Turquía decreta el estado de emergencia durante tres meses en todo su territorio. El presidente Erdogan, seguido por miles de ciudadanos a través de una pantalla gigante, ha justificado la medida, que supone restringir la libertad de movimientos, diciendo que es para proteger la democracia. Más de cinco horas ha estado reunido el Consejo de Seguridad Nacional hasta concluir con esta medida de excepción que permite el toque de queda, hacer registros sin autorización judicial o censurar información y exhibiciones e incluso suspender contratos laborales. Ha sido la primera evaluación de Erdogan y su Gobierno de la intentona golpista de la que acusan al clérigo exiliado en Estados Unidos, Fetulá Gulen y anuncia que pedirá su extradición. El secretario de Estado norteamericano ya le ha pedido que envíe pruebas para responderé. Y mientras, siguen las purgas, el número de funcionarios cesados, despedidos y apartados de sus cargos desde el sábado es ya de 60.000. Ella, hasta ahora rectora de la Universidad de Diryarbakir, es la penúltima detenida. Y hay otras 11.000 personas detenidas, en su mayoría militares.

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