Un aluvión de propuestas para mejorar la transparencia

El pasado 10 de diciembre, el portal de transparencia impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy cumplió un año de vida lejos de cumplir las expectativas creadas cuando se puso en marcha. La Ley de Transparencia elaborada en el año 2013 también deja tras dos años de funcionamiento importantes carencias a la hora de luchar contra la opacidad de los órganos del Gobierno.

La oleada de cambios en el escenario político ha hecho que los ciudadanos reivindiquen con mayor firmeza su papel participativo en la toma de decisiones, además de acrecentar las demandas de información sobre el funcionamiento de las administraciones. Los partidos políticos que compiten por llegar a Moncloa este domingo 20 de diciembre incluyen en sus programas medidas para mejorar la transparencia institucional y la participación de todos los ciudadanos.

PP: MEJORAR LA LEY DE TRANSPARENCIA

El Partido Popular no cuenta en su programa con un apartado específico dedicado a la transparencia, pero sí la introduce en el área que versa sobre la corrupción. Los conservadores aseguran que "ahora hay más derechos para los ciudadanos, como el refuerzo del acceso a la información pública recogido en la primera Ley de Transparencia de nuestra democracia", de modo que no introducen ninguna modificación al respecto, pero sí se comprometen a "seguir desarrollando en profundidad" dicha norma.

El partido de Rajoy suscribe también su compromiso de mejorar la web del Congreso, de forma que sea más sencilla la búsqueda de información y de datos, y de potenciar la publicación de información como las actividades de los diputados o la documentación asociada a los proyectos legislativos.

PSOE: LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El partido de Pedro Sánchez propone impulsar una Estrategia Estatal de Gobierno Abierto, "que será transversal para todos los ministerios", con medidas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, así como la participación.

El PSOE promete modificar la Ley de Transparencia, para "solventar las deficiencias técnicas existentes". A través del portal de transparencia, los socialistas prevén obligar a los cargos públicos a llevar a cabo una rendición de cuentas para conocer información como sus declaraciones de renta, sus agendas, o sus bienes e intereses. Publicarán, además, una lista con las administraciones más transparentes.

Respecto a participación, aprobarán una Ley de participación ciudadana, y crearán un portal donde la ciudadanía podrá presentar propuestas que deberán ser respondidas en un plazo máximo predeterminado. Crearán además la Oficina Ciudadana en el Congreso de los Diputados, para canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía con las cámaras. A través de ella, los usuarios podrán solicitar información, gestionar peticiones y entrevistas con representantes políticos, registrar preguntas parlamentarias, participar en debates y hacer consultas públicas.

Los socialistas potenciarán la figura de la iniciativa legislativa popular reduciendo a 300.000 las firmas acreditadas requeridas para su presentación –frente a las 500.000 actuales–.

Finalmente, reformarán el sistema de voto de los electores residentes fuera de España para facilitar una mayor participación con medidas como la desaparición del voto rogado –que ellos mismos aprobaron junto al PP en la anterior legislatura– o la promoción del voto en urna en los lugares en donde el número de residentes españoles sea significativo.

PODEMOS: PROCESO REVOCATORIO POR INCUMPLIR EL PROGRAMA

La formación de Pablo Iglesias incorpora toda una serie de medidas destinadas a eliminar la opacidad institucional y promover la participación ciudadana. Modificará, en primer lugar, la Ley de Transparencia del actual Gobierno, con el fin de reconocer el derecho a la información como fundamental, mejorar la accesibilidad del portal de transparencia, eliminar la obligatoriedad de la firma electrónica para realizar consultas, aminorar los límites de respuesta y garantizar la independencia del Consejo de Transparencia, entre otras iniciativas.

Podemos mantiene su propuesta de impulsar referendums revocatorios por incumplimiento del programa electoral, de forma que a los dos años de mandato se pondrá en marcha una comisión que durante un máximo de seis meses evaluará la actuación del Gobierno. De producirse un incumplimiento programático, se llevará a cabo una consulta ciudadana sobre la convocatoria de nuevas elecciones, siempre y cuando exista el respaldo de 158 diputados y las firmas del 15% del censo electoral.

Además, incorporarán otros instrumentos participativos como el impulso de una iniciativa legislativa popular que elimine las trabas actuales. Podemos propone también la puesta en marcha de otras figuras como una iniciativa de procesos deliberativos populares, una iniciativa de veto popular para manifestar la oposición ciudadana a determinadas normas, una iniciativa de consulta popular y un revocatorio popular.

