La matraca catalana

En España hay presos políticos. Ya sé que muchos veteranos antifranquistas me saldrán con eso de que en España últimamente solo han existido los presos políticos de la dictadura de Franco (sin pretender equiparar yo la comparación procesal). Pero sí existen. Llámense como ustedes quieran (a la derecha o a la izquierda) y están en la cárcel por su actividad y motivaciones  políticas. Y, mientras tanto, sigue la matraca catalana, ahora  con más fuerza con una huelga de hambre de los apresados y otros pidiendo un artículo 155 aún más duro que en tiempos de Rajoy.

Los líderes independentistas encarcelados, especialmente dos al menos, Jordi Cuixart, líder de Ómium Cultural, y el expresidente de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ¿no son presos políticos?

Se subieron a un todoterreno de la Guardia Civil para contener el ímpetu independentista de miles de catalanes y encauzar la concentración frente a la sede de la Consellería d’Economía. Emplazaron a la gente a que se manifestara pacíficamente y luego se disolviera. ¿Qué delito –tan grave, de lesa humanidad– han cometido los señores Cuixart y Sánchez?

Por defender el derecho de autodeterminación y los derechos y libertades fundamentales de millones de catalanes, llevan en prisión preventiva –sin condena– más de un año. No han realizado actos de rebeldía ni violentos; no llevaron armas ni aceptaron consignas bélicas para conseguir la república catalana. Son insumisos, pacifistas reconocidos e indomables, a los que le están conculcando sus derechos y libertades fundamentales.

Podemos considerar que el juez Pablo Llarena, la magistrada Carmen Lamela –y el Ministerio Fiscal– (con anuencia de parte del poder judicial del Tribunal Supremo, afecto al PP) no son independientes. Cuixart y Sánchez no han cometido rebelión alguna. Y el juez y el Poder Judicial lo saben. Tampoco los otros presos independentistas han perpetrado dicho delito. En los despachos jurídicos de la Unión Europea se mofan –y se escandalizan– por esta jurisprudencia de escándalo, que el PP impuso desde un principio a capa y espada. Un recurso ante lo órganos judiciales de la UE no soportaría esas acusaciones. Y de seguir así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo puede darnos un coscorrón judicial tremendo con la sentencia del procés. El problema catalán no se resuelve con judicializarlo y con penas de cárcel, sino con diálogo y acciones políticas. Se ha tratado un conflicto político como si fuese un conflicto judicial. Jueces y fiscales han ocupado el papel de los políticos.

El Gobierno de Pésanchez, reflexionando más razonablemente, y por tanto la Abogacía del Estado, acusará solo de sedición a los líderes del procés.

Disparidad de criterios técnico-jurídicos que abren un debate jurídico entre el Gobierno, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado. También entre los partidos políticos. Existen esas discrepancias serias, más allá de lo puramente judicial. El Gobierno del PSOE defiende que esa decisión de la Abogacía del Estado se rige por estrictos valoraciones profesionales, que no es una imposición gubernamental. Es más, estos desacuerdos entre la Fiscalía y la Abogacía obedecen al debate jurídico abierto sobre el tema, sostiene la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Y desde Juezas y Jueces por la Democracia ven técnicamente errónea la acusación de rebelión de la Fiscalía.

El fiscal general Maza, colocado por el PP (fallecido hace un año en Argentina), inició la judicialización del conflicto catalán, a instancias de su ministro de Justicia Catalá y la tropelía pepera. Y de ahí vienen todos los males o al menos algunos, decisivos. El Gobierno del PP utilizó los poderes del Estado para reorientar un tema político en judicial. Pero este Gobierno socialista no está de acuerdo con la imputación de rebelión, pues entiende que no ha habido uso de armas ni alzamiento militar o civil armado y con violencia clara. O sea, que no fue un alzamiento violento. Son interpretaciones de un Código Penal que nunca tuvo que  aplicarse al tema catalán. O al menos, solo el que estaba desde el comienzo:  desobediencia grave o no, prevaricación y malversación de fondos públicos. Es un simbolismo que puede ser revertido en la vista oral, por la Fiscalía, y después en la aplicación de las penas –si las hubiera– o en los posibles indultos. Pero respecto a Cuixart y Sánchez no les afecta esos delitos porque no eran cargos públicos.

¿Esta peticiones de cárcel a los independentistas catalanes, por rebelión o sedición, cierran la aprobación de los presupuestos generales? No; debe hacerse política al margen de la situación procesal. Pero ya sabemos que, ahora mismo, para los catalanes independentistas, estas calificaciones atenuadas de la Abogacía previas al juicio oral son un gesto insuficiente. Y para la oposición, PP y C’s, son demasiado condescendientes, indecentes e inmorales. Pero el caso es que el gobierno de Rajoy solo se personó en la causa por delito de malversación. Y ahora cacarean, los líderes histriónicos Casado y Rivera, con tactismos electoralistas descarados.

Pese a que un expresidente del Tribunal Supremo y reconocidos jueces y catedráticos juristas, no independentistas, en España y en la UE, hayan contradicho, desde un principio con argumentos y Código Penal en mano, a la Fiscalía y al juez Llarena, estos siguen en sus trece. Y también admitieron intromisiones intolerables y errores de bulto en épocas del PP de Rajoy y de Maza. Les acusan de haber lanzado contra el independentismo a sus fiscales y jueces, a la Policía y Guardia Civil y a los buitres del Ibex con sus tanques económicos.

Tampoco ayudan a solucionar el procés, las ambiguas y equívocas interpretaciones de algunas togas judiciales y medios de comunicación (no todos) con gran poder, y los discursos irresponsables y peligrosos como los de Pablo Casado y Albert Rivera, semejantes a los de Vox. ____________

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre