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Mario Diego
Publicada el 21/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 20/01/2019 a las 18:38
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No sé si se puede apreciar alguna diferencia entre el año que dejamos atrás y el que acaba de comenzar. Por mucho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirme que "El Gobierno avanza en la regeneración democrática, la modernización económica y el fortalecimiento de nuestra cohesión social”, el balance político, desde que la moción de censura lo convirtió en presidente, se podría calificar de mucho ruido y pocas nueces. Entre las medidas faro –y a las que también podemos añadirles el calificativo de simbólicas– anunciadas con gran fanfarria, aún estamos esperando que la mayoría de entre ellas se concreten materialmente. Por ahora, lo único que se ha concretado es el ruido generado tanto en los medios como en el microcosmo político “representativo”.

Dejando de lado el trajín que el Gobierno se trae con la tumba del dictador en el Valle de los Caídos o la “necesidad inminente” de subir los impuestos a la banca y cuyo carácter inminente ya perdió, hablemos del salario mínimo interprofesional (SMI), una de las medidas que acabó por concretarse. No cabe duda que el incremento del SMI es una medida importante para el millón y medio de trabajadoras y trabajadores cuyo salario se sitúa por debajo de esa cifra, no obstante, más allá del hecho de que su carácter “histórico” se debe, sobre todo, a la racanería de la patronal, dicha medida está lejos –comparado al espectacular incremento del precio de los alquileres, de la electricidad y otros bienes básicos– de constituir una solución para afrontar las dificultades en las que se encuentran ese millón y medio de personas beneficiadas por dicha medida.

El resto de las medidas, llamadas “medidas sociales”, son de la misma índole. O tergiversaciones o migajas. Migajas, que mayoritariamente solo atañen a una minoría de personas, minoría que se encuentra en el umbral de la pobreza y para quien dichas medidas no constituyen una solución para salir adelante. Por otra parte, la subida salarial de los funcionarios no les permite recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, ídem de lienzo para los pensionistas con la subida de sus pensiones conforme al IPC. En cuanto a las pensiones mínimas y no contributivas que subirán un 3%, tampoco será lo que permita a las personas beneficiadas salir del escollo en el que se encuentran. Dudo, que a una persona que percibe una pensión de 600 euros, con enormes dificultades para sobrevivir, le sea de una gran ayuda ver su pensión incrementarse en 18 euros.

El hecho de que la apisonadora derechista PP y Ciudadanos hagan suyos los discursos demagogos de la extrema derecha –por cierto, discursos en los que en su gran mayoría no mencionan las medidas económicas que quieren llevar a cabo, y cuando lo hacen, lo hacen a grandes rasgos y sin adentrarse con precisión en ellas– puede, para una parte de las clases populares, hacer pasar la política del Gobierno por una política progresista que tengamos que defender cueste lo que cueste. Sin embargo, las medidas que realmente significarían algo para dichas clases, esas, nos dice el Gobierno que no se pueden llevar a cabo” porque solo cuentan con 84 diputados” y que, aunque quisieran, “la situación económica no permitiría hacerlo, tenemos que tener en cuenta los intereses de las empresas”, entendiendo por empresas, empresarios y accionistas.

Efectivamente, la realidad que unos y otros representan, aunque los métodos empleados no sean los mismos e incluso a veces opuestos – en función de la situación económica en la que nos encontremos– son los intereses de la patronal, los intereses del gran capital. Hoy en día, la solución ya no consiste en restablecer una parte del poder adquisitivo, esta medida ya no es una medida suficiente para que la parte más pobre de la clase trabajadora pueda vivir dignamente. El Gobierno actual, como todos los que vengan detrás, debe decidirse a acabar con las subvenciones millonarias concedidas a las grandes empresas, sean cuales sean las razones y los medios utilizados; tiene que decidirse a establecer un impuesto sobre las rentas, realmente proporcional y aplicable no solo al conjunto de la población sino también a las empresas; reducir la jornada laboral sin pérdida salarial para poder crear empleo; prohibir los despidos a toda empresa que tiene beneficios; imponer como regla que ningún salario, pensión o subsidio sea inferior a 1100 euros. De no ser así, en ningún caso podremos considerar que es un gobierno que nos represente.

Si últimamente algo han demostrado las clases populares francesas con el fin de año 2018, con la movilización de los llamados chalecos amarillos, es que si un Gobierno, sea cual sea, no está dispuesto a poner en práctica todo lo citado en el párrafo anterior –única manera de poder vivir dignamente– tenemos que quitárselo ocupando las calles. Si algún deseo tengo para 2019, es ese.



Mario Diego es socio de infoLibre
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