¿Oposiciones para políticos?

De un tiempo a esta parte hay un porcentaje de gente que tiene dudas sobre la eficacia de elección de los representantes políticos. Es como si se retomaran los debates del siglo XIX sobre el voto censitario, restringido a una serie de personas con determinadas rentas o capacidades intelectuales, o el sufragio universal, para todos los ciudadanos sin recabar sus rentas, etnia, sexo, religión o posición social, convertido en una reivindicación desde la Revolución Francesa.

En el caso de España, solo al final de aquel siglo (1891), con un gobierno de Sagasta, se extendió el voto masculino para los mayores de edad de 25 años de manera definitiva. Se aplicó durante el breve tiempo de la Revolución Gloriosa en la Constitución de 1869 y durante la I República también solo para los varones de esa edad. En la Constitución de la II República de 1931 se consiguió el voto para la mujer, que lo ejercitaría en las elecciones de 1934. Hasta finales del siglo XX la práctica electoral no estuvo exenta del control político de los partidos de la Restauración y durante el franquismo desaparecieron las elecciones libres.

Solo a partir de 1978 el voto secreto y controlado por los interventores ha tenido garantías plenas de fidelidad con lo que expresa la ciudadanía. Sin embargo, el problema se ha planteado en el debate académico y político de cómo una parte de la población, sin la suficiente información y sin recabar las consecuencias de qué y a quién se elige, en muchos casos por motivos emocionales, decide los gobiernos. El paradigma dominante es que los electores no se equivocan y por tanto es imposible recaer sobre ellos la culpabilidad de los elegidos. Se aduce que tienen la posibilidad de cambiar su voto y darles la confianza a otros en unas nuevas elecciones porque en ese contexto el sistema permite evaluar si las expectativas se han cumplido en mayor o menor grado.

Pero si planteamos que también los votantes pueden tener su parte culpa en la designación de opciones y representantes políticos que generen más problemas de los que pudieran resolver, entramos en una dinámica sin solución. Si se ha conseguido el voto a los 18 años, y está por debatir su extensión a los 16, ¿de qué manera podemos poner restricciones que no sean las señaladas por la ley (condenados por delitos que lleven aparejado la supresión de sufragio, o por estar incapacitado legalmente para ejercerlo por causas médicas) para considerar que el valor del voto no es igual en cualquier caso? Y, sin embargo, comienza a debatirse, con cierta timidez, la capacidad para emitir un voto con el mismo valor debido a que las personas con este derecho disponen de muy distinta formación y capacidad lo que puede conducir a la elección de opciones desestabilizadoras para la “normalidad” democrática.

Ya en la Alemania Federal posterior a la II Guerra Mundial estaban prohibidos partidos de ideología nazi o comunista, y eso también ocurría de manera directa o indirecta en otros países. Pero el tema es más de fondo: ¿es posible elegir a nuestros representantes con mejor garantía de sus capacidades que el sufragio universal para llevar a término sus funciones? Un título, un máster o un doctorado universitario no garantizan una mejor preparación política porque las variables que se plantean son en muchos casos inescrutables, y dependen de la psicología o de factores aleatorios para determinar el éxito o fracaso de una gestión. Es verdad que una buena preparación intelectual da un punto de partida para tener en cuenta, pero no hay seguridad de resultados. Sin duda, las administraciones cuentan con personal especializado, pero existe un punto en que la toma de decisiones depende en última instancia del responsable político elegido. La tecnocracia tiene sus límites y cifrarlo todo en sus manos no es una garantía de acierto y rompe la concepción liberal conquistada en las sociedades modernas de que todos los ciudadanos están en principio capacitados para votar y ser votados.

En cambio, China, a través del PC, ha vuelto a un sistema parecido al mandarinato histórico del Imperio cuando los funcionarios eran elegidos mediante pruebas al parecer muy estrictas para desarrollar sus funciones. Nada que ver con lo ocurrido en la antigua URSS donde la fidelidad al PC era clave para desempeñar funciones políticas. Las personas elegidas en China con responsabilidades políticas han de demostrar en su trayectoria evaluaciones acreditadas. Parecido a lo que ocurre en España o Francia con los abogados del Estado. No en balde su desarrollo económico y social ha sido espectacular en los últimos 30 años. De un país con dificultades para comer a ser una potencia mundial. Representa la vía socialista al capitalismo y en ciertos círculos de think tanks y académicos comienzan a plantearse el tema. En Hong Kong también se está dilucidando el tema.

Javier Paniagua es socio de infoLibre