Cómo reduciríamos el precio de la luz y el petróleo

La Constitución española de 1978Titulo VII. Economía y HaciendaArtículo 1281.- Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad esta subordinada al interés general.2.- Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y así mismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiese el interés general.Artículo 1321.- La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad así como su desafectación.2.-Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley, y en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.3.-Por ley se regularan el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Según Wikipedia, "en el sector eléctrico español unicamente existen cinco grandes compañías, aunque de acuerdo con un informe de la CNE (Comisión Nacional de Energía) solo tres de ellas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural, dominan el 90% del mercado". Según los datos de Eurostat, España es uno de los países de Europa con la electricidad más cara.

Según el Artículo 128.2, el Estado puede, "especialmente en caso de monopolio",  "acordar la intervención de empresas, cuando así lo exigiese el interés general". ¿Cree usted, amigo lector, que se está produciendo este fenómeno? ¿Piensa usted —como yo— que alguna empresa eléctrica y petrolífera debería pasar al Estado por interés general?

Me voy a poner a mí mismo como ejemplo. Desde hace varios años vengo comprando en la farmacia un medicamento que no está financiado por la Seguridad Social. Dicho medicamento, al ser pagado por el enfermo, iba subiendo de precio año a año, hasta los 86 euros —coste del último que compré—. Preguntando al farmacéutico si ya existía algún genérico de esa sustancia, me contesta que sí y me lo presenta. Cuál es mi asombro cuando me dice el precio: 23 euros. Misma presentación, mismo número de comprimidos y misma sustancia. ¡63 euros de diferencia! (más de 10.000 de las antiguas pesetas). Como es lógico, me llevé el de 23 euros y es el que gasto cada mes, con los mismos resultados. Pienso que si el de 86 euros no se baja a 23, pocos seguirán vendiéndolo a ese precio cuando los pacientes se enteren.

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A mi modesto entender, si el Estado tuviera una empresa eléctrica y otra de petróleo —lo mismo que en el ejemplo que he puesto anteriormente sobre las medicinas—, al no tener que batallar para encontrar los máximos beneficios para sus accionistas, podrían marcar una pauta en estos mercados y los consumidores, al ver que sus precios son más bajos, comprarían allí mayoritariamente, teniendo las demás empresas que reducir sus tarifas.

Esperemos que si tenemos un Gobierno progresista no siga la teoría del neoliberalismo (privatizarlo todo) y tenga en consideración mis razonamientos, pues de ponerlos en marcha nos beneficiaría a todos, a pesar de que algunos dirán que estoy equivocado. Con todo, sería interesante, amigo lector, que lea si puede la siguiente noticia: La inminente privatización de Correos: acierto o error. _______________

Antonio Alarcón Nicolás es socio de infoLibre