Vergüenza ajena

En otros idiomas, la expresión castellana “vergüenza ajena”, no existe y su traducción suele ser algo complicada. La RAE, la define como: “Turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante cometidas por otro u otros”. Es decir, sentir en carne propia lo que pensamos que sentiría esa misma persona si se pudiese ver a sí misma. Es una forma dolorosa de sentir empatía.

Esto es exactamente lo que hemos sentido millones de ciudadanos dentro y fuera de España al enterarnos de las cartas de apoyo y defensa al exministro de Franco y de la Transición, imputado por la jueza argentina María Servini, como responsable de 12 asesinatos de obreros cometidos cuando él era ministro de Gobernación (Interior) y, por tanto, máximo responsable de la policía y fuerzas de seguridad.

Recordar una vez más, que haya sido la Justicia argentina, en la persona de Servini, la que haya asumido la responsabilidad de procesar a los responsables de las matanzas de obreros durante la Transición; lo que coloca a la Justicia española y a sus respectivos gobiernos a la cola de los defensores del Estado de derecho.

Recordar también, que la querella contra el exministro, Martín Villa, es un procedimiento de la Justicia Universal, es decir, prevista para aquellos delitos que por su gravedad no están sujetos sólo a la jurisdicción ordinaria o específica.

Recordar también, que los firmantes de las bochornosas cartas dirigidas a la jueza argentina, los expresidentes del gobierno de España, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, exministro y altos cargos de los gobiernos del PSOE y del PP, se han manifestado de forma reiterada y hasta obsesiva sobre la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes, “la justicia igual para todos” y el “escrupuloso respeto de todo gobernante hacia la acción de la justicia”, cuando ellos estaban en el ejercicio del poder.

Recordar también, que el relator especial de la ONU, para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff, expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un demoledor informe sobre el trato que el Estado estaba dando a las víctimas de la dictadura y, en el mismo, instaba a España a “valorar las alternativas y dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los Derechos Humanos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.

¿Dónde han quedado todos estos principios cacareados durante tantos años? La magistrada argentina, después de escuchar a los familiares y testigos de los acontecimientos sucedidos entre 1975 y 1978; de estudiar toda la documentación existente sobre la actuación de la policía, propia de regímenes fascistas (“Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”. Así se expresaban los mandos de la policía dirigida por Martín Villa), decidió imputar al exministro de la Transición, junto a otros responsables de aquellos sangrientos episodios.

Aquel 3 de marzo de 1976, en un contexto de huelga general en Vitoria, ocurrió la masacre, fueron asesinados por la Policía española cinco obreros, heridos más de 150, en una encerrona en la iglesia a la que se rodeo y gaseó en su interior, previa planificación de la acción, por parte de los mandos policiales. Por todos estos hechos y otros que se especifican en la querella, como el asesinato por la espalda del estudiante Arturo Ruíz, la jueza Servini, considera a Martín Villa “responsable de la represión contra la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976”.

Es en este contexto y sólo en este, donde se dirimen responsabilidades políticas por acciones criminales, ¿a qué viene que, los firmantes de las cartas, destaquen los “supuestos” servicios a la Patria y su “supuesta” contribución a la recuperación de la democracia como “muñidor de consensos”? No se le juzga por sus ideas políticas o por su contribución a facilitar los consensos para posibilitar la Transición (ese es otro debate para la historia de la transición en España), ni porque sea paisano de Zapatero. Se le juzga como responsable de la masacre de Vitoria, como ministro del ramo.

Los argumentos que se utilizan en su favor, son los mismos que se utilizan para defender al presunto corrupto, Juan Carlos I y que se resume en una frase: “Ambos trajeron la democracia a España”, ergo, están exentos de toda responsabilidad. Ya pueden robar, violar, matar, torturar, abusar de menores… Qué más da, ante el sacrosanto altar de la transición! Muy por el contrario, como acertadamente alguien ha señalado, “las cartas de apoyo en defensa de Martín Villa son un burdo y grotesco intento de ejercitar una presión política sobre la jueza Servini, inaceptable desde el punto de vista jurídico-procesal y también democrático”. ¿No quedamos que la justicia es igual para todos? ¿En qué parte de la anterior frase, se dice que excepto para los que contribuyeron a traer la democracia?

Por otra parte, ¿quién ha pedido a estos “ilustres exmandatarios” que declaren como testigos en defensa de un acusado? Si la jueza Servini, considerara relevante el pronunciamiento de los mismos, los habría citado como testigos. No ha sido el caso y, por tanto, lo más seguro es que dichas cartas irán al cubo de la basura porque no son documentos pertinentes en el proceso judicial. Sus autores, una vez más (como ya ocurrió con la defensa de Juan Carlos I) habrán hecho el ridículo porque, entre otras cosas, han olvidado que el españolito de la Transición pedía amnistía para los presos políticos, no para que se perpetúe la impunidad. Lo dicho, vergüenza ajena.

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre