Ciudadano Felipe, no

Vaya de antemano mi poco entusiasmo por el hecho de que la forma política del Estado español sea la Monarquía parlamentaria. Aunque tengo la certeza de que tampoco el entusiasmo subiría mucho si mañana optáramos por la forma republicana. Basta mirar a nuestro alrededor para ver que no es, precisamente, la forma política de un Estado la que determina la felicidad de sus ciudadanos. Los bienes y los males que nos acaecen tienen que ver más con otras cuestiones.

Tampoco me cuestiono mucho qué porcentaje de españoles somos monárquicos y cuantos republicanos. Muchos, en ambos casos, supongo. Suficientes para ser tenida en cuenta su opinión. Quizás algún día deberíamos plantearnos llevar a cabo la consulta y obrar en consecuencia. Mientras tanto…

No creo que haya que explicarles a los señores diputados que es nuestra Constitución la que establece en su artículo 3 que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Una Constitución —no lo olvidemos—aprobada mayoritariamente por el pueblo español. O lo que reza el artículo 9: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Y, por supuesto, tampoco creo que haya que recordarles a sus señorías el artículo 6, cuando, refiriéndose a los partidos políticos, dice que “su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.”

Durante los casi 40 años en los que he ejercido la docencia (siempre con chicos de 11 a 14 o 15 años) cuando nos hemos referido a las normas que, entre todos, establecíamos para el funcionamiento normal y diario del grupo, he intentado que entendieran que esas normas, por todos acordadas, eran de obligado cumplimiento por parte de todos y cada uno de los que conformábamos el grupo. ¿Era cuestionable la validez u oportunidad de esas normas y por tanto discutibles y revisables? Por supuesto que sí. Pero mientras tanto… había que cumplirlas.

Hago esta reflexión al hilo de las formas y actitudes que se gastan algunos de nuestros representantes políticos, en especial desde Unidos Podemos. El diputado don Alberto Garzón se empeña una y otra vez en referirse a nuestro Jefe de Estado como “ciudadano Felipe de Borbón”. Mire —señoría— esa gracieta suya no deja de ser una grosería impropia de un miembro del poder legislativo, que por su condición de legislador debe saber y dar ejemplo de que las leyes hay que cumplirlas mientras estén vigentes con independencia de que a uno les gusten más o menos. Proponga —usted que puede— las modificaciones legales que considere oportunas pero hasta entonces respete las que están en vigor.

Según el Real Decreto 1368/1987, donde se establece el Régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y la Regencia, “el titular de la Corona se denominará Rey o Reina de España y recibirá el tratamiento de Majestad”.

Si su señoría, don Alberto, no es partidario de que la Jefatura del Estado esté en poder de un rey (vamos, que prefiere la fórmula de república) tiene todo el derecho a proclamarlo y hasta la posibilidad de proponer una modificación de nuestra Constitución. Pero mientras tanto, está obligado a respetar las normas legales y guardar las formas. Sobre todo cuando habla para miles de respetables ciudadanos. Lo otro, lo de “ciudadano Felipe de Borbón”, debería guardárselo para la barra del bar y los amigotes.

Otro tanto cabría decirle a su señoría don Diego Cañamero, quien ha decidido acudir al acto de la Apertura Solemne de la presente legislatura, presidida por el Jefe del Estado, con una camiseta con el lema Yo no voté a ningún Rey, demostrando su falta de respeto y su cortedad. No sé si usted votó ni que votó cuando hubo que refrendar nuestra Constitución. Ni me importa. Pero haga el favorcico de respetar a los millones de ciudadanos que sí la aprobaronfavorcico. Otro tanto podríamos decir al senador Bernal, que ha desplegado una bandera republicana entre el regocijo de sus compañeros de partido y del resto de diputados de Unidos Podemos que han negado el saludo al Jefe del Estado, y —vuelvo a insistir— han demostrado una falta de educación y de respeto impropios de quienes por su condición deberían ser ejemplo del cumplimiento de la ley.

Joaquín Cos Delgado es socio de infoLibre