Las pensiones, un problema político de desastrosas consecuencias

En estos días se están produciendo manifestaciones contra la política del Gobierno en lo referente a la revalorización de las pensiones, exigiendo simplemente que las mismas sean revalorizadas en la misma medida que sube el coste de la vida. El argumento para decir no siempre es el mismo, debemos asegurar el sistema y la mejor forma es no subirlas, aunque finalmente el Gobierno ha decido ofrecer el chocolate del loro este año al incluir en los presupuestos una subida del 3% para las pensiones más bajas, pero manteniendo la pérdida de poder adquisitivo para el resto de los pensionistas.

La cuestión a debatir aquí, por tanto será si es justo que las pensiones deban obligatoriamente ser revalorizadas conforme al IPC o las mismas deban estar condicionadas a otros factores, tanto económicos como políticos.

En primer lugar habría  que explicar brevemente que es el Pacto  de Toledo, pues rápidamente a los políticos se les llena la boca apelando a ese “Pacto”. Diríamos que el Pacto de Toledo es un acuerdo firmado en 1995 por diferentes agentes sociales y que es sencillamente un pacto de silencio al estar más preocupados por el votante que por el ciudadano, y consiste en la estrategia de no hacer nada con un planteamiento realmente cortoplacista y cobarde al dejar a los políticos del futuro la solución de un problema previsto para el 2030 que la crisis se ha encargado de traer al 2012, año en que la seguridad social entra en déficit.

Tampoco debemos entrar en este artículo en el argumento de que hay dinero para lo que se quiere en referencia a los rescates bancarios cuyas cifras nunca nos ponemos de acuerdo por la sencilla razón que esto es como el juego de los cuadros, cuanto más miras, más cuadros aparecen y siempre nos quedará algún cuadro por descubrir, y digo que no voy a entrar porque esos rescates han  ido  directamente a engordar  la deuda pública habiendo pasado de una deuda de 360.000 millones de euros en 2007 a los 1,2 billones de 2017. En 2007 cada español debía 8.000 euros y ahora debemos la friolera de 22.000, que en mi caso como somos cuatro de familia suponen 88.000 euros a pesar de que nunca, al igual del resto de los 44 millones de españoles, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Cada vez que miro el IBEX me recuerda la Expo del 92, que aunque no fui a verla, finalmente me tocó pagarla.

En el año 2005 se pagaban en España 68.000 millones de euros anuales en pensiones, en 2017 ha sido 122.000 con un incremento de 3.600 millones sobre al año anterior de los cuales 3.100 corresponden a la diferencia entre altas y bajas y solo el resto al incremento de las mismas. A este ritmo y al efecto Baby Bomm nos vamos a encontrar que antes de 10 años estaremos hablando de una cantidad de 200.000 millones.

Para acabar con esta situación se inventó en 2013 el “factor de sostenibilidad”, una fórmula basada en cálculos estadísticos interpretables en cada momento y que colaba por la puerta de atrás como elemento los ingresos del sistema de seguridad social….Por aplicación de este factor, nos podríamos encontrar en un futuro inmediato una fuerte reducción de las mismas si los ingresos de la seguridad social no aumentaban en la misma cuantía, aunque la situación podría corregirse si una epidemia de gripe acabara con la vida de  la mitad los pensionistas.

Nos cuentan una gran mentira cuando justifican la congelación de las mismas como la única forma de garantizar el sistema, asustando y mintiendo a las nuevas generaciones, pues en primer lugar habría que decir que el problema poblacional de las pensiones está limitado en una franja de 25 años y que no es para siempre ya que solo afecta a los nacidos entre mediados de los 50 y principios de los 80. Los nacidos a partir de la generación X no tendrán ese problema, y los millennials, todavía menos, quizás el problema de éstos últimos sea el que tienen actualmente en Japón, donde empresas cierran por falta de trabajadores. Me cabrean los economistas que abogan como solución volver al pasado y establecer un sistema de capitalización, como si dispusieran de una máquina del tiempo, aunque quizás si repasáramos lo que ha ocurrido con los planes privados de pensiones en el año 2008 se nos quitarían las ganas de proponerlo. Me cabrean esos políticos que nos mienten justificando su actuación en que hay que pensar en los hijos y aceptar lo inevitable, pero me cabrea especialmente la estupidez lanzada por la Presidenta del Pacto de Toledo donde demuestra su escasa sensibilidad y capacidad para estar al frente de este problema, cuando dice que ahorrando dos euros mensuales a partir de los 20 años tendremos garantizado nuestro poder adquisitivo, siendo este comentario el que inspira el título de este artículo.

Habría que explicar también que es eso de la Seguridad Social, pues realmente en un sistema de reparto como el nuestro, la Seguridad Social no existe, lo que existe es el Estado, como garante y responsable del pago de nuestras pensiones. El Estado cobra un impuesto al trabajo llamado cotización y lo recauda a través de un órgano llamado Tesorería General de la Seguridad Social y luego paga una prestaciones llamadas pensiones a través de otro órgano denominado Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por ello la idea que plantean sistemáticamente nuestros políticos de que las prestaciones deberían financiarse únicamente de ese impuesto al trabajo es una idea que no se ajusta a la realidad y no tiene que ser necesariamente así. Pudiendo perfectamente el Estado completar por otras vías  de financiación este posible descuadre. No nos engañemos que al igual que se va a producir un aumento espectacular del pago en pensiones cuando empiecen a jubilarse los nacidos durante el “Baby Boom” durante el tiempo que esa generación hemos y seguimos cotizando (yo pertenezco a ella) ha habido un superávit del sistema que ha sido utilizado para financiar otros gastos del Estado, superávit que no ha sido destinado en su totalidad al llamado “fondo de reserva” un fondo que, por otro lado, no deja de ser un mero apunte contable pues el Estado se lo debe a sí mismo.

Superado por tanto que el sistema de pensiones de reparto necesariamente debe ser garantizado por el Estado, habría que dejar claro que vale cualquier vía de financiación, bien por impuesto al trabajo vía cotizaciones sociales, bien por cualquier otro impuesto estatal. Y quizás haya que buscar el equilibrio del sistema por una relación entre lo que pagas durante tu vida laboral y lo que percibirás cuando la misma finalice. Dilema éste que no quiso ser resuelto en el Pacto de Toledo por la cobardía de quienes lo firmaron, pues cuando se crea en España el sistema de seguridad social el 80% de la población fallecía antes de los 60 años, por tanto muy pocos llegaban a cobrar realmente su jubilación y el sistema era, por así decirlo, un suculento negocio para el Estado. En la actualidad la esperanza de vida supera los 85 años y posiblemente dentro de diez años estemos hablando de los 90, lo que ha hecho de que ese suculento negocio del pasado ya no lo sea en la actualidad (por suerte para los individuos).

Es evidente que en la situación económica actual, donde hemos aumentado espectacularmente la deuda pública hasta la friolera de 1,2 billones, y donde necesitamos aumentar cada año otros 35.000 millones más, no podremos afrontar en los próximos diez años una nómina en pensiones de 200.000 millones de euros sin aumentar los ingresos en esa misma cuantía, y ello solo será posible si creamos 10 millones de empleos, cosa que es imposible teniendo en cuenta la situación competitiva de España con respecto a la cuarta revolución industrial que estamos viviendo.

Creo que nuestra clase política debe dejarse ya populismos electoralistas y tener el valor que les faltó en el año 95, donde podrían haber tomado medidas para esa brecha de 25 años donde pasaran a jubilarse 600.000 personas por año a partir del año 2025 y aplicar la única solución posible (y creo que justa en función del aumento de la esperanza y calidad de vida) que no es otra que alargar la edad de jubilación, pues por otro lado hoy día una persona de 67 años (salvo algunas profesiones concretas) está en perfectas condiciones laborales, y haciendo una simple operación matemática observamos que por cada año que se alargue dicha edad es un año más de ingresos y uno menos de coste, y por cada año de ahorro en coste supone el equivalente a tres años de ingresos. Lo que hace un total de 4 años de ahorro por cada año que se alargue la edad de jubilación.

Es también bastante llamativo observar lo que ha ocurrido en España tras la reforma legal que alarga progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años y es que la edad media de jubilación ha ido descendiendo a pesar de la norma. Y ha descendido en muchas ocasiones en contra de la voluntad del propio trabajador, por culpa del populismo iluminado de nuestros políticos de turno que con el fin de maquillar las cifras del paro decidió que quienes están percibiendo el subsidio para mayores de 55 años (antes 52) cuando cumplen los 61 forzosamente tienen que jubilarse, pues en caso contrario pierden el mismo, cuando hablando con muchos de ellos hubieran preferido seguir intentando encontrar empleo, pero ante la disyuntiva del hambre, han tenido que hacerlo. Hecho éste que ha servido para que los politiquillos del momento puedan decir orgullosos que han bajado el número de desempleados en España.

El problema está ahí y puede no gustar, pero no hay más remedio que afrontarlo, se podría haber evitado en el año 95 quizás por el sistema de haber creado para la generación afectada un sistema mixto para capitalizar el dinero sobrante del sistema, aunque se prefirió usarlo para financiar otros gastos del Estado, muchas de ellos de índole social, como pueden ser las pensiones no contributivas, decisión política del momento y que no quiere ser objeto de debate en este artículo.

Hago aquí un inciso también sobre las pensiones de viudedad, donde creo que el sistema también está mal diseñado. Cuando se creó la Seguridad Social la pensión de viudedad se contempla en un entorno en que la mujer no trabaja y que depende exclusivamente de los ingresos del esposo, hoy día esa situación ha sido superada, la mujer está integrada en el mundo laboral (no plenamente, pero esto es otra cuestión) y donde hombres y mujeres tienen el mismo derecho a ella, creo que no tiene sentido que el derecho al cobro sea independiente de los ingresos que posea el cónyuge superviviente. No creo que una persona con ingresos de, por ejemplo, 50.000 euros año deba tener derecho a cobrar pensión de viudedad, máxime si tenemos en cuenta que no existe una cotización específica para la viudedad, pues cotizan igual los solteros que los casados.

También habría que denunciar aquí la situación de privilegio que tienen algunas profesiones liberales que pueden cobrar su pensión y seguir en activo, cosa que rompe el motivo de la existencia de la pensión de jubilación, que no es otro que suplir los ingresos que desaparecen con el fin de la actividad laboral. Situación que ha sido agravada con nuevos populismos electoralistas al permitir a los autónomos poder cobrar su pensión y seguir trabajando siempre que tengan algún empleado, empleado que puede ser de una hora de duración y e incluso como empleado de hogar.

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Pero volviendo a las iniciativas de estos movimientos transversales de plataformas ciudadanas de pensionistas, donde piden una revaloración justa de las pensiones debo ponerme de su parte pues independientemente de los requisitos que la legislación establezca para tener derecho a una pensión, independientemente de la edad necesaria, independientemente de los años cotizados, independientemente de cómo se calcule la base reguladora, independientemente del porcentaje que corresponda en el momento de jubilarse, lo que no se puede permitir es que los pensionistas actuales tengan que ser los responsables de mantener el sistema, tengan que ser los que tengan que hacer un esfuerzo consecuencia de una crisis económica en la que ellos ya no participan y es totalmente inaceptable el terrorífico factor de sostenibilidad que se viene aplicando parcialmente desde el año 2013 y que si estas movilizaciones no lo impiden entrará en pleno vigor el año que viene, pues tienen toda la razón del mundo a exigir que sus pensiones se revaloricen siempre en función del coste de la vida, pues en caso contrario se está produciendo una gran injusticia quedando los pensionistas en una situación  de especial vulnerabilidad, pues reflexionando  un  poco, un trabajador en activo al que le bajan el sueldo podría intentar buscarse otro trabajo, pero una persona jubilada ya me dirán que puede hacer si su pensión queda congelada o por aplicación del factor de sostenibilidad a partir del 2019 se la acaban bajando.

Solucionemos esta situación de forma racional, fuera de populismos y sobre todo justa con nuestros mayores recordando a nuestras clase política su obligación con la sociedad que les ha elegido y se pongan alguna vez a solucionar problemas en lugar de crearlos, siendo hora de que alguien decida de una puñetera vez contar la verdad a la población sobre la situación actual y proponer soluciones, que seguro que las hay. _______

Jose Velasco Aroca es socio de infoLibre