La justicia

Es increíble que la situación de la justicia en España no se encuentre entre las grandes preocupaciones de la sociedad española. En el barómetro de enero publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, solamente el 2,2% de los encuestados señalaban el funcionamiento de la administración de justicia como un problema en este país. Mientras tanto y paradójicamente para el 55% de los preguntados el problema era la corrupción y el fraude y, para el 21,8% lo eran los políticos en general. Si sumamos estas dos preocupaciones, pues ambas beben de la misma fuente, la corrupción y los políticos representan una preocupación para el 76,8% de los españoles.

Y yo me pregunto, ¿es que la administración de justicia no tiene nada que ver en este asunto?

Las Constituciones europeas parten de la caída del fascismo y del nazismo y tienen por lo tanto una base antifascista. En España, por el contrario, los simpatizantes del Eje ostentaron el poder hasta, por lo menos, la aprobación de la Constitución del 78, en cuya redacción tuvieron evidentemente mucho que decir.

Aun habiendo sido la Transición de aquella forma, nada como para sentirse orgullosos. Hubo elementos en ella que realmente experimentaron importantes cambios, como los habidos en las fuerzas del orden público o en el ejército, en el que, en poco tiempo, sustituyeron sus mandos militares y adaptaron, admitiendo que aún queda mucho por hacer, sus objetivos y funcionamiento. Sin embargo, en lo tocante a la administración de justicia, los mismos jueces que en el Tribunal de Orden Público encarcelaban a demócratas siguieron con sus carreras, sin ni siquiera abjurar del juramento que todos ellos habían hecho a La Ley de Principios Fundamentales del Movimiento.

Viniendo de dónde venimos, y teniendo en cuenta las nulas posibilidades que las clases trabajadoras tenían de dar una formación universitaria a sus hijos, se daba por hecho, entonces, que el hijo de un marinero sería marinero y que el hijo de un juez sería juez. El primero, mamando de los principios e ideas de sus progenitores, se convirtió con el tiempo en un progresista socialdemócrata; y el segundo, imbuido de las doctrinas y símbolos de su padre magistrado, pasó a defender parecidos postulados y se convirtió en un liberal conservador; el primero con su hipoteca en la caja de ahorros y el segundo con sus depósitos en bancos suizos; y así llegamos a la actual situación judicial donde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura controla todos los órganos de decisión, tanto en la promoción interna de los jueces como en los fallos de los grandes asuntos judiciales.

Los jueces y magistrados no hacen las leyes, pero las administran. El sentido común, tan cacareado por el actual presidente del Gobierno, parecería indicar que, con otra interpretación de la ley, se podría hilar un poco más fino, y que además de imponer penas ejemplarizantes para los manifestantes o a los miembros de piquetes informativos, se podrían también aplicar a los políticos corruptos y a los empresarios corruptores, en lugar de quedar todo en una milonga como en el caso Gürtel, Pujol, ERES, Bárcenas y tantos y tantos otros, pues no parece descabellado pensar que, si en su día se hubiera aplicado justicia en el caso Naseiro, no hubiéramos llegado al caso Bárcenas.

¿Estamos de acuerdo en que si la administración de justicia funcionara se reducirían drásticamente los casos de corrupción política? Parece evidente que a esta pregunta responderíamos mayoritariamente que sí. Pues si es así, ¿qué pasa con la justicia? ¿Por qué no funciona? O mejor dicho, ¿por qué no castiga con la dureza debida los casos de corrupción política? Es que es muy lenta y prescriben los delitos, dicen unos; es que hay infracciones que no están tipificadas como delitos, dicen otros; es que son macrocausas muy difíciles de investigar, dicen algunos, es que, es que, es que. El tercer poder, el Judicial, el que tiene que servir de contrapeso a los otros dos, Legislativo y Ejecutivo, no puede estar sometido y dominado por estos. Los 21 magistrados que conforman el Consejo General del Poder Judicial –organismo que manda sobre todos los jueces– son nombrados íntegramente por el Congreso y el Senado, ni uno solo de ellos es elegido por sus compañeros. Para su elección se precisan las 3/5 partes de la Cámara, porcentaje que solo se consigue con la anuencia de los dos grandes partidos; y ahí está el meollo de la cuestión: controlar el Consejo, significa controlar los nombramientos del Tribunal Supremo o los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia ¿Quién puede creer en la imparcialidad de un juzgador que decide sobre alguien que lo situó en ese puesto? Continuamente vemos en las decisiones del Tribunal Supremo importantes reducciones de penas solicitadas por los tribunales ordinarios, como en el caso Matas, o en la decisión que conocimos hace unos días en relación al señor Blasco (ese franquista que lleva 30 años en los gobiernos valencianos y que se quedó con cerca de dos millones de euros a través de una ONG que tendría que haberlos empleado en mejorar la vida de unos pobres indígenas nicaragüenses). Y qué decir del Tribunal Constitucional, con forma de bunker, pero gobernado a navajazos. Cualquier ciudadano sabe de antemano como va a fallar el Constitucional mirando primero quién interpone el recurso y observando después como está conformada la mayoría.

Hoy conocimos la composición del tribunal que juzgará el mayor caso de corrupción en que se ha visto inmerso el partido en el gobierno, (que ya es decir), el conocido como caso Gürtel, y “casualmente” ha recaído en tres jueces marcadamente conservadores. La presidenta, Concepción Espejel, (Concha como la llama Mª Dolores de Cospedal), fue elegida miembro del CGPJ. a propuesta del PP y condecorada por Lola de Cospedal, (nombre por el que la conoce Concha), con la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Y, por si faltara algo, la “traca” es el que actuará de ponente, Enrique López, (exvocal del Consejo General, a propuesta del PP y exmiembro del Constitucional a propuesta del Gobierno, que tuvo que dimitir por haber sido sorprendido conduciendo borracho una motocicleta); este individuo, que ya ha manifestado sotto voce que no hay caso, anuló en marzo del 2013, junto con el tercero de los componentes del nuevo tribunal Julio de Diego, el interrogatorio que el juez Javier Gómez Bermúdez tenía previsto llevar a cabo al tesorero del PP, Luis Bárcenas, por la supuesta caja B del partido. Con estos antecedentes a la vista, que Dios nos coja confesados.

La única forma en que podríamos salir de esta degradante situación de injusticia que nos desborda es consiguiendo una independencia real del Poder Judicial. Un país que no cree en su administración de justicia está perdido.

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Jorge Sampedro Reimúndez es socio de infoLibre