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Goirigolzarri obtiene resultados con su presión

Mario Martín Lucas
Publicada el 19/02/2015 a las 13:13 Actualizada el 19/02/2015 a las 13:57
A finales de enero, se anunció la posposición del acto de presentación de resultados de Bankia, respecto del año 2014, prevista en principio para el pasado lunes 2 de febrero. El equipo encabezado por José Ignacio Goirigolzarri exigió al Gobierno de España aclaraciones respecto a la forma en que se haría frente a las indemnizaciones de las posibles demandas de afectados por la salida a Bolsa de la entidad nacionalizada, hace tres años y medio, bajo la sutil “amenaza” de descontar de los presuntos beneficios generados en 2014, la necesaria provisión para ello, lo que habría llevado, de nuevo, a Bankia, a protagonizar una reformulación de cuentas, pasando de beneficios a pérdidas, en un periodo menor a tres años.

El mismo lunes 2 de febrero, la jornada bursátil penalizó los títulos de Bankia, descontando de su cotización más de 6%, hasta situarla en 1,152 euros por acción, muy por debajo del valor de la última venta de un paquete de acciones del FROB (1,50 euros por acción), lo cual complica nuevas colocaciones del banco nacionalizado en el sector privado.

Pero este 3 de febrero, de forma puntual en tiempo y en forma, se ha filtrado que el Estado español, a través del FROB, propietario al 100% de la matriz de Bankia, BFA, asumiría un importe de hasta 1.400 millones de euros en relación a las indemnizaciones de posibles reclamaciones de particulares por la salida a Bolsa de Bankia con unas cuentas presuntamente “fraudulentas” puestas en cuestión por los peritos independientes del Banco de España (ver El País del 3 de febrero de 2015). Esa cifra se incrementaría a los 24.000 millones de euros aportados por el contribuyente español para el rescate de Bankia y, como mínimo, pospondría los planes de recuperar algo de esa inversión del sector público; pero lo más llamativo es que desde Bruselas, en esta ocasión, no se pida ningún nuevo compromiso a la entidad nacionalizada, ni se condicione esa nueva ayuda a mayores exigencias. Quizás es que, ahora, el problema ya es suyo y no hay más “acreedores” sobre los que priorizar a institucionales y corporativos. Lo sorprendente es que más de 25.000 millones  euros después se siga sin tomar medidas cautelares con los responsables de este caso…¡Seguimos esperando!.


Mario Martín Lucas es socio de infoLibre

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