La hora de los ciudadanos

España está, una vez más, en un momento crítico en su historia. No estamos en el año 1976 sino en el 2020, 44 años después, pero no nos vendría mal recordar la Transición y sus consecuencias con la perspectiva que nos da el tiempo y la Historia.

Estamos metidos en una pandemia que ha puesto a prueba nuestra sociedad, nuestra economía y el conjunto de ambos, nuestra política. En la Transición se hicieron cambios fundamentales para pasar de la dictadura a la democracia, con los acuerdos que moderaron al poder económico (que también era el poder social) para adaptarse a nuevos tiempos democráticos; y a la oposición de izquierda que tuvo que abdicar de sus legítimas reivindicaciones de reformas sociales y económicas profundas. Las fuerzas nacionalistas de todos los colores también estuvieron en el cambio y en los acuerdos que se tomaron. Esto es Historia, con los matices e interpretaciones que cualquiera quiera darle. Nuestra realidad de hoy empezó entonces. No es la misma, pero los problemas sociales de los que adolecemos sí se gestaron allí.

Nuestra Constitución asumió la monarquía entronizada por la dictadura franquista e impuesta por ella como el único régimen posible. En su momento debió replantearse este asunto, no se hizo y ahora lo hecho hecho está; la actual crisis de la monarquía española no es ajena a aquel error. En su momento se realizaron, mejor o peor según quien opine, las transiciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo (sin olvidar al Ejército, sobre todo después del intento de golpe de estado del 23F). Nunca se abordó la reforma en profundidad del Poder Judicial… y buena parte de nuestros lodos vienen de aquellos polvos.

Nuestra Constitución del 78 pretendía asentar la democracia en España y, en términos generales, lo hizo; pero el desarrollo de la misma dejó en ciertos aspectos mucho que desear. El Estado de Derecho, el Estado Democrático y el Estado Social, estos eran los pilares básicos que estableció nuestra Constitución y así se pactó, se acordó y se votó. Los dos primeros, mejor o peor (la separación e independencia del Poder Judicial y el político dejan mucho que desear), han salido adelante y se han ido desarrollando hasta nuestros días; no así el tercero.

El Estado Social está basado, en nuestra Constitución, en tres pilares: la vivienda, la educación y la sanidad. La evolución y el desarrollo normativo y político de esos tres pilares básicos ha decaído hasta el caos actual. Analicémoslo:

El derecho a una vivienda “digna y adecuada” y la obligatoriedad para la clase política de establecer “las condiciones necesarias y (...) las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” ha devenido en el desastre actual con un parque de viviendas públicas, donde existían, en manos de fondos buitre y especuladores. Por no hablar de las modificaciones de la Ley del Suelo que han propiciado la ocupación infame de suelo público protegido y el olvido del mandato constitucional: “La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

La educación pública es la base del progreso social y la mejor garantía de la igualdad de oportunidades independientemente de la situación personal o familiar. Desde la modernización de la Educación promovida, en su momento, por el gobierno de Felipe González, la realidad educativa del país solo ha ido a peor y, salvo honrosas excepciones en ciertas autonomías, en general la política educativa de los distintos gobiernos ha propiciado la congelación o la disminución de los presupuestos destinados a la educación pública y el aumento sistemático de los destinados a la educación concertada (es decir, privada). El hecho de que la iglesia católica sea la principal empresa nacional de la educación privada no es baladí y tiene mucho que ver con los errores de la Transición.

La sanidad pública española, antaño considerada (con cierto triunfalismo) como “la mejor del mundo” ha devenido, con el paso del tiempo y los gobiernos, en un sistema semejante al de la educación: privatización y precarización de lo público en beneficio de la iniciativa privada (multinacionales especulativas en no pocos casos). La pandemia del Covid 19 ha venido a poner en evidencia nuestro fracaso en este sentido.

La crisis social y económica actual, propiciada por la pandemia, debería servir para corregir los errores del pasado y dar, por fin, el protagonismo y el beneficio al ciudadano. Es el momento de hacer cambios estructurales que tengan como destino final el blindaje del Estado de Bienestar (educación, sanidad y vivienda) siguiendo, por fin, el mandato constitucional.

Los partidos políticos tienen la obligación de ponerse de acuerdo, como antaño hicieron, para propiciar que la aplicación de las políticas sociales tengan, ahora sí, como destinatarios a los ciudadanos de a pie; y éstos la obligación de exigirlo y cumplir con sus evidentes obligaciones.

Es el momento de unos presupuestos pactados. Es el momento de aumentar el gasto social y, como el dinero no cae del cielo, de aumentar los impuestos: los bancos, las grandes empresas y las grandes fortunas deben empezar a pagar impuestos de verdad. Debe crearse un impuesto sobre el patrimonio y sobre el capital realmente progresivo. Debe generalizarse el impuesto de sucesiones y crear y aplicar, de una vez por todas, una ley de mecenazgo seria, social y con futuro.

No nos queda tiempo. Ni a los políticos ni a los ciudadanos. O nos ponemos manos a la obra, sobre todo los políticos que para eso están donde están y para eso los hemos elegido, o tendremos serios motivos para arrepentirnos antes pronto que tarde. Queda dicho.

Senén Olano Álvarez es socio de infoLibre