Por otro lado, plantea crear espacios mixtos de deliberación durante la tramitación legislativa, donde participen representantes políticos, personal técnico y ciudadanía, incluir un escaño ciudadano e implantar un Observatorio Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas. 

La formación de Iglesias quiere derogar también el voto rogado y crear una ley electoral que facilite el ejercicio del derecho al sufragio de los españoles en el extranjero.

CIUDADANOS: obligación de transparencia

Ciudadanos promete consagrar el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental y regular este derecho de forma similar para todas las instituciones.

C's promoverá la obligación de transparencia respecto a la utilización del dinero de los contribuyentes por el Congreso y el Senado en cualquiera de sus actuaciones, eliminando las actuales limitaciones recogidas en la Ley de Transparencia, y establecerán un régimen efectivo de sanciones para casos de incumplimiento.

También planea dotar de "verdadera independencia" al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, incorporando miembros de la sociedad civil en paridad con los actuales componentes. Y desea eliminar, igual que Podemos, la necesidad de firma electrónica para acceder al portal de transparencia.

El partido de Albert Rivera aboga por "una verdadera iniciativa legislativa popular", que fije en 250.000 el número de firmas acreditadas para la presentación de proposiciones de ley, que el Congreso deberá tomar en consideración en un plazo máximo de tres meses.

IU-UP: DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, DIRECTA Y COMUNITARIA

La candidatura de Alberto Garzón propone descentralizar la gestión política, garantizando información y transparencia en las decisiones y acciones de los órganos de gobierno. De forma similar a Podemos, Unidad Popular sostiene que "el mandato electoral debe ser imperativo para todos los cargos públicos", de modo que proponen reformar el artículo 67.2 de la Constitución para establecer la obligación de convocar un referéndum revocatorio que permita suspender del cargo a un representante público en caso de grave incumplimiento o mala gestión. 

Entre las propuesta incluidas en su programa, destaca la posibilidad de un referéndum vinculante "cada vez que se pretendan modificar las condiciones de las leyes y decretos de trascendencia estatal, autonómica o municipal". El ejercicio de este derecho se realizaría a través de distintos mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria, como las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales o los observatorios populares. 

Con esta finalidad, IU plantea impulsar una Ley de derechos participativos de la ciudadanía y crear una Oficina de participación ciudadana que garantizará la aplicación de estos derechos.

También plantea fomentar un espacio estatal online abierto y transparente, que permita a la ciudadanía intervenir y participar directamente en los debates importantes del Parlamento, con preguntas, sugerencias, peticiones y reclamaciones, así como en las decisiones proporcionalmente al nivel de participación.

Unidad Popular prevé además instaurar órganos de transparencia y participación ciudadana en áreas como sanidad o cultura, mediante la implantación de toda una serie de mecanismos, como la participación en la toma de decisiones en las instituciones culturales públicas (centros culturales de distrito, museos, teatros), o la disponibilidad de datos actualizados referentes a la situación de su salud y al funcionamiento de los servicios sanitarios.

UPYD: INCLUIR A LA CASA REAL EN LA LEY DE TRANSPARENCIA

El partido de Andrés Herzog reformará la Ley de Transparencia por ser "claramente insuficiente", y garantiza la accesibilidad de los presupuestos, los expedientes de contratación administrativa, los salarios de los funcionarios y de los gestores públicos y las cuentas de los partidos políticos, sindicatos y patronales. Además, propone incluir a la Casa Real en dicha norma.

Crearán una plataforma de datos abiertos (open data), y rendirán cuentas de forma anual ante el Parlamento de todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas.

En cuanto a participación, UPyD propone ampliar la iniciativa legislativa popular para que pueda ejercerse en materias propias de Ley Orgánica y de modificación constitucional. Además, plantea reducir el número de firmas necesarias a 100.000 y permitir al portavoz defender la iniciativa en su tramitación parlamentaria. También implantará una Plataforma Digital de Participación Ciudadana, y creará una ventanilla única, desde la que los ciudadanos podrán dirigir sus peticiones al Parlamento, emitir consultas sobre determinados proyectos relevantes o participar en los referéndums consultivos.

En cuanto al voto, la formación magenta promete facilitarlo mediante la eliminación de los obstáculos para votar en el extranjero, simplificando el voto por correo y mejorando la accesibilidad de los colegios electorales.