Urgente y reservado

El 1 de abril de 1939 el jefe de los golpistas, Francisco Franco Bahamonde, declara el fin de la guerra que ellos mismos habían empezado el 18 de julio de 1936. Los que han luchado contra los golpistas en el ejército español del gobierno legítimo republicano comienzan el regreso a sus lugares de origen para intentar continuar con sus vidas.

En el momento en que se produce el golpe de Estado en Sevilla los habitantes de Guadalcanal se organizan en comités que se encargan de la recogida de cosechas y la requisa de alimentos, armas y explosivos. Se forma un economato para garantizar la supervivencia de la población y se retiran las armas y explosivos para evitar la violencia interna y facilitar la defensa.

Francisco Riaño Cote es uno de los ciudadanos de Guadalcanal que se integra en la organización en comités. Cuando un mes más tarde los golpistas toman el pueblo, Francisco Riaño pasa a la zona republicana y se alista en el ejército para contribuir a su defensa.

Lucha en los frentes de Andalucía y Levante hasta que se produce el fin de la guerra y lo mandan a Guadalcanal donde al llegar el 20 de abril de 1939 es detenido. Recluido en el campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, a disposición del Auditor de Guerra de la Segunda Región Militar, hasta el 7 de mayo de 1939 que es trasladado con otras 190 personas desde el campo de concentración a la prisión provincial de Sevilla.

El 12 de febrero de 1940, el juez Paulino Bencomo Mendoza, del juzgado nº 94 de Cazalla, se hace cargo del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 369 por orden del Auditor de la 2ª Región. El 20 de febrero se nombra secretario a Manuel Fuentes de los Reyes, se libra mandamiento de prisión preventiva a la Prisión Provincial de Sevilla y se ordena que se practiquen las diligencias que se estimen necesarias.

La primera diligencia es un certificado de nacimiento y la segunda una copia de una ficha político social, sellada como secreto, en la que se informa que es miembro “del comité local del Sindicato Único de Campesinos (CNT) y sostenedor del Comunismo libertario que preconizaba la CNT.”

El 20 de abril de 1940 se nombra secretario del procedimiento a Juan Hervás Rodríguez, él será el encargado de tomar declaración a los testigos adeptos al golpe. Tres son las personas que prestan declaración: el jefe local de FET y JONS y dos personas que constan como propietarios de profesión.

El jefe local de Falange declara que en su casa se incautó de dos escopetas, una tercerola, un revolver, cartuchos (vacíos y cargados), pólvora, canana, navajas, cuchillos y explosivos de barreno; que posteriormente fue recluido en prisión y allí permaneció hasta que se produjo la toma del pueblo por los golpistas por lo que ignora que pasó durante el mes que Guadalcanal se resistió a la ocupación.

Un segundo testigo afirma que sólo conoce al acusado de vista y que no sabe nada de él en referencia a los hechos que se investigan, declaración en la que se ratifica y firma a 25/4/40. Un tercer testigo que lo hace responsable de todo lo ocurrido en el pueblo durante el mes transcurrido entre el inicio del golpe en Sevilla y la toma de Guadalcanal por los golpistas.

Este testigo aparece prácticamente en todos los procesos contra vecinos de Guadalcanal y afirma haber salido indemne de un fusilamiento de un pelotón formado por más de cincuenta personas. En algún momento el segundo testigo se hace eco de las declaraciones del tercero y firma una nueva declaración en el espacio que quedaba bajo la primera. No consta en la declaración hora de comienzo o fin.

Seis años de juicios sumarísimos de urgencia han transformado la justicia de la Segunda Región Militar en un sistema burocrático. Los informes sobre los acusados se repiten en jueces, alcaldes, guardia civil, testigos, etc. Las personas y los pueblos cambian, pero los informes y las declaraciones son los mismos. La burocracia ha despersonalizado a los acusados, parece que siempre se está juzgando y matando a la misma persona, una especie de arquetipo de la mitología fascista española denominado por ellos como “rojo o marxista”.

