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El voto criminal

Fernando Pérez Martínez
Publicada el 14/06/2016 a las 06:00
Se practicó en Valencia durante varias legislaturas. El partido receptor de esos votos ya no podía ocultar la evidencia de los delitos “presuntos” que cometieron sus candidatos a la Generalidad Valenciana. El partido enfangado, acusado, imputado, investigado, sospechoso, sostenía a sus cochambrosos candidatos bajo el lema las urnas nos absolverán. Falso, las urnas no sirven para eso.

Los delitos que presumiblemente han cometido los políticos de un partido que se presenta a las elecciones no se perdonan mediante el voto. De ese modo lo que se consigue es crear una red de cómplices irresponsables que votan a presuntos criminales a sabiendas o no de que lo son. La fiscalía y los jueces debieran considerar este nuevo presunto delito que se está cometiendo con luz y taquígrafos. La llamada a la complicidad masiva para continuar atropellando las leyes.

La exaltación de un ilícito penal, como el apoyo explícito a los terroristas tiene una retribución disciplinaria. El soporte, el ánimo que se suministra a quien comete delitos, la ayuda al delincuente para la comisión de sus crímenes, está contemplada en el código bajo la figura del cómplice y acarrea consecuencias penales.

El sistema judicial español permite que particulares imputados por delitos graves puedan presentarse, si así lo desea el partido, e integrar las listas que nutrirán, los puestos, los cargos desde los que continuar delinquiendo.

A las autoridades judiciales no parece preocuparlas que un partido acusado de delitos contra la Hacienda española, procesado por esta clase de crímenes, se siga presentando, como si tal cosa, a ocupar responsabilidades desde las que poder seguir violando la ley.

Con publicidad, los ciudadanos son llamados a hacer de soporte con sus votos a un partido cuasi convicto de lavar dinero negro, pagando el proyecto de reforma de su sede central con dinero de procedencia sospechosa, oscura, delictiva.

Si determinados delitos llevan aparejada, para el convicto, la pena de no poder concurrir como candidato a unas elecciones, por idéntico motivo un partido en las mismas circunstancias debiera estar inhabilitado para presentarse a ocupar determinadas magistraturas del estado.

Un partido que se comporta como una asociación de malhechores, recibe subvenciones del Estado al que victimiza, para que pueda continuar cometiendo los mismos crímenes por los que se le persigue en los tribunales. Estos hechos están sucediendo desde hace demasiado tiempo sin que a los responsables de aplicar la ley, de que se cumpla la ley, se les haya movido un pelo.

No hace falta ser chef de cocina para saber si un huevo está bien frito, del mismo modo que no es necesario ser jurista para saber si la ley se cumple por igual en lo tocante a este escandaloso caso.

Qué decir del votante consciente de ese partido, no del votante desavisado o senil incapaz de discernir libremente, si no de quien apoya con fruición el desvalijamiento de lo público en beneficio de la financiación de “su” partido. De quien conscientemente contempla encandilado la precarización de las masas populares. De quien se irrita cuando el hijo de la portera le contesta educadamente o le rebate sus ideas con argumentos razonados. De quien odia la enseñanza pública porque es un arma al servicio de la emancipación de las antaño clases ignorantes fácilmente manipulables, fácilmente sometidas. De quien piensa que la emigración de los titulados universitarios españoles es un éxito táctico de “su” partido de clase, que íntimamente piensa, desde su cuenta corriente heredada y sus estudios desaprovechados: “comeros el título, universitarios”. Quien añora los tiempos en que por poco dinero se podía pasar por la choza de sus sirvientes y rumbosamente ofrecer un billete de cincuenta euros para la comunión de la niña, y recibir las expresiones serviles de agradecimiento que la extrema necesidad aconseja, y que tantas satisfacciones proporcionaban.

Ese voto es culpable, a mi juicio. Ese votante es cómplice y reo de la misma pena que ensucia las siglas del partido nefando. No puede acogerse al estatuto de ignorante, como pretende a la salida del juzgado un miembro destacado de una de las tramas criminales que todo parece indicar robó dinero público por valor de decenas o cientos de millones de euros. Que protestaba por la pena que pide el fiscal, acorde al daño hecho al patrimonio público. Prepotente y engallado, decía a los periodistas el fulano que él no se había cepillado “las torres gemelas” y que le pedían treinta y cinco años de cárcel y que a media docena de tíos que habían matado a palos a uno, les pedían un año y medio y les guardaban el puesto de trabajo.

Este tipo y su banda han robado presumiblemente cientos si no miles de millones de euros. Pongamos, para que le quede claro el daño criminal a este descarado presunto y a los que votan a sus cómplices, que fuesen sólo diez millones de euros. Si estimamos que la vida de un enfermo de hepatitis se salva con un tratamiento farmacológico valorado en cuarenta mil euros, esos diez millones representarían doscientos cincuenta enfermos sin tratar y por tanto doscientas cincuenta muertes.

Desgraciadamente no han sido diez millones de euros el daño patrimonial causado a los dineros públicos. El fulano que tan enfadado se mostraba porque en sus cálculos jamás entró la posibilidad de tener que responder del latrocinio criminal y de sus consecuencias dramáticas sobre la vida de cientos y miles de familias que han perdido algún miembro para que este espécimen y sus consortes se pavoneen a la sombra de los cuernos de miuras, o cabras hispánicas, o navegando, o derrochando suntuariamente lo que ha costado mares de lágrimas, privaciones sin cuento ni reparación posible, a los huérfanos, a las viudas, a quienes quedaron sin amparo…, para que bichos de esta calaña epatasen a “putitas de confianza” con el dinero público. Este menda se cree que como no ve la cara de los muertos que hace no es responsable de ellos. Él no es más que el producto criminal del naufragio moral de la sociedad que sigue aportando su voto delictivo a favor del partido gánster, como una daga en la espalda de los españoles.

Como decía antes. Los que votan a partidos responsables de crímenes como los cometidos por estas sabandijas, son responsables de los mismos. No son votos, son ejecuciones en diferido. Aunque jueces y fiscales no se hayan enterado todavía. Y más pronto que tarde deben empezar a pagar por el voto cómplice. Pongamos coto a la impunidad. Votar es un acto de responsabilidad.


Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre


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1 Comentarios
  • Soy yo Soy yo 15/06/16 12:27

    Me parece una estupenda reflexión. También está penada la apología del terrorismo. ¿estó no es terrorismo? está dirigido a una multitud de personas, a la que causa infinidad de sufrimientos y en muchos casos la muerte. Es un tema que se tendría que tratar judicialmente.

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