Idiotismo político

“La población general no sabe lo que está ocurriendo y tampoco sabe que no lo sabe” , Noam Chomsky

“La única opción que se puede tener ante una norma que se considere injusta es la objeción de conciencia y la desobediencia civil pacífica”, Adela Cortina

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Desde siempre (sobre todo desde el inicio de la crisis) el poder establecido recurre en su discurso a un semillero de términos confusos semánticamente y que lo mismo valen para un roto que para un descosido. Adjetivos, en realidad cargas de profundidad ideológicas, que tratan de sembrar y enraizar en nuestro lenguaje cotidiano e ideario social.

Dentro del muestrario terminológico al que recurren los políticos para vendernos su realidad alternativa, destaca el de “antisistema”, término con el que intentan desacreditar la resistencia de ciudadanos (utilizados como chivos expiatorios) que dejan en evidencian con sus reivindicaciones, las consecuencias que los errores, incumplimientos, desaciertos y servidumbres de aquellos tienen sobre el conjunto del cuerpo social.

Un vocablo el de “antisistema” cuyo significado según la RAE –“contrario al sistema social o político establecidos– no implica a priori ninguna actitud violenta. Un matiz el de la violencia en la reivindicación, que los políticos con el apoyo de los medios afines atribuyen de forma maniquea al término.

¿Pero que es un “sistema político”?  De las acepciones consultadas,  suscribiría la del politólogo canadiense David Eaton (The Political System, 1969) que define a este como “un conjunto de interacciones políticas, y lo que distingue a estas del resto de interacciones sociales, es que aquellas se orientan hacia la asignación autoritaria de valores a una sociedad”.

Inquietante concepto el de “la asignación autoritaria de valores a una sociedad”, que en escenarios históricos de perversión de los mismos junto a la dejadez o ceguera democrática ciudadana, nos ha conducido a la pérdida de derechos básicos individuales o colectivos, a veces, con consecuencias trágicas.

Añadiría, modestamente, a la frase de Chomsky, “La población general no sabe lo que está ocurriendo y tampoco sabe que no lo sabe”, la coletilla “o no quiere saberlo”. Un hecho preocupante el de la renuncia voluntaria por parte de un segmento intuyo que no despreciable de la población, al interés por lo que políticamente acontece no ya a nivel global, si no en nuestro entorno común inmediato.

Una actitud salvo excepciones, difícil de justificar. Que evidencia una mejorable calidad ciudadana y que  explicaría en gran medida la crisis social, económica y de representatividad política en la que estamos inmersos desde hace tiempo a nivel planetario.

Crisis global, no debiéramos olvidarlo, provocada por poderes económicos desregulados y fuera del imprescindible control político. Integrados en un “orden establecido” parademocrático y supranacional. Diseñado con metodología, organización y objetivo precisos. Una “superestructura”, blindada e indemne gracias a la colaboración pasiva cuando no activa de un sistema político degradado democráticamente y que actúa como, “ventrílocuo” servil y acrítico de aquella.

Y lo más alienante y desesperanzador: con el apoyo beneplácito en las urnas (paradojas y servidumbres de la democracia) de una masa considerable de ciudadanos a los que presuntamente, les trae sin cuidado la falta, no ya de ética de la convicción o de la responsabilidad si no de la mínima ėtica exigible a todo cargo público.

Un ciudadano que renuncia a sus deberes cívicos (el interesarse por y participar en la vida comunitaria lo son) se autoexcluye del proyecto común y debate público democrático, critico y constructivo acerca de todo aquello que atañe y condiciona su vida diaria. Ingresa en una categoría social que los griegos clásicos de la polis, denominaban con matiz peyorativo como idiotes.

Un colectivo-bicoca el de los idiotes (ignorantes voluntarios e incívicos de la realidad) que en circunstancias de crisis total del modelo social político y económica como la actual, constituye un regalo ofrecido en bandeja al poder político de turno, que achicando con líneas rojas (dogmas políticos)  y doradas (dogmas económicos), los límites de nuestros derechos y bienestar personal y colectivo, pescan adhesiones ciudadanas inquebrantables agitando, llegado el momento, las turbias y revueltas aguas políticas del populismo.

No podemos reivindicar, defender o recuperar, lo que por desconocimiento voluntario y negligente, ignoramos haber perdido. Una actitud la de estos ciudadanos, idiotes, que facilita la difusión de un goteo de paradigmas falsarios desde el poder, que están  pudriendo nuestro modelo de sistema social. Un asalto denunciado por otro modelo ciudadano situado en las antípodas de aquellos, el polites. Un polites, en absoluto ajeno a la realidad socioeconómica de su tiempo, exigente con sus representantes, que reivindica una ética de mínimos infranqueable en la actividad política, e incómodos para un poder que los  descalifica con el recurso malintencionado cuando no perverso al término “antisistema”.

La política es un juego interactivo entre ideologías portadoras de valores, intereses y objetivos no ya distintos, si no en ocasiones contradictorios, cuyo fin ideal último es pactar un consenso social mínimo pero mayoritario, imprescindible para la convivencia en libertad, civilizada y sobre todo... justa.

La legitimidad de un sistema político y su estabilidad, vienen dadas por el grado de consenso, aceptación y reconocimiento mutuos entre los representantes legítimos del poder (Estado) y los representados (ciudadanos) que libremente, condición inexcusable, participan en el proceso de interacción política y constituyen la base democrática del sistema.

Es el mantenimiento por parte del Estado del “mejor equilibrio posible” entre todos los  actores que interactúan en el juego político, limitando al mínimo las distorsiones provocadas dentro del conglomerado de valores e intereses de sus miembros (individuales y colectivos) que puedan contribuir a su desestabilización, lo que legítima, dotándole de credibilidad y prestigio al sistema.

Un sistema,  que además de inclusivo, integrador y flexible, debe ser siempre garante y defensor del código compartido de valores dentro del mismo, que aunque sin satisfacer plenamente a nadie, pero limitando los desequilibrios excesivos en su seno, garantizan la cohesión del conjunto para que nadie quede excluido injustamente del mismo.

Un pacto dinámico, consensuado, renovado en un proceso perenne y retroalimentado por las demandas sociales ciudadanas, determinantes a su vez, de la adopción complementaria por parte del poder legítimo, de medidas legales que den respuesta y se adapten al proyecto común del contrato social pactado.

Un acuerdo democrático, el contrato social, que ha demostrado ser el mejor sistema entre los modelos de organización y relación política, que no otra cosa son los sistemas políticos.

Un juego, en el que los ciudadanos, ceden al Estado-Leviatán el ejercicio del poder coercitivo de la fuerza, superando el paradigma hobbesiano de “el hombre es un lobo para el hombre” y siempre sometido al control independiente de los tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que  constituyen el núcleo del estado derecho democrático.

La historia nos ha demostrado (no debieran olvidarlo nuestros políticos) con sus convulsiones en ocasiones trágicas, que cuando la sociedad civil toma conciencia del alejamiento creciente entre la realidad y su razonable horizonte utópico, surgen la frustración, el inconformismo, el conflicto y la posibilidad del estallido social provocados por la deriva distópica y quiebra del sistema.

El sistema, es nuestro, de todos. Consensuado por mayoría social, pero erosionable  (en situaciones de devaluación democrática) de forma subrepticia pero implacable por poderes parademocráticos, fuera del control del Estado.

Un escenario, en el que la intocable separación de poderes de aquél, en ocasiones se difumina. Con el riesgo para la salud del sistema”, que el promiscuo y peligroso mènage à trois, el peor enemigo de un sistema democrático equilibrado, provoca en su seno.

Estamos asistiendo a una degradación del contrato social, realizada desde las entrañas del poder político que debiera ser salvaguarda y garante del equilibrio del mismo (en realidad los verdaderos “antisistema”) Un poder que de espaldas al interés común y más atento a oscuros intereses  minoritarios, en una dejación de funciones injustificable, han perdido su  legitimidad política.

Una situación denunciada por el colectivo ciudadano de polites antisistemas con su compromiso social,  disidencia crítica, y exigencia ética ante la degradación del sistema. Un modelo de ciudadano que contrasta con la actitud ajena a lo público del otro modelo idiotes, integrados en lo que se considera conceptual y moralmente como idiotismo político. ___________

Amador Ramos Martos es socio de infoLibre