El juicio pendiente

Es una práctica habitual en el catolicismo: cuando se detecta algún caso de pederastia entre los clérigos, se manda al pecador lejos de su ámbito, a menudo al extranjero. Silencio, ninguna autocrítica ni arrepentimiento institucional, olvido del infractor. Pero imaginemos que, por azar, al ser destinado a algún país peligroso, el antiguo perseguidor de niños es atacado por su calidad de católico. Podrá incluso ser considerado un mártir, condición que no borra, sin embargo, su currículo de pederasta. Si no muere en el lance y se recupera, podrá seguir con el trabajo que se le hubiera asignado en el momento de su destierro: podrá ser un buen enfermero o ayudar eficazmente a cooperativas agrícolas. Pero no debiera nunca más acercarse a los niños.

Sirva este preámbulo para mirar el procés desde un punto de vista global y no, como hasta ahora, con el foco puesto en unos pocos días de otoño. Si consideramos la larga prisión preventiva, en parte provocada por el engaño de los compañeros que huyeron dejando de acudir a su oficina el lunes de marras, los afectados pueden considerarse injustamente tratados. Pero si asumimos una visión más amplia, si pensamos en todo lo sucedido desde 2012, y en especial durante 2017, la figura de muchos de ellos (y por descontado los de fuera), coge otra dimensión.

Mintieron sobre los recursos de que disponían, dibujaron un falso horizonte idílico y cercano, empujaron a la ciudadanía a enfrentarse a un contrincante sin medir las fuerzas de ambas partes, y fomentaron la separación entre fieles y escépticos. Violaron la buena fe, el legítimo amor a su país de centenares de miles de personas, que lo que siempre han querido es lo mejor para Cataluña.

Las posturas independentistas son legítimas, como lo son las unionistas, las federalistas y todas las istas que se quieran proponer. Pero no es legítimo jugar con un sentir profundo y sincero, tocando la flauta de un futuro inexistente hasta llevarlo al río del desencanto, desgarrando por el camino tejidos sociales y familiares de todo tipo. No se puede empujar al “pueblo” a resistencias numantinas mientras se aprovecha la ventaja electoral que la maniobra genera para perjudicar al propio pueblo con recortes, privatizaciones e ineficacia.

Llegará la sentencia que, añadida a la prisión preventiva de algunos, fijará una pena relacionada con los presuntos desacatos anticonstitucionales. Pero: ¿Y todas las mentiras y manipulaciones previas? No están contempladas en el código penal, pero no por ello son menos dañinas. Estas, solo el pueblo (sí, el pueblo, todo él) de Cataluña, el verdadero violado, las debería juzgar castigándolas con el olvido de los protagonistas.

Quizá sean buenos historiadores, economistas, funcionarios, camareros o taxistas, pero han sido también embaucadores, el farol no era únicamente para el gobierno central, también lo fue para la ciudadanía, a la que empujaron a recibir porrazos desde sus muy confortables despachos. Nunca más deberían poder reanudar la tarea política en representación de la gente a la que engañaron, y mucho menos participar en las arduas negociaciones previstas para encontrar la salida al lío al que nos han llevado. Esta inhabilitación debería ser la base previa a cualquier reducción de pena.

Y, por cierto: algunos están haciendo la misma labor negativa sin ser inculpados. Pero siguen con el populismo como tapadera de su ineficacia. Tendrían que ser los verdaderos partidarios de la independencia, y también los de la mejora y aumento del autogobierno de Cataluña los que les alejaran de la gestión pública, con el fin de que cogieran el relevo otros más centrados en el bienestar común. En el fondo, como que esto será difícil de llevar a cabo, si algún día llega la inhabilitación del actual presidente y su equipo, inepto incluso para avanzar hacia la soberanía, significará un paso gracias al cual, la ciudadanía, toda, se verá beneficiada.

Antoni Cisteró García es socio de infoLibre