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Reflexiones durante la espera

Antonio Torres

Hace años hice un análisis de la aparición televisada de Juan Carlos I sobre su intervención para desactivar el golpe de Estado del 23-F. Recientemente he comentado el discurso de Felipe VI sobre los acontecimientos del Primero de octubre. Pero nunca me imaginé realizando el trabajo contrario: analizar el discurso del principal protagonista de un movimiento secesionista como el leído por el presidente Puigdemont en la noche del pasado 10 de octubre. Texto ambiguo que ha preocupado a casi todos y disparado a los exégetas pues, según unos, ha habido declaración de independencia de Cataluña; según otros, no la ha habido; y unos terceros se muestran indecisos; incluso los constitucionalistas más expertos sostienen interpretaciones diferentes. Parece como si no hubiera una solución satisfactoria. Eso me ha hecho recordar una conocida aporía de los manuales de lógica: “Un cretense dijo: 'los cretenses mienten siempre'”. La pregunta es ¿quién o quiénes mienten: todos los cretenses, el cretense que dice que los cretenses mienten o tanto aquél como éstos? No busque el lector la salida: no la hay.

El oscuro objeto del deseo interpretativo reside en dos párrafos, que son los más relevantes del discurso, fuera ya de la mendaz descripción de sucesos y de la penosa autocomplacencia de quien los suscribe. Acotamos de ellos lo sustancial para este somero análisis:

a) “Asumo […] el mandato de que el pueblo de Cataluña se convierta en un Estado independiente […]”.

b) “El Govern y yo proponemos que el Parlamento suspenda… los efectos de la declaración de independencia […]”.

Llama la atención primeramente la redacción utilizada, que hay que suponer nada casual: el presidente de la Generalitat asume el mandato no de declarar la independencia de Cataluña, sino de que el pueblo de Cataluña se convierta (sic) en un Estado independiente. Emplea para ello la partícula “se”, que podría ser considerada como impersonal o como pasiva refleja. Si fuera impersonal estaríamos ante un mandato indefinido que habría de cumplirse no se sabe cuándo por medio de un agente no identificado, lo cual es un notable sinsentido; y como partícula pasiva arroja el resultado de que es el propio pueblo de Cataluña el sujeto y el objeto de dicha declaración convirtiéndose a sí mismo y por sí mismo en un Estado independiente, lo cual resulta delirante: que un pueblo se imponga obligaciones jurídico-constitucionales, las asuma, las cumpla, las incumpla o las aplace sin un agente que lo active es algo perteneciente al mundo onírico.

Seguidamente el presidente Puigdemont vuelve a enfatizar sus palabras para decir que su Gobierno y él, “con la misma solemnidad”, proponen al Parlamento que suspenda los efectos de la declaración de independencia. Pero, como no ha habido tal declaración, estamos ante una propuesta vacía y, consiguientemente, el Parlamento no puede aplicarla ni suspenderla. Esto vale tanto como no haber dicho nada jurídicamente relevante.

Resumiendo, según el presidente Puigdemont, el pueblo de Cataluña ha otorgado a los poderes públicos de la comunidad autónoma un mandato para que lo conviertan en un Estado independiente; él, según dice, asume dicho mandato; pero, en lugar de formalizarlo de algún modo válido en Derecho, propone al Parlamento que suspenda sus efectos. Por tanto, aquí no ha pasado nada. ¿Qué resultados tendría una respuesta al presidente del Gobierno manteniendo esta versión?

1) En cuanto a sí mismo, la elusión de posibles consecuencias penales.

2) Respecto de las fuerzas políticas catalanas, cierto respiro de un sector de la mayoría parlamentaria, la irritación de la otra mitad y la inquietud de la oposición.

3) Por lo que se refiere al poder central, el inicio de las negociaciones con un Gobierno en estado de alerta.

Cabe incluso que el presidente catalán y su Gobierno se presenten como eficaces colaboradores del Estado ya que han propuesto al Parlamento la desactivación del mandato popular de independencia. Pero, para que este ejercicio de simulación sea efectivo deberá ir acompañado de otro, ciertamente complicado, de disimulo de su verdadero propósito, consistente en que, si llega una ocasión propicia, él y su Gobierno reactivarán el supuesto mandato popular a fin de ultimar el ansiado ejercicio de prestidigitación consistente en convertir Cataluña en un Estado.

Por eso el presidente Rajoy hará bien comprobando si el señor Puigdemont, en la respuesta al requerimiento que le ha hecho, aclara algo sus palabras en un sentido u otro, o bien se enroca diciendo que solo fue un discurso, al estilo de Groucho Marx, sobre la parte contratante de la primera parte y escondiendo su actitud respecto de una eventual segunda parte. Por consiguiente, el signo de la respuesta es relevante para el tratamiento que deba aplicarse, pero el “problema catalán”, por utilizar una expresión que cuenta con más de un siglo, continuará.

En efecto, si la respuesta es negativa, habrán de comenzar las negociaciones, que no deben ser bilaterales, sino generales, con vistas a una reforma constitucional que afecta e interesa a todos. Si es positiva, el jefe del Estado catalán, que sería el actual presidente autonómico por expresa disposición de la ley de transitoriedad, iniciaría un proceso constituyente. Sin embargo, el Estado español no se sentiría concernido por tal operación puesto que, al no reconocer la independencia, tampoco reconocerá los cambios jurídicos y orgánicos subsiguientes; la única novedad sería cierta dosis de dificultad añadida en sus relaciones con Cataluña, que seguiría siendo considerada una Comunidad Autónoma.

Y así hasta el siguiente movimiento táctico o estratégico que registre el tablero político nacional, mucho más complicado que el ajedrecístico. _________________

Antonio Torres es catedrático de Derecho Constitucional y socio de infoLibre

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