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Medias verdades

Mario Martín Lucas
Publicada el 24/02/2015 a las 06:00
Hace algunos meses, porque meses es lo que llevan en sus actuales responsabilidades, tanto Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucia por sustitución, tras dimisión de su antecesor, José Antonio Griñán, dijeron que en la nueva del etapa del socialismo español, forzarían la renuncia a los escaños de cualquier aforado de su partido que fuese imputado, ahora cuando se ha sustanciado la comparecencia de Manuel Chavés y José Antonio Griñán, ambos expresidentes andaluces, junto con Gaspar Zarrías, María del Mar Moreno y José Antonio Viera, ante el Tribunal Supremo, con asistencia jurídica de letrados, aparecen como “esclavos de sus palabras” e intentan argumentar el no cumplimiento de su compromiso diciendo que aún no se les acusa de nada en concreto, pero lo cierto es que las comparecencias ante el Tribunal Supremo, debido a su aforamiento, se sustancian porque la instructora, la jueza Alaya, sí les acusa de algún delito en relación a la causa de los ERE's en Andalucia, cuyo mecanismo se desarrolló bajo la presidencia de Chavés y Griñán, habiendo sido puesta en marcha en la época del primero, de quien el segundo fue consejero de economía.

Desde el entorno del PSOE, se dice que las comparecencias de Chavés y Griñán son voluntarias, pero esa afirmación tiene cierta “trampa” para presentar su imputación como colaboración con la Justicia, “colaboracianismo” al margen, hubieran sido citados igual y el hecho que tengan que declarar en presencia de sus abogados es porque hay indicios de la comisión de delitos.

El momento en el cual un político debe asumir responsabilidades ante una investigación judicial es un tema de debate interesante, una posibilidad es hacerlo en la apertura del juicio oral, o en el momento de la imputación o cuando se le acuse de delitos concretos, pero lo que no es de recibo es d­ecir una cosa un día y otra al siguiente, como una veleta, en función de cómo sople el viento. Dicho lo anterior es cierto que ser imputado, no supone ser culpable de nada, la presunción de inocencia existe hasta que llega la sentencia, pero ¿la responsabilidad política no se debe sustanciar hasta que haya una sentencia firme?, es decir un imputado, con indicios de comisión de delitos, ¿debe permanecer en el parlamento? o ¿podría ser incluido en listas electorales?.

Los ciudadanos necesitan conocer las “líneas rojas” de los partidos políticos, lo que no puede ser es asumir un compromiso hace unos meses y no cumplirlo llegado el momento. Pedro Sánchez y Susana Díaz dijeron que obligarían a dimitir a los aforados si el Tribunal Supremo les imputaba, ello ha ocurrido y sus palabras han caído en saco roto.

La responsabilidad penal de este caso de los ERE se depurará en los tribunales, pero la responsabilidad política, especialmente de Chavés y Griñán, bajo cuyas presidencias se dilapidaron cientos de millones de euros es evidente y parece lo suficientemente grave como abandonar la vida política, igual que tendría que haber sucedido con los responsables políticos del PP, con las tramas de la red Gürtel, especialmente extensas en la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Valencia, o su financiación, con su extesorero procesado y con más de 40 millones de euros en paraísos fiscales.

La ciudadanía española se ha cansado ya de “medias verdades”.


Mario Martín Lucas es socio de infoLibre
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