Enseñanza concertada

Ana Galparsoro

Bravo por Isabel Celaá.

Ya era hora de que alguien aclarara lo que implica el artículo 27 de la Constitución en relación con el derecho de los padres de elegir el centro educativo para sus hijos.

El derecho de elección de un centro público o concertado para sus hijos, por parte de los padres, está limitado por ese mismo derecho de otros padres.

En primer lugar, la aprobación de un concierto con un centro de iniciativa privada, implica el cumplimiento de unas normas obligatorias, como son la libre competencia de todos los padres a ese centro educativo.

Un centro concertado no puede seleccionar a sus alumnos por el poder adquisitivo de los progenitores, es decir, por su capacidad económica. No puede imponer cuotas obligatorias, ni por su parte, ni impuestos por el centro o por la asociación de padres. Tampoco por el credo religioso u otros condicionamientos sociales.

Un centro concertado está obligado a la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. Cuando decimos necesidades educativas especiales no sólo nos referimos a las físicas, psíquicas y sensoriales, sino también las sociales. Las derivadas del origen  familiar, de la comunidad de origen o del país del que han emigrado.

La atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos es una obligación de todos los centros pagados por el Estado o las Comunidades Autónomas.

La mayoría de los centros concertados incumple estos mandatos y no serían merecedores del concierto educativo. Sin embargo, este incumplimiento no tiene consecuencias reales. Falla el control que está legalmente encomendado a las inspecciones educativas de cada comunidad autónoma o a la alta inspección del Estado asentado en las subdelegaciones del Estado en cada comunidad autónoma.

El 90% de los colegios concertados de Madrid cobra cuotas "obligatorias" a las familias

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No se puede concertar si no se cumplen los requisitos legales para el concierto.

En ese caso los centros educativos pasarían a ser privados y pagados por los padres de los alumnos en su integridad y siempre bajo el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. __________

Ana Galparsoro es socia de infoLibre

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