¿Ha sucumbido París a los patrocinios del sector privado para financiar su presidencia de la UE?

Sobre todo, nada de “patrocinadores”, como mucho algunos “mecenas”. La presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, durante la cual se celebrarán no menos de 400 actos en el país hasta el mes de junio, ha recurrido a dos fabricantes de automóviles, Renault y Stellantis (resultado de la fusión entre PSA y Fiat Chrysler). Prestarán 220 vehículos limpios para la celebración de cumbres y reuniones ministeriales.

En un informe publicado este lunes, ONG de Bruselas expresaron su preocupación por los “socios dudosos” de una “presidencia bajo influencia”, mientras que Renault y Peugeot siguen siendo investigados por “fraude” en el marco del Dieselgate, el escándalo en los controles anticontaminación. Mientras tanto, los dos fabricantes intentan frenar las normativas que afectarán al sector del automóvil en el marco del Green Deal, el Pacto Verde promovido por la Comisión Europea.

Ya sea por la prestación de servicios o emplazamiento de productos, la financiación de las presidencias rotatorias del Consejo es una fuente habitual de polémica en Bruselas. En 2020, Croacia se asoció con la principal compañía petrolera del país, Ina, que suministró gasolina a los coches de la presidencia. En 2019, los rumanos eligieron a Coca-Cola (en el momento en que la batalla sobre el etiquetado nutricional se desataba en la capital europea), mientras que los finlandeses se asociaron con BMW (acusados entonces por el ejecutivo de la UE de acuerdos ilegales con Daimler y Volkswagen).

Sólo los alemanes, en la segunda mitad de 2020, construyeron su presidencia sin ningún vínculo con empresas. Ante la controversia, el Consejo publicó finalmente el año pasado una guía de buenas prácticas sobre la cuestión, en la que se insta a los Estados a ser transparentes sobre los acuerdos con el sector privado, un texto muy sucinto y, sobre todo, no vinculante. Unos meses antes, se criticó a París por intentar edulcorar el documento.

¿Ha cedido Francia a las llamadas del sector privado, a riesgo de multiplicar los conflictos de intereses? El contexto de la organización, paralela a las elecciones presidenciales y legislativas francesas, hace que la cuestión sea aún más delicada. Contactado por Mediapart (socio editorial de infoLibre), el secretario francés de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, lo niega: “Hemos evitado cualquier patrocinio privado y cualquier tipo de godies [regalos]. Insistí en que todo se financiara con crédito público, sin ninguna colaboración”.

Y añade: “Lo único que hicimos fue pedir a dos fabricantes de automóviles –que no estaban especialmente dispuestos a hacerlo– que prestaran vehículos franceses limpios, eléctricos o híbridos durante la presidencia. También es una cuestión de imagen; me habría parecido extraño que los ministros europeos se pasearan en coches coreanos o americanos. Igual que hacemos con los miembros del gobierno o los diputados que tienen chófer: disponemos de coches franceses”.

En un principio se habían previsto otras dos colaboraciones, una con la SNCF para el transporte de las delegaciones, y otra con EDF, para encargarse de la compensación del carbono del evento, siguiendo el modelo de lo que ahora se practica para el G7. Clément Beaune abordó esta última opción en octubre ante los senadores. Pero ambas opciones se descartaron para no suscitar críticas; prueba, desde el punto de vista del Ejecutivo, de la prudencia de su gestión.

Por parte de Francia, la precedente presidencia de turno, en 2008, la última presidencia francesa hasta la fecha, organizada con Nicolas Sarkozy, ha dejado huella. Como publicó Mediapart, la presidencia de entonces costó 171 millones de euros (frente a los 114 millones de la presidencia de 2000 de Jacques Chirac). El Tribunal de Cuentas criticó la gestión del evento, denunciando un “programa excesivamente denso” –incluida una suntuosa cena en el Palacio del Elíseo, en presencia de nada menos que otros 43 jefes de Estado y de Gobierno-, pero también el “carácter a veces derogatorio, incluso irregular, de los procedimientos seguidos” (sin licitar el concurso).

Según el proyecto de ley de finanzas, la presidencia francesa de 2022 costará 174 millones de euros, menos que la de 2008, si se tiene en cuenta la inflación (201 millones para la presidencia de Sarkozy, a euros constantes). En concreto, el Tribunal de Cuentas criticó en su momento que el coste de los actos decididos a iniciativa del Elíseo había acabado superando el coste de los actos obligatorios, vinculados al funcionamiento del Consejo, aquellos de los que los Estados que dirigen el Consejo de la UE no pueden escapar.

Los detalles de los gastos anunciados por el Ejecutivo se prestan al mismo tipo de críticas; ya está previsto gastar más en “actos correspondientes por iniciativa propia de la presidencia” (76 millones) que en funcionamiento stricto sensu (65 millones). Pero queda por ver cómo evolucionarán estos costes presupuestados y qué cubrirán exactamente.

El informe publicado este lunes por el Observatorio de las Multinacionales y la plataforma CEO, una ONG que aboga por una mayor transparencia en Bruselas, no se contenta con señalar el “mecenazgo” de Renault y Stellantis únicamente. Sus autores describen una presidencia “preparada en estrecha colaboración con las grandes empresas” y cuyas “prioridades declaradas reflejan fuertemente [sus] demandas”.

El representante de Francia ante la UE, Philippe Léglise-Costa, y su adjunto, Fabrice Dubreuil, declaran, por ejemplo, que se han reunido con 31 representantes de empresas o lobbies industriales (el director general de Dassault, el director general de Medef, el director general de Airbus Defense and Space, etc.) durante 40 reuniones de trabajo para preparar la presidencia desde el pasado mes de julio, frente a sólo dos representantes de la sociedad civil (entre ellos la directora de Oxfam Francia, Cécile Duflot). Según los autores del informe, no es tanto el hecho de que los funcionarios y los diplomáticos se reúnan con los jefes del sector privado, sino el desequilibrio evidente en estas consultas, entre el sector público y el privado, lo que plantea un problema.

Las ONG también están preocupadas por los efectos de algunos casos de “puertas giratorias” del sector público al privado y viceversa. Citan en particular la contratación en 2018 de Pierre Sellal por el bufete de abogados August & Debouzy –un peso pesado del lobby en Bruselas, cuya lista de clientes no es pública–. Pierre Sellal ha sido dos veces representante de Francia ante la UE (la última vez de 2014 a 2017), ha formado parte del consejo de administración de EDF y Areva, y fue elegido presidente de Le Siècle en enero. En un registro menos espectacular (por ser mayor), la actual directora de gabinete del secretario de Asuntos Europeos, Garance Pineau, trabajó para el Medef entre 2013 y 2017.

Traducción: Mariola Moreno

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