Contra la despoblación, desconcentración

Cada vez es más frecuente que leamos o veamos noticias que hacen referencia a la despoblación en amplios territorios de nuestro país. Este problema nos acompaña desde la segunda mitad del siglo pasado, es decir, son más de 60 años de traslado de población de las zonas rurales a los centros administrativos e industriales, estos movimientos migratorios han producido importantes desequilibrios y dificultades en la vertebración del territorio, así junto a grandes ciudades de compleja gestión nos encontramos a muy pocos kilómetros con zonas con un índice de población inferior a Laponia, lo que podría considerarse como un desierto poblacional.

Si en los años 60 o 70 del siglo pasado, en plena dictadura, se veía como normal que las gentes buscaran una vida mejor en aquellas zonas donde había mayores posibilidades de desarrollo personal huyendo de un mundo rural que solo permitía sobrevivir en condiciones de extrema dureza, a día de hoy con una Constitución que tiene como valores fundamentales, la igualdad y la no discriminación, es absolutamente indispensable que los poderes públicos asuman con seriedad su obligación de dar los mismos servicios a todos los ciudadanos y en similares condiciones de calidad.

Es evidente que en un sistema de economía de mercado, las empresas privadas se instalarán donde consideren que podrán desarrollarse mejor para maximizar sus intereses, pero si el gasto del sector público representa más del 41% del PIB (año 2017), ahí el Estado dispone de una herramienta importante para cumplir con su obligación de vertebrar y buscar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos que habitan los distintos territorios, se trataría de desconcentrar las instituciones, y no solo del gobierno de la nación, también se debería aplicar el mismo criterio a los gobiernos autonómicos e incluso a nivel provincial a las diputaciones.

En ocasiones hemos leído la posibilidad de trasladar el Senado a Barcelona, es evidente que una medida como esa vertebra políticamente a los ciudadanos de los distintos territorios al acercar la administración y el poder central a los administrados, seguramente en las actuales circunstancias políticas catalanas, una medida como esa fuera otro motivo más de conflicto, pero estoy seguro que no habría ningún problema, más bien al contrario, si el Senado se trasladara a Zaragoza, a Málaga, a Burgos, a Pontevedra o a cualquier otra ciudad que no esté en fase activa de conflicto identitario y que no tiene porque ser una capital autonómica.

Del mismo modo, si los expertos geógrafos, los especialistas en demografía y en administración pública analizan en detalle los centenares de instituciones, Ministerios, Consejerías, direcciones y subdirecciones generales, institutos, agencias, empresas públicas, etc. de todas las administraciones públicas, estoy seguro que encontrarían muchas de ellas que pueden funcionar con igual o mayor eficiencia en poblaciones distintas a las capitales de la nación o de la autonomía.

El traslado de esas instituciones tienen claros beneficios:

1. La ciudad o población receptora incrementa su oferta laboral y su población, por un lado por los empleados o funcionarios públicos de la propia institución, y por otro lado los empleos indirectos para dar servicio a la institución y sus trabajadores.

2. La capital que se desprende de la institución elimina presión poblacional, facilitando una mejora de servicios, aliviando problemas derivados de las grandes concentraciones urbanas y por tanto ofreciendo una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

3. Un mejor reparto poblacional facilita y justifica una mejor distribución de las infraestructuras de todo tipo, viarias, educativas, sanitarias, telemáticas, etc. que mejoran la calidad de vida de las zonas hoy despobladas, al mismo tiempo que vertebran el territorio y a sus ciudadanos.

4. Cumple el mandato constitucional de promover la igualdad como uno de sus valores fundamentales tomando medidas que ayuden a una más justa distribución de la riqueza.

Hagamos un ejercicio simple e imaginemos que la Comunidad de Madrid, por un programa continuado de desconcentración de instituciones públicas, se desprende de 1.000.000 de habitantes, equivalente a aproximadamente el 15% de su población, seguramente las condiciones de tráfico, de contaminación, de vivienda serían más fáciles de organizar lo que redundaría en mayor calidad de vida para sus ciudadanos, y ahora imaginemos que un 5% de esos habitantes (50.000) recalan en la provincia de Soria, esta pasaría de tener unos 90.000 habitantes a tener 140.000, en Teruel pasaría de unos 140.000 a 190.000, en Cuenca de 200.000 a 250.000, Segovia, Ávila, Zamora, estarían en similares circunstancias, en definitiva el índice de población habría subido de forma notable en las provincias más despobladas. Si esto se hace de forma progresiva, tanto Madrid como las poblaciones receptoras podrían ir modificando sus estructuras y sus servicios sin mayores dificultades. No debemos olvidar que además de las provincias citadas existen otras comarcas que se encuentran en situaciones parecidas y en las que estas medidas de desconcentración también debería producirse desde los gobiernos autonómicos e incluso desde las diputaciones o mediante la creación de comarcas que engloben a distintas provincias y comunidades autónomas.

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Estas u otras medidas deberán tomarse de forma urgente si queremos evitar lo que sería una pérdida irreparable de cultura tradicional, de patrimonio histórico y artístico, de espacios medioambientales y paisajísticos de primer orden y en definitiva si queremos resolver la contradicción de tener enormes territorios con alta calidad medioambiental para la vida de la gente pero que se encuentran vacíos y a pocos kilómetros enormes masificaciones urbanas con aire irrespirable y unas formas de vida que tienen poco tienen que ver con las necesidades y aspiraciones humanas.

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Ángel Díez de Miguel es socio de infoLibre