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Carta a Carmen Calvo a propósito de la Cañada Real

Felipe Domingo

Sra. vicepresidenta:

Le aplaudo sin reservas el ímpetu con el que se expresa en la defensa de las instituciones del Estado.

Con asuntos tan graves como la pandemia, en el mes de enero, la borrasca Filomena que nos puso en el mapamundi como noticia de los informativos, ahora la vacunación y las elecciones catalanas, ha pasado a ignorarse, como si no existiera, la problemática de la Cañada, aunque, ¡oh casualidad!, un juez vuelve a tomar una decisión para que no se olvide que 8.000 residentes llevan cuatro meses ya sin electricidad, entre ellos, los grandes perjudicados, los 2.000 niños que viven en ella.

Señora vicepresidenta, la infancia es una institución del Estado. La forman los 8,7 millones de niños y niñas menores de 18 años, incluidos los de la Cañada Real, a no ser que prescindamos de ellos en las estadísticas y así minorar todavía más el bajo índice de natalidad que tiene nuestro país y que se acentúa cada año. Pero además es la principal institución del Estado, porque sin los niños y niñas nuestro país no tiene futuro, como no lo tiene la humanidad. Los que somos mayores nacimos, nos criamos y sobrevivimos como adultos en una dictadura contribuyendo todos, aunque fuera de distinta manera, a levantar España y traer la democracia. Y en ella, en Madrid, capital de España, parte de la noble Europa, esos niños y niñas viven en el abandono y la pobreza más absolutos, ateridos de frío en sus infraviviendas por lo que han escrito muchas cartas con dibujos al Comité de Derechos Humanos de la ONU, al grito de “nos están torturando”, como si vivieran en la más cruel de las dictaduras, cuando ese asentamiento informal, irregular, marginal, ilegal se comenzó a formar en la democracia y ha crecido con ella. Esa nobleza europea por la que ahora abogamos y que no siempre fue tal, es la que nos falta con los niños y niñas de la Cañada Real.

Señora vicepresidenta, el Estado está incumpliendo gravemente los compromisos adquiridos al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, que, tras 10 años de elaboración con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, fue aprobada como tratado internacional por la ONU el 20 de noviembre de 1989. Nuestra Constitución en su artículo 39.4 ya señala: “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos” y la Convención es más que un acuerdo, es un tratado. Y lo afirman los relatores de la ONU, expertos independientes en las áreas de las vivienda, de las personas con discapacidad, de educación, alimentación , sobre el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental, sobre los derechos de los migrantes, sobre las cuestiones de la minoría, sobre la extrema pobreza, sