos posible de las fronteras europeas. No es una idea nueva, pero hemos entrada en una fase más operacional. Devolver migrantes presenta además la ventaja de alejar la cuestión de los ojos de la población europea... Todo esto se inscribe en una lógica completamente asumida del lado europeo”, desespera. _________________
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Traducción: Mariola Moreno
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