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Mario Martín Lucas Publicada 11/04/2015 a las 06:00 Actualizada 10/04/2015 a las 19:21    
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En las tramas de las películas del cine negro americano de los años 40 y 50 se repetía mucho la expresión de “siga la pista del dinero” como estrategia para descubrir a los delincuentes que ponían en peligro la vida de los protagonistas de la historia.

En nuestras sociedades actuales la “realidad supera a la ficción” y resulta que después de cuarenta años de democracia en la que fue décima potencia económica del mundo –sí, España, créanselo, aunque hoy, tras la crisis, es la 14ª- hay donaciones económicas a partidos políticos en el ejercicio del poder en las que, por no haber, no hay ni delito fiscal, porque nuestra administración tributaria, asemeja el tratamiento impositivo de las mismas a lo aplicado en los casos de donativos a ONG, como Cruz Roja, Cáritas, Médicos del Mundo, etc…

Hace casi 25 años que retumbaron en nuestros oídos los casos Filesa, Malesa y Time Sport, que supusieron en escándalo de enormes proporciones sobre el partido político entonces en el poder, PSOE, y sus vías de financiación; cuarto de siglo más tarde sigue sin ser delito en España la financiación ilegal de partidos políticos, habiéndose demostrado el ingreso de donaciones irregulares al partido político que gobierna hoy, con mayoría absoluta, Partido Popular, en un ejercicio fiscal concreto, 2008, no prescrito, que hubiera dado lugar al ingreso de una cuota tributaria de 220.000 euros, que supera en más de 100.000 euros el límite del delito fiscal en nuestra legislación, y resulta que la AEAT considera que cualquier donación a partidos políticos no genera obligación tributaria, con el agravante, ítem más, de que ese mismo dinero acabara aplicado al pago, en “b”, de obras de reforma de la sede popular en c/ Génova, de Madrid, o en sufragar gastos de campañas electorales.

En este año 2015, lleno de citas electorales, una de las promesas que los españoles querríamos oír –y llegar a ver plasmada-, sería la de una legislación suficientemente estricta, y transparente, en materia de financiación de los partidos políticos, mientras ello no suceda no viviremos en una democracia real. Los españoles entienden bien que ese flujo de dinero entre las empresas beneficiadas con contratos públicos, y otros donantes, a favor de quienes ejercen el poder están muy alejadas del concepto de “donación” y se aproxima mucho más al concepto “pagos y devoluciones de favores”, o rememorando a nuestras abuelas, “panes prestados” en direcciones de ida y vuelta.

Si tras lo sucedido en 1989 con Filesa, Malesa y Time Sport, en las orillas del poder PSOE, se hubiera legislado de forma adecuada, hoy no estaríamos en los lodos de la redes Gürtel o Púnica, en las orillas del PP, sin olvidarnos de todo lo ocurrido en las cercanías de CiU en la Cataluña de Pujol, Pallerols, Millet, etc.



Mario Martín Lucas es socio de infoLibre




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