Librepensadores

Fin de curso

Joan Daniel Oliver

Acaba el curso y la única certeza que tenemos es que el próximo será peor. Leo, en plena ola de calor, que la Comunidad de Madrid ha aprobado el calendario escolar para el próximo curso y en el que se contempla el fin de los exámenes de septiembre. Aunque, en honor a la verdad, no es estrictamente una eliminación sino un traslado de fecha, de septiembre a junio. Ni tampoco es nuevo ya que se hizo hace años en los primeros cursos de implantación de la ESO.

Con ello se pretende reforzar teóricamente la evaluación continua y planificar con antelación el inicio del curso siguiente.

Hay que reconocer que son hábiles nuestras autoridades educativas. No en vano, llevan años en la Administración a la que llegaron muchos de ellos huyendo de la docencia, ya que no les gustaba la pelea diaria cuerpo a cuerpo con los alumnos. Saben que en estas fechas el profesorado está pendiente del final de curso, poniendo y corrigiendo exámenes, acelerando las clases para impartir todo lo que se pueda de un temario inabordable, apaciguando las clases alteradas por el calor y los niveles hormonales y no está para perder el tiempo leyendo la nueva normativa. Es, desde el punto de vista de la Administración, el momento de hacer cambios ya que el profesorado no tiene ni tiempo ni ganas de cuestionarlos.

Los medios de comunicación, por lo general, han presentado estos cambios como algo bueno ya que ha sido aprobado por el Consejo Escolar de Madrid. Pero no se han cuestionado quiénes son el Consejo Escolar de Madrid. Incluso yo mismo no lo sabía por lo que he tenido que buscarlo en Internet. Busco y ahí está: “El Consejo Escolar de Madrid está formado por diez profesores, ocho padres, cuatro alumnos, tres representantes del personal de administración, cuatro representantes de los titulares de centros privados concertados, un representante de los titulares de centros docentes privados, cuatro representantes de las centrales sindicales, cuatro representantes de las organizaciones empresariales, un representante del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, cinco representantes de la Administración Educativa, cinco representantes de la Administración Local, tres representantes de las Universidades Madrileñas [sic] y seis representantes, designados por el Consejero de Educación”. Es decir, 50 miembros de los que solamente diez son profesores.

Y yo que soy profesor me pregunto: “¿Cómo es que no he tenido nunca noticia de la elección de esos diez profesores que nos representan? ¿Cómo podría yo ser miembro de ese Consejo?”. Sigo leyendo y, ¡oh sorpresa!, no puedo ser miembro ya que son propuestos por los sindicatos en función de su representatividad. No es momento de incidir aquí en las causas de las mejorables relaciones entre el profesorado y los sindicatos, que se manifiesta en una baja afiliación, en una escasa participación en las elecciones sindicales y en un general desapego, no obstante, lo que queda clarísimo es que el Consejo Escolar de Madrid está muy lejos de los centros educativos y muy cerca de Consejería. Y esto conduce a que las soluciones aportadas por Consejería no tengan nada que ver con los problemas que tienen los centros educativos. Más aun en muchos casos suelen ser ocurrencias que tienden empeorar las cosas.

Algo así es lo que sucede con esta propuesta y con sus pretensiones.

Uno de los objetivos es planificar mejor el inicio de curso. Nada que objetar, siempre que no confundamos empezar pronto con empezar de forma eficiente. Efectivamente, la supresión de exámenes en septiembre dará unos días más de margen para la organización del inicio de curso, pero de poco servirá si la Administración no hace sus deberes. Iniciar las clases en buenas condiciones significa entre otras cosas tener horarios, grupos de alumnos y plantilla de profesorado prácticamente definidos para que se pueda iniciar el curso de forma rigurosa y ordenada (algo fundamental sobre todo en los cursos más bajos). La confección de los grupos de alumnos y de los horarios depende sobre todo del centro y ahí (aunque pueda haber excepciones) no debería haber problemas. Pero la plantilla de profesorado depende de la Administración y en septiembre se suele dar un tira y afloja entre las direcciones de los centros que piden más plantilla y la Administración que se niega a darla. Y en esto nos pasa el mes de septiembre y la Administración se ahorra el sueldo mensual de algunos profesores. Son los profesores en plantilla quienes durante ese primer mes tienen que afrontar las dificultades del caótico inicio del curso: no solo imparten sus clases, sino que además tienen que lidiar con los grupos en los que faltan profesores.

Los profesores que tenemos cierta edad recordamos que cuando éramos alumnos empezábamos el curso en octubre y se suele admitir que no salíamos peor preparados que los alumnos de ahora, que empiezan su curso en septiembre. Queda claro que no hay una relación directa entre duración del curso escolar y calidad educativa.

Seamos sinceros, en el fondo, de lo que se trata es de seguir convirtiendo los centros educativos en guarderías ya que parece ser más importante empezar pronto, aunque sea en precario, para tener contentos a los padres, que comenzar el curso de forma adecuada.

El segundo objetivo que dice perseguir el cambio es el de reforzar la evaluación continua. En este punto me paro, lo leo, lo releo varias veces porque no doy crédito. O yo trabajo de otra cosa y no me he enterado o el Consejo Escolar (y la Administración) no tiene ni idea de en qué consiste nuestro trabajo. Los profesores somos también personas, convivimos con nuestro alumnado, a veces varios cursos, y los vemos crecer y formarse, tenemos empatía y sabemos de sus problemas. ¿Alguien de la Administración (o del Consejo Escolar) en su sano juicio puede pensar que a un alumno al que se suspende en junio es porque le faltan seis o siete clases más de apoyo? Es insultante. ¿Tan poco profesionales nos consideran? Por lo general, un alumno que suspende en junio no suspende únicamente por razones académicas, sino porque no ha hecho prácticamente nada a lo largo del curso y no ha aprovechado las múltiples oportunidades que se le han ofrecido para reconducirlo. Pensar que en dos semanas va a recuperar es no tener ni idea de nada de lo que sucede en el aula. Es más, en caso de que haya alguien con dificultades que suspendiera en junio, con unas pocas clases más (en un caluroso junio) difícilmente podría alcanzar lo que no ha logrado en todo un curso. Pero además hay alumnos que, por diversos motivos, dejan alguna asignatura para poder preparársela mejor en verano y, en este caso, examinarse en septiembre les resulta más conveniente. ¿Por qué negarles esa oportunidad?

Tampoco quiero extenderme en la ridiculez de pensar que un alumno aprobado seguirá yendo a clase dos semanas más a dar “ampliación” de la materia junto con los suspendidos, a los que se apoyará individualmente. ¿En clases de 30 alumnos y con el calor que hace? ¿Y el profesor dando a la vez ampliaciones y enseñanza personalizada? ¿Desde cuándo no pisan un aula? Es tan bonito e ideal como estúpido e irrealizable.

Salvo que, siendo cínicos, utilicemos la filosofía marianistamarianista y finjamos que la cosa funciona.

Mientras tanto, problemas reales, que en principio podrían solucionarse ya que no tienen por qué ser motivo de disputa política, siguen sin abordarse. Por ejemplo, es urgente modificar los diseños curriculares. Los contenidos son inabarcables, repetitivos y mal distribuidos. Además muchos de ellos están anticuados, no por ser antiguos, sino por no conectar con el alumnado actual. Tampoco están prestando atención a lo que ha supuesto la aparición de los móviles de última generación (todos los alumnos los tienen) y su impacto en su formación. Este es un fenómeno nuevo ya que les permite en cualquier momento y lugar estar conectado con todo y con todos. ¿Cómo repercute en la capacidad de concentración que todo alumno ha de tener a la hora de estudiar? ¿Cómo se tiene que afrontar esa nueva situación? Urge tomar medidas y resulta imprescindible, entre otras actuaciones, que en las clases se puedan dar las herramientas necesarias para que un alumno pueda distinguir las páginas que le aportan un conocimiento fiable de las que son una pura basura.

¿Y por qué no se hace? En el fondo (aunque me gustaría estar equivocado) creo que es por vagancia e incompetencia de los responsables de gestionar la Educación. Son ya muchos años de recortes y de primar las apariencias sobre las realidades. De vez en cuando llegan a los centros propuestas peregrinas de mejoras que en el fondo solo son puros formalismos burocráticos, con estadillos que los profesores tienen que rellenar con datos que una vez computerizados y cocinados convenientemente sirven para presentarlos con gran parafernalia a los medios de comunicación para que sean divulgados como logros educativos, dando la apariencia de que la Administración está haciendo algo.

Esta nueva normativa tan solo es otro fuego de artificio más.

Joan Daniel Oliver es socio de infoLibre

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