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Librepensadores

El independentismo catalán en una España democrática

Juan José Torres Núñez Publicada 17/10/2017 a las 06:00 Actualizada 16/10/2017 a las 21:33    
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El Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido a la legalidad constitucional llamando al orden con la amenaza, el miedo y las cargas policiales, es decir, con la ley de la porra. Y cuando los policías bien armados se lanzan a la calle, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Sabemos que el procés iniciado por los independentistas catalanes no se ha realizado con la garantía que establece la Constitución española de 1978, por tanto, se ha creado un conflicto institucional que no se puede solucionar con la ley del señor Rajoy.

A lo largo de la historia, España ha establecido puentes para promover la integración, como es el caso de la escuela de traductores de Toledo. A esta ciudad acudieron los sabios de toda Europa que deseaban conocer las versiones árabes de las obras griegas, con una tolerancia intelectual que chocaba a los caballeros extranjeros. En los equipos de traductores colaboraban musulmanes, judíos y cristianos para verter al latín los textos árabes. Según el profesor Diego Marín, además de dar a conocer la ciencia y la cultura, lo importante de este acontecimiento fue que “se estimuló el uso de la razón frente al dogmatismo tradicional como medio de conocer la realidad”. Este puente de tolerancia intelectual significa en nuestro relato histórico, lo opuesto a la amenaza, el miedo y la porra, que el Gobierno de Rajoy ofrece a los independentistas catalanes. Rajoy ha repetido que ha hecho “lo que tenía que hacer” para mantener el orden. Según él, “la actuación de la policía ha sido proporcional”. No sabemos cómo establece él la proporcionalidad de los golpes.

Rajoy y muchos como Aznar, Albert Rivera, Felipe González, Alfonso Guerra, entre otros, insisten en que la única salida a este conflicto se encuentra en la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución, para obligar a la Comunidad Catalana al “cumplimiento forzoso” de “las obligaciones [no se especifican] que la Constitución u otras leyes le impongan”. Es decir, se lanzarán a los policías armados con porras a la calle para ver quién puede zurrar más fuerte, proporcionalmente, claro. Rajoy y la peña del 155 no quieren ni hablar ni negociar. Los puentes de los que hemos hablado no existen en sus esquemas políticos, pues según ellos, con las porras se resuelven los problemas con más facilidad. Pero con este método nunca se sabe lo que puede ocurrir.

En la España democrática de hoy, los asuntos de Estado se resuelven con el diálogo, no con las porras. En estos días se habla mucho de los independentistas del Canadá francés para ver si podemos aprender algo de ellos. Canadá es un país formado por la convivencia pacífica de varios pueblos y de varias culturas: el pueblo autóctono (los aborígenes), el pueblo francés y el pueblo inglés. Ambas culturas han creado a lo largo de la historia lo que el novelista Hugh MacLenan llama Two Solitudes [Dos Soledades]. Hay otro cuarto pueblo formado por los inmigrantes de distintos países. Esta doble realidad cultural de Canadá ha creado la voluntad de independencia del pueblo francés: Quebec. La comprensión, el respeto mutuo y la colaboración han hecho posible la unión actual del país.

En 1960 se inició en Quebec una nueva era con la Révolution Tranquille. Un informe de 1965 subrayó que Canadá se encontraba en “una de las crisis más grandes de su historia”. René Lévesque predijo la independencia de Quebec en los próximos cinco años. El Gobierno central empezó a luchar contra la separación. Con la ascensión al poder del Partido Quebequés (PQ) en 1976, se produjo un shock inglés y la esperanza independentista de Quebec. Hubo un terremoto político cuando Quebec aceleró el proceso de separación en el espacio de un año. Los grandes bancos de Canadá, y las empresas, empezaron a reanudar su expansión en el extranjero, dirigiéndose hacia países iberoamericanos y hacia Asia. Estos movimientos se parecen mucho a lo que estamos viendo hoy en Catalunya: los bancos no tienen ni país ni conciencia. Los canadienses franceses votaron con toda libertad en dos referendos sobre su independencia y ganó el no, porque temieron que Quebec pudiera acabar como otro estado más de los Estados Unidos, negando así la tesis que los canadienses han mantenido a lo largo de su historia. Y también porque pensaron que la separación sería muy costosa. La solución a la cuestión independentista se resolvió en una mesa de negociaciones con una actitud reconciliadora, de reconocimiento y respeto mutuo.

El profesor David Milne ha estudiado en su libro The Canadian Constitution, la evolución de la Constitución canadiense de una forma equilibrada, analizando las demandas de los cambios radicales que el statu quo necesitaba en 1982. Subrayemos en esta frase “evolución” y “cambios radicales”. Cuando trata The Reconciliation with Quebec, siempre habla de reconciliación, diálogo y entendimiento, nunca de porras. Y acaba el libro con un análisis final que nos obliga a sacar conclusiones:
 
“No hay ninguna seguridad de que los habitantes de Canadá, con comportamientos más abiertos y democráticos, vayan a hablar con una sola voz; tampoco está claro hasta dónde podrán estar preparados para hacer sacrificios y preservar la unidad. Pero al menos, mayor participación en la configuración de la Constitución de Canadá asegura una evolución más de acuerdo con el deseo de la opinión pública. No existe ninguna certeza de que Canadá continúe por este camino, ni existe una garantía de seguridad. Como avisó el gran historiador griego Tucídides, ningún Estado, incluso la antigua Atenas, es eterno”.

Nuestra Constitución de 1978 sirvió para la Transición, pero no es eterna. España ha cambiado y la Constitución necesita reformas –que pueden ser radicales. Si el camino iniciado por los independentistas catalanes no ha sido el correcto, se puede volver a empezar con una Constitución reformada. Lo cierto es que con esta supuesta declaración de independencia, España ya es diferente: el procés ya ha empezado y el Gobierno tiene que empezar a dialogar, sin olvidar que en la España democrática de hoy el pueblo tiene derecho a expresar sus ideas y a votar libremente. Y también tiene derecho a decidir si quiere ser republicano. El Estado de derecho también implica respetar la voluntad de los catalanes. Todo dentro de la sensatez, el respeto, el consenso y la paz.

La decisión del Gobierno del señor Rajoy, con la ayuda de la peña del 155 (ahora el tripartito PP, Cs y PSOE), de intervenir la autonomía catalana si no se contesta antes del jueves 19 de octubre al ultimátum dado, nos recuerda tiempos trágicos de nuestra historia reciente. Esto no es una solución, más bien nos garantiza un futuro muy incierto. Esta situación nos obliga a recordar que la ley de la porra nunca triunfará. Resolvamos la cuestión de la independencia de Cataluña en una mesa de negociaciones.
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Juan José Torres Núñez es socio de infoLibre


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