Francia

La Justicia francesa acusa a Christine Lagarde de “negligencia grave”

La Justicia francesa acusa a Christine Lagarde de "negligencia grave".

Laurent Mauduit (Mediapart)

El pasado 17 de diciembre Mediapart desveló que los jueces de instrucción del Tribunal de Justicia de la República (CJR) habían decidido juzgar a Christine Lagarde por “negligencia” en la gestión del caso Tapie, de presunta malversación de fondos públicos, pero se ignoraban las alegaciones presentadas contra la exministra francesa de Finanzas.

En el escrito de conclusión del sumario, dado a conocer este martes por Mediapart, se desmonta en unos durísimos términos las argumentaciones esgrimidas por la defensa de la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), llegando incluso a calificar de “lamentables” algunas de las justificaciones. Además, es inequívoco a la hora de calificar la gestión del caso por parte Christine Lagarde –fruto de “una decisión mal preparada” y “mal organizada”–. Más concretamente, los jueces hacen una constatación demoledora: “Las múltiples negligencias cometidas, en este asunto, por una ministra con experiencia tanto en contenciosos financieros como en procesos de arbitraje, resultan difíciles de explicar, de no existir voluntad a la hora de imponer una decisión determinada de antemano; [...] Sea como fuere, de la acción de Lagarde no sólo se desprende un caso de mala gestión y de precipitación criticables, sino también de una conjunción de faltas que, por su naturaleza, número y gravedad, superan la mera negligencia”.

No cabe duda de que, en este escrito, se ha medido cada palabra empleada al máximo. Los magistrados creen que Christine Lagarde pudo haber incurrido en “incuria”, que según el diccionario significa “negligencia extrema”, pero que es algo más que eso. Implica que la exministra cometió “faltas [...] constitutivas de otras tantas negligencias graves” que “permitieron que terceros consiguieran 403 millones”.

La gravedad de las faltas que se le imputan puede poner a Christine Lagarde en una situación delicada, pero también corre peligro su renovación al frente del FMI, prevista para este mismo verano, porque si bien es verdad que el organismo financiero hasta ahora le ha transmitido toda su solidaridad, la situación puede hacerse más delicada para Lagarde. A no ser que el FMI acepte el descrédito que conllevar tener al frente del organismo internacional a una directora gerente sobre la que pesan sospechas de “incuria” o incluso faltas aún más graves.

El escrito de los jueces, que consta de 66 páginas, empieza la exposición detallada de los antecedentes del caso Tapie. Y en un primer momento no hace ninguna mención a Christine Lagarde. Más adelante, cuando los magistrados se refieren al papel concreto desempeñado por la exministra francesa de Finanzas, en el verano de 2007, cuando da comienzo el supuesto arbitraje fraudulento, muestran su cautela a la hora de apuntar a varios “elementos” de “descargo” para Christine Lagarde. Aunque no queda recogido en esos términos, los jueces dan a entender que las maniobras llevadas a cabo en favor de Bernard Tapie dieron comiezo mucho antes de que Christine Lagarde tomase posesión en el Ministerio de Finanzas.

Apuntan en concreto al intento de mediación capitaneado Nicolas Sarkozy en el verano de 2004, cuando él mismo ocupaba el cargo ministro de Finanzas; o “al comienzo de las negociaciones” a favor del arbitraje “a mediados de febrero de 2007”, es decir, antes incluso de las elecciones presidenciales. En resumidas cuentas, los magistrados sugieren que si se cometió un delito de estafa en banda organizada, como recoge la instrucción penal, Christine Lagarde no formaba parte de la... ¡banda!

“Ligereza inadmisible”

Como elementos de “descargo” para Lagarde, los magistrados también subrayan la “ausencia de relaciones personales con los actores del caso”. “Ningún elemento del caso establece ni sugiere que Lagarde mantuviese relaciones personales con Tapie [...], contrariamente a Sarkozy, Richard [entonces director del gabinete de Christine Lagarde y actual responsable de Orange] y Guéant [entonces, secretario general del Elíseo]”, se advierte en el escrito, que no oculta las amistades o connivencias múltiples de Bernard Tapie.

“Sarkozy y Tapie se reunieron en varias ocasiones y, especialmente, los días 30 de julio y 17 de noviembre de 2007, es decir, respectivamente, la víspera de la renovación de la propuesta de arbitraje y al día siguiente de la firma del compromiso de arbitraje; [...] existían viejos vínculos de amistad entre Richard y Sarkozy, que se reunieron, especialmente, el 20 de agosto de 2007 [...]; del tuteo que recogen las comunicaciones escritas y telefónicas se desprende cierta proximidad entre Richard y Tapie; [...] así, el 9 de julio de 2008, [...] éste se dirigió a Richard en una nota, en que le tuteaba, para transmitirle, sobre todo, las dos consultas de Fadtaflah que, además, la transcripción de las conversaciones telefónicas dan fe de la familiaridad en el trato; [...], de las declaraciones de August se desprende que éste conoce muy bien y desde hace tiempo a Richard, en cuya boda ejerció de testigo; [...] la naturaleza de la relación entre Guéant y Tapie se pone de manifiesto en los numerosos correos que este último dirigió y en las múltiples entrevistas mantenidas por los dos hombre, como la llevada a cabo el 30 de julio de 2007”.

En resumen, Lagarde no tenía ese tipo de relación con Bernard Tapie, aspecto que los magistrados subrayan como elemento de descargo. Dicho esto, añaden:

Primera alegación: el arbitraje es fruto de una “decisión mal preparada”. “Tomada rápidamente por, sin duda, Tapie que deseaba un acuerdo cercano. La decisión de recurrir a un arbitraje no estuvo precedido ni de un peritaje jurídico sobre la conveniencia de recurrir al arbitraje ni de un estudio en profundidad del caso pese a la complejidad del mismo y las consecuencias importantes que podía tener sobre las finanzas públicas”.

Y se observa que Lagarde: “Habría podido consultar con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas o, incluso, de forma oficiosa, con el Consejo de Estado”.

Sin embargo, la ministra “adoptó la decisión sin solicitar a los servicios de su Ministerio un informe que le habría permitido conocer la garantía que dio el Estado al Crédit Lyonnais, en relación al caso Adidas”.  

Segunda alegación: los magistrados concluyen que la decisión de recurrir al arbitraje también estuvo “mal enfocada”. Supone “una ligereza inadmisible”, que aunque no convierte a Lagarde en sospechosa de formar parte de una banda organizada, si implica una importante responsabilidad, por negligencia, al otorgar indebidamente 403 millones a Bernard Tapie.

Tercera alegación: los magistrados señalan que Lagarde tenía razones para desconfiar del proceso arbitral ya que la Agencia de Participación Estatal (APE), advirtió en reiteradas ocasiones en contra del eventual recurso al arbitraje.

Cuarta alegación: los magistrados también apuntan a que Lagarde autorizó con su firma, el 10 de octubre de 2007, el proceso de arbitraje, pero en condiciones opacas, dado que en ese momento se desconocía si el banco Crédit Lyonnais asumiría o no una indemnización de 12 millones de euros. Los magistrados destacan la actuación de la ministra, responsable de velar por las finanzas públicas. “Preguntada al respecto, Lagarde no discutió haber dado tales instrucciones, pero declaró que tuvo que firmar de inmediato porque el Consejo de Administración del EPFR (Establecimiento Público de Financiación y Reestructuración) tenía que reunirse ese mismo día; añadió que estas instrucciones no le habían parecido claras, que no había leído las recomendaciones de la APE, especialmente la del 3 de octubre de 2007 que le informaba del rechazo del Crédit Lyonnais, y que la cuestión de los 12 millones le había parecido secundaria”.

Terrible confesión. La ministra inicia el proceso de arbitraje, pero sin fijar el montante máximo, y confirma sus instrucciones, sin saber si 12 millones de euros correrán a cargo de las arcas públicas, porque le parece “secundario”.

Poco convincente

Los magistrados arremeten contra una ministra inconsecuente (¿o incompetente?) que toma decisiones graves a la ligera. Y son muy duros en el escrito.

“Estas explicaciones parecen poco convincentes, por no decir desoladoras, dado el desafío que el caso suponía para las arcas públicas; todo persona firmante de un documento, cuanto más un ministro, debe conocerlo su integralidad y haber medido el alcance del mismo. Por un lado, manifestar que no había tenido tiempo de leer los informes de la APE relativos a sus instrucciones, que no le parecieron claras según manifestó, y, por otro lado, decir que el compromiso del banco de garantizar el pago de 12 millones era “secundario”, cuando había constancia del mismo en las dos cartas que el ministro de Economía dirigía, el 17 de marzo de 1999, a los presidente del CDR y del banco, ponen de manifiesto una precipitación y una ligereza constitutivas de graves negligencias por parte de una ministra encargada de asuntos del Estado”.

En cuanto a las explicaciones “desoladoras” a las que aluden los jueces, esas van a tener mucho peso cuando Christine Lagarde comparezca ante el Tribunal de Justicia de la República, pero corren el riesgo de causar estragos en las altas instancias del FMI.

Quinta alegación: los magistrados destacan que el 23 de octubre de 2007, se dieron nuevas instrucciones. En este momento comenzaba realmente el proceso de arbitraje ya que se hace constar que si Crédit Lyonnais no asume los 12 millones, el Estado lo hará. En su defensa, en la fase de instrucción, Lagarde arguyó que su director de gabinete, Stéphane Richard, firmó en su nombre el documento.

Sin embargo, tampoco aquí los magistrados se andan con rodeos. “Lagarde no puede escudarse en una supuesta ignorancia de las instrucciones que dio y que le corresponde asumir, aunque no las firmara de su puño y letra”.

Sexta alegación: los magistrados destacan con todo lujo de detalles que Christine Lagarde renunció, en julio de 2008, a interponer un recurso de anulación de la sentencia arbitral en condiciones surrealistas. Organizó una reunión antes de tomar la decisión, pero sólo fueron convocados los partidarios de no recurrir, mientras que la APE o algunos abogados del Estado, partidario de presentar un recurso, no asistieron. “En definitiva, Lagarde dio muestras de una precipitación que no hay razón seria que justifique, como destaca el Ministerio Público […] dada la importancia para las finanzas públicas, su comportamiento es revelador, en el mejor de los casos, de una ligereza susceptible de caracterizar la negligencia que se le reprocha”.

En esencia, los magistrados alegan que “las múltiples negligencias cometidas, en esta ocasión, por un ministro con experiencia tanto en contenciosos financieros como en procesos de arbitraje son difícilmente explicables, de no ser por la voluntad de imponer decisiones determinadas de antemano; de todas maneras, el comportamiento de Lagarde no procede solo de una incuria y de una precipitación criticables, sino también de una conjunción de faltas que, por su naturaleza, número y gravedad, superar el nivel de una mera negligencia”.

Como conclusión, señalan que habida cuenta de las faltas enumeradas, constitutivas de negligencias graves”, Christine Lagarde “permitió el pago a terceros de 403 millones, abonados por el Estado a los liquidadores de las empresas del grupo Tapie y al matrimonio Tapie, como resultado de la ejecución de sendas sentencias de arbitraje de fechas 7 de julio y 27 de noviembre de 2008”. Por ello, la comisión de instrucción ha ordenado que se juzgue a Christine Lagarde, conforme a los artículos 432-16 y 423-27 del Código Penal”.

Dicho artículo señala que “cuando la destrucción, malversación o sustracción, por parte de un tercero, de bienes recogidos en el artículo 432-15, resulte de la negligencia cometida por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público, de un contable público o de un depositario público, ésta será condenada a un año de cárcel y a una multa de 15.000 euros”. El artículo 432-17 de dicho código penal precisa que puede acarrear las siguientes penas complementarias: “Suspensión de los derechos civiles, cívicos y familiares [...] Inhabilitación [...] para el ejercicio de un cargo público o de toda actividad profesional o social en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de la cual se ha cometido la infracción, ya sea [...] ejercer una profesión comercial o industrial, dirigir, administrar, gestionar o controlar a cualquier título, directa o indirectamente, por cuenta propia o por cuenta ajena, una empresa comercial o industrial o una sociedad comercial”.

Se abre aquí un interesante debate. Un ministro que debe velar por el interés general, ¿puede ampararse en la indolencia o el desconocimiento, real o fingido, de los casos que tenía encomendados, para inhibirse de sus responsabilidades? ¿Puede decir que la decisión le fue impuesta por el Estado y que, por solidaridad, debió acatarla? De este escrito se desprende toda una lección de civismo: un ministro es responsable tanto de lo que hace como de lo que no hace.

El futuro judicial de Christine Lagarde se ha visto totalmente ensombrecido. Y no sólo su futuro judicial.

Leer el texto en francés:

Condenan a Lagarde por negligencia durante su etapa como ministra de Economía

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