Este arquetipo no es una persona relacionada con otras como hijos, padres, hermanos, etc., es el mito al que han atribuido todo lo que ellos mismos han hecho: rebelión, detención de civiles, desposesión de bienes, asesinato. La burocracia del procedimiento contrasta con la búsqueda de personas concretas. Los procedimientos sumarísimos son ahora individuales, aunque en una mañana puedan verse ocho procedimientos.

Se confirman los datos personales de los perseguidos y se busca a los que han sobrevivido a la guerra y tienen capacidad organizativa y aptitud para el liderazgo. Se sigue matando en la paz con el mismo objetivo que en la guerra: evitar la organización de cualquier tipo de oposición a la dictadura, exterminar a cualquiera que intente organizar a los trabajadores para que se defiendan de la explotación.

El 31 de abril de 1940 es interrogado Francisco Riaño, le preguntan si perteneció a la CNT y si ostentó algún cargo, por qué se fue a la zona republicana y si ingreso en el ejército, y qué hizo en el pueblo durante el mes de resistencia. Se le piden nombres de personas que le puedan servir de descargo. Aunque facilita dos nombres, los testigos se limitan a decir que no tenía mal comportamiento, que era un trabajador que cumplía con su obligación. Ninguno de los dos sabe que pasó en el mes en que Guadalcanal permaneció fiel al legítimo gobierno de España.

Son los comienzos de los años de silencio. El miedo a decir algo distinto de lo que los interrogadores quieren oír, que puede conducir a la pérdida de la libertad o la vida, lleva a callar haciendo posible que el único relato de los hechos sea el de los golpista.

El 11 de julio a las 10,30 ocho juicios sumarísimos de urgencia se celebran en el salón de actos de la Capitanía General (primera planta del edificio central de la Plaza de España). Se le condena a muerte por rebelión y se pasa informe al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas para que se haga efectiva la responsabilidad civil.

Los procedimientos iniciados por las detenciones masivas del fin de la guerra pueden llegar a pasar, sólo en el periodo de instrucción, por cuatro juzgados. Desde el comienzo del procedimiento sumarísimo de urgencia nº 369 hasta el cumplimiento de la sentencia, treinta militares tomarán parte en el proceso como jueces, secretarios, fiscales, vocales, etc.

Esta extensión de las actuaciones, que solo proporciona un mayor número de actos burocráticos, aumenta el número de responsables en las muertes. Desde el Capitán General de la Segunda Región Militar hasta los soldados de artillería del Regimiento número 14 que integran el pelotón de fusilamiento, todos toman parte activa en la muerte. Una práctica que en los grupos de delincuentes va encaminada a extender al máximo la responsabilidad sobre los crímenes y en consecuencia a aumentar la cohesión del grupo criminal. Si uno de ellos es acusado, todo el grupo es responsable, por lo que la protección individual es, de forma necesaria, protección del grupo.

La participación de muchas personas en un acto criminal disminuye la conciencia de responsabilidad, proporciona el distanciamiento necesario para hacer responsable al aparato del Estado del que cada uno de ellos individualmente se considera sólo un peón que obedece órdenes. Se genera la idea de que la institución es responsable de los crímenes. Han despersonalizado a sus víctimas y también ellos mismos, los verdugos, se han despersonalizado para eludir la responsabilidad.

El 1 de noviembre de 1941 se recibe en la Prisión Provincial el telegrama urgente y reservado en el que se notifica que se ha dado orden al Regimiento número 14 de Artillería para formar un piquete de fusilamiento el día 3 a las 6 horas y que debe ser entregado previamente a la Policía Armada para ser trasladado al lugar de fusilamiento. El día 3, a las seis horas, en las proximidades de la tapia del costado derecho del cementerio de San Fernando, mueren fusilados Francisco Riaño Cote, Manuel Blanco Castellanos, Manuel Gálvez García y José Montero Vargas. Media hora más tarde se produce el enterramiento en la fosa común.

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Natividad Pérez es socia de infoLibre