Derecho a la información

La Justicia francesa absuelve a tres periodistas de Mediapart en el 'caso Bettencourt', aunque persiste la censura

Liliane Bettencourt.

Un Tribunal de Burdeos absolvió este martes al exmayordomo de los Bettencourt, Pascal Bonnefoy, y a los periodistas de Mediapart y de Le Point (Fabrice Arfi, Fabrice Lhomme, Edwy Plenel, Hervé Gattegno y Franz-Olivier Giesbert) del delito de “atentado contra la intimidad” de que se les acusaba, en el marco del caso de las grabaciones.

Pascal Bonnefoy realizó las grabaciones entre mayo de 2009 y 2010, en el que fuera el despacho de André Bettencourt. Dichas conversaciones ponían al descubierto los abusos a los que se sometía a la millonaria octogenaria Liliane Bettencourt y la comisión de varios posibles delitos (fraude fiscal, tráfico de influencia y financiación política opaca).

No obstante, a pesar del fallo favorable del Tribunal de Burdeos, en el que sale victorioso el derecho a la información, no se pone punto y final a la escandalosa censura –de la que Mediapart sigue siendo víctima– de una magnitud sin precedentes desde la guerra de Argelia. Los considerandos de la sentencia del Tribunal de Burdeos desmontan, punto por punto, la ridícula argumentación que defendieron los magistrados del tribunal de Versalles (París).

El 3 de julio de 2013, esos magistrados condenaban a Mediapart (socio editorial de infoLibre)  a retirar todos los artículos que alusivos a las grabaciones del caso Bettencourt, bajo pena de 10.000 euros por infracción constatada y día de demora. El tribunal precisaba: “Grabaciones totales o parciales en cualquier soporte, electrónico, papel o en cualquier otro”.

Días después, Patrice de Maistre, gestor de la fortuna de Liliane Bettencourt, que habría de ser condenado posteriormente, pedía que se ejecutara la sentencia. De modo que el 22 de julio de 2013 tuvimos que despublicar los 72 artículos que contenían alusiones, transcripciones o extractos de las grabaciones Bettencourt (a raíz de la decisión judicial infoLibre decidió publicar, en francés, la totalidad de los artículos censurados). Esta decisión liberticida desencadenó una gran movilización ciudadana, solidariapor parte tanto de responsables políticos, como de periodistas, y el lanzamiento de un manifiesto internacional (Tenemos derecho a saber), que firmaron cerca de 60.000 personas y más de cuarenta cabeceras de medios de comunicación, sindicatos y asociaciones.

El 2 de julio de 2014, el Tribunal de Casación ratificaba la decisión del Tribunal de Versalles y desestimaba el recurso interpuesto. El Tribunal de Casación rechazaba ponderar derecho a la intimidad y derecho a la información y juzgaba que debía prevalecer el primero. Así, según el Tribunal, la publicación de extractos de estos registros suponía “un agravio manifiestamente ilícito que no puede justificar la libertad de prensa o su presunta contribución a un debate de interés general, ni la preocupación por dar credibilidad en particular a una información”.

Ahora resulta del todo elocuente leer los considerandos de la sentencia de Burdeos, que resuenan como una bofetada a los magistrados de Versalles. “El derecho a la información [...] requiere la publicación de informaciones sobre cuestiones de interés general. Se trata de una libertad fundamental sobre la que se asientan los cimientos de cualquier sociedad democrática. No se puede atentar contra ellos sin que exista una razón excepcionalmente grave”, manifiestan los jueces de Burdeos. Al otorgar legitimidad tanto al derecho de alerta (el del mayodormo de los Bettancourt) como al derecho a la información, relativo a hechos de interés público, por fin se hace justicia.

Porque esta operación de censura, cuando ignora las nuevas lógicas, nacidas al albur de la prensa digital como derechos elementales de los ciudadanos a la información, no es fruto de una decisión sobre el fondo del asunto, como ocurre con la del Tribunal de Burdeos, sino que emana de un procedimiento de urgencia iniciado por la familia Bettencour y Patrice de Maistre. En julio de 2010, días después de la publicación de nuestros primeros artículos que revelaban un asunto que había de convertirse en cuestión de Estado, Bettencourt y Patrice de Maistre instaban al Tribunal de París a que prohibiese la publicación de cualquier extracto de las grabaciones obtenidas. No estábamos ante un procedimiento dirigido a juzgar el fondo del asunto, sino encaminado a dictar una orden provisional dirigida a decidir con carácter urgente.

En primera instancia, y después en la apelación, el Tribunal de París rechazaba la demanda y nos daba la razón. Destacaba que Mediapart había puntualizado, desde el primer momento, que de las aproximadamente veinte horas de grabaciones existentes, realizadas por el mayordomo de los Bettencourt, publicamos en torno a una hora; pasando de puntillas por aquellas pertenecientes al ámbito familiar de los Bettencourt y las consideraciones personales diversas, para dar difusión a aquello que es objeto de debate público: la evasión y fraude fiscal, la financiación política, el funcionamiento de la Justicia y el eventual tráfico de influencia.

Estas decisión iniciales fueron anuladas más tarde por la Sala de lo Civil del Tribunal de Casación, que convertía en principio absoluto el derecho a la intimidad, independientemente del contexto. Más tarde habría otro fallo, una sentencia de Versalles de julio de 2013 y, después, un año más tarde, esta última decisión del Tribunal de Casación.

Desde Mediapart, anunciamos la intención de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El alto tribunal tiene en su haber fallos más receptivos con el derecho a la información de los ciudadanos y a la libertad de prensa.

Ahora bien, a día de hoy, la sentencia de Burdeos no nos autoriza a poner fin a la censura instaurada por Versalles y a volver a publicar los 72 artículos censurados. Por dos razones. La primera es que esta sentencia todavía no es firme, la Fiscalía tiene 10 días para recurrir. Por tanto, paciencia.

La segunda razón tiene que ver con Patrice de Maistre. El exgestor de la fortuna de Liliane Bettencourt ha sido condenado a 30 meses de cárcel, 12 de ellos con suspensión, a 250.000 euros de multa y a al pago de más de 12 millones en concepto de daños y perjuicios a la heredera de L'Oréal. De Maistre ha renunciado a presentar recurso alguno tras haber alcanzado un acuerdo, de carácter privado, con la familia y en octubre pasado remitió un comunicado público en el que anunciaba su decisión de renunciar a emprender ningún tipo de medidas.

¿Significa esto que renuncia también a hacer que se cumpla la sentencia del Tribunal de Versalles (como la familia Bettencourt)? No lo sabemos y por esa razón hemos decidido no volver a publicar los artículos censurados. Pero, a la vista de la sentencia de Burdeos, no queda lugar a dudas, que la operación de censura impuesta en un procedimiento de urgencia (que se ha prolongado durante tres años) es ilegítima y escandalosa.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Una derrota para el derecho a la información: Estrasburgo avala que Francia censurase 70 artículos de Mediapart sobre el 'caso Bettancourt'

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