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La crisis de la política española alcanza el nivel de emergencia

Felipe Domingo
Publicada el 27/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 27/12/2019 a las 20:23
La sentencia del TJUE ha elevado la crisis de la política española a nivel de emergencia. Si ya es comúnmente aceptado que el problema catalán es político y no jurídico, y que cuanto antes se vuelva al camino exclusivo de la política antes se resolverá (o por lo menos, la  crispación bajará), con estas reflexiones pretendo activar una solución rápida a este problema que no dejará de ser complejo. Como un activista, a ejemplo de Greta con el cambio climático, urjo al Supremo y al Gobierno, los dos poderes principales, a que encaucen de forma inmediata vías de solución. 

La rapidez no es la norma de actuar de los jueces y tribunales, salvo que un asunto muy urgente y grave llega a sus manos. Y esto lo es. Y tan pronto como la sentencia europea ha llegado a España, tras la conmoción, el Supremo la ha enfriado. Y también el Gobierno. La pruebas son más que evidentes: ni el Supremo ha resuelto de inmediato este problema, a pesar de que las fuentes dicen que lo iban a “estudiar rigurosamente” y han acudido a que las partes  les ofrezcan soluciones, ni el Gobierno ha ofrecido solución a través del informe de la Abogacía, que se espera hace ya una semana. Que la Fiscalía se lave las manos como Pilatos muestra la pereza que manifiesta cuando emite informes tan ligeros por vacuos. 

Nunca una circunstancia tan adversa, como la sentencia del TJUE, ha logrado que tanto el TS como el Gobierno se hallen atrapados en el tiempo  o,  como explica muy bien Alvaro Sánchez Castrillo, en una encrucijada sin ofrecer una solución a un problema que, en mi opinión,  cuánto más tiempo pase puede enquistarse mucho más.

Nunca, como ahora, se demuestra que en la política como en la vida todo es contingente y que nunca, como ahora, deben haber mensajes cruzados y cifrados entre el Tribunal Supremo y el Gobierno para que la separación de poderes no se resienta y para no herirse mutuamente, estando de por medio una investidura y la formación de Gobierno como puede interpretarse de las declaraciones de Margarita Robles de que la Abogacía tiene hasta el 2 de enero para emitir su informe y rechazar las prisas.  

Entendí desde el primer momento de la sentencia del TJUE que el Tribunal Supremo adoptaría la medida de poner en libertad a Oriol Junqueras y que le dejaría acudir de inmediato a  recoger su acta de eurodiputado, que  reconocería su error y aceptaría el mandato de la Justicia europea, sin interpretaciones rebuscadas. Aceptar y aplicar las leyes y el poder jurisdiccional de Europa, cuna de los derechos y libertades, de la que los españoles somos  los más fervientes defensores, parecía lo más plausible y ennoblecía al Supremo. 

Entendía de las primeras palabras de Carmen Calvo de que el Gobierno iba a “ayudar” al TS a resolver este asunto que podía darse un acuerdo soto voce para respetarse en su independencia y buscar una salida valiente de esta emergencia.

Puede debatir hasta el infinito  la dependencia o no, el grado de autonomía de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía  con respecto al Gobierno, pero si el asunto catalán, aún judicializado, se reconoce que primordialmente es un problema político, hay que encauzarlo por la política y el Gobierno les puede dar órdenes, por mucho que chillen las derechas y, a lo mejor con luz y taquígrafos, para que la emergencia política y la riada de declaraciones que lo inunda todo, en estos tiempos de cambio climático, no empeoren.

Las palabras de la portavoz del Gobierno, la ministra Celáa de que “no da instrucciones ad hoc a la Abogacía del Estado, porque se rige por el principio de legalidad” es una salida que no lleva a ninguna parte. El Gobierno tiene que servaliente y mojarse.  

Con estas reflexiones, propongo:

1º) Que se apoye por el Gobierno y se conceda por el TS de forma inmediata la libertad provisional para Oriol Junqueras para que pueda recoger su acta provisional en el Parlamento europeo. Leo que Baltasar Garzón propone la libertad ad cautelam. Opino que el TS debería conceder la libertad sin ningún tipo de restricción confiando plenamente en la responsabilidad de Oriol Junqueras. Esta libertad podría extenderse hasta conseguir el acta definitiva de eurodiputado. Ya lleva más de dos años en prisión, qué menos que coma el turrón, las cocas y buñuelos con sus hijo pequeño. 

2º) Que se facilite por ERC  la investidura de Pedro Sánchez y la formación de Gobierno lo antes posible.

Con estas dos medidas podríamos celebrar la llegada de 2020 con mucho más optimismo, los Reyes Magos nos traerían metales preciosos, desechando el carbón. España por Europa.

3º) Oriol Junqueras tendría que volver  a la cárcel y, después, ya veríamos...

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Felipe Domingo es socio de infoLibre

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