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A propósito de una extradición ignominiosa

Fernando Sígler Silvera Publicada 29/03/2018 a las 06:00 Actualizada 13/04/2018 a las 18:09    
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Hace 76 años, la policía alemana entregó a la dictadura de Franco a uno de los dirigentes republicanos españoles cuya detención había solicitado el régimen franquista al III Reich. Los germanos habían hecho lo propio con el presidente de la Generalitat Lluis Companys, pero en este caso nos referimos a un representante político gaditano, Manuel Muñoz Martínez. Diputado en las tres legislaturas de la Segunda República por la circunscripción de Cádiz, ocupó el cargo de director general de Seguridad de agosto a noviembre de 1936. Fue diputado de las Cortes itinerantes y en esta condición participó en la sesión del Congreso de los Diputados celebrada el 30 de septiembre de 1938 en el monasterio de San Cucufate de San Cugat del Vallés. Exiliado en Francia al final de la Guerra Civil, fue capturado en octubre de 1940 por la Gestapo en el Finisterre francés, donde se había refugiado tras la ocupación de París por las tropas de Hitler y seguidamente fue encarcelado en la prisión de la Santé parisina.

Según el armisticio firmado el 22 de junio, el Reich alemán ejercía todos los derechos inherentes a una potencia ocupante y, ante una consulta del gobierno colaboracionista de Vichy, el procurador general de la Corte de Apelación de París afirmó que Muñoz Martínez estaba encarcelado bajo la única orden de la autoridad alemana. La causa de su vista se celebró en enero de 1942 en el Palacio de Justicia de París, y la Corte de Apelación emitió su parecer favorable a la extradición. Con este dictamen, el asunto pasó a manos del Gobierno de Vichy, en cuyo seno se observó una discrepancia de criterios. El ministro de Justicia, Barthélémy, se mostró contrario a la concesión de la extradición, mientras que el jefe del gobierno, Laval, fue partidario de atender la petición de Franco. El régimen franquista había basado su petición de extradición en supuestos delitos de robo y asesinatos, pero el ministro de Justicia francés, en respuesta a varias consultas planteadas por el jefe del Estado colaboracionista, Pétain, decidió rechazar la extradición “en razón del carácter político de los hechos” que se le imputaban. Lo que para el régimen dictatorial español eran delitos de violencia común, para el régimen colaboracionista eran acusaciones exclusivamente políticas. Barthélémy llegó a augurar que si Muñoz era entregado a Franco, le esperaría una muerte segura. No obstante, pese a la postura contraria de Vichy, la policía alemana, como instancia de la fuerza ocupante del territorio francés, entregó en agosto de 1942 al diputado republicano gaditano a las autoridades españolas, que sometieron a Muñoz a una parodia de juicio, tras el cual fue condenado a muerte y ejecutado en diciembre de ese año.

En la actualidad, España y Alemania son dos democracias formales consolidadas y las circunstancias históricas son muy distintas. No obstante, a propósito de la euroorden cursada por el Tribunal Supremo español para que el Estado alemán concediese la extradición de Puigdemont, cabe alguna similitud. El magistrado ultraconservador Llarena basaba su petición en considerar que el presidente de la Generalitat cesado por el Gobierno español, diputado electo en los comicios del 21 de diciembre de 2017 y posible candidato a su reelección por el Parlament, donde cuenta con mayoría de apoyos, cometió el delito de rebelión, que lleva asociado el uso de una violencia estructural. Prestigiosos juristas cuestionan esta acusación, pues es público y notorio que Puigdemont, que promovió un referéndum en Cataluña (declarado ilegal por el Tribunal Constitucional), no protagonizó un levantamiento violento del modo en que se describe en el Código Penal. Incluso uno de los principales expertos constuticionalistas afirma que la euroorden se ha cursado “en fraude de ley”, al basar toda la imputación en unos hechos inexistentes.

Hace siete décadas, el régimen de Franco reclamó a las autoridades nazis alemanas la entrega de un diputado republicano gaditano con la acusación de haber cometido delitos violentos, pero incluso el gobierno colaboracionista de Vichy vio que dicha acusación era de “carácter político”, Muñoz Martínez fue entregado por Alemania a España y su destino fue la pena capital. Hoy, en unas circunstancias completamente distintas, una acusación de delito de violencia formulada por el juez ha sido vista por prestigiosos juristas como imputación de carácter exclusivamente político, con el añadido de que las interlocutorias que han desembocado en la euroorden convierten en delictiva una cuestión ideológica.

A propósito de la extradición ignominiosa de 1942, en manos del Estado alemán está no repetir una ignominia.


Fernando Sígler es doctor en Historia (UNED) y autor del libro Cautivo de la Gestapo. Legado y tragedia del dirigente republicano y masón gaditano Manuel Muñoz Martínez (Cádiz, Diputación, 2010) y socio de infoLibre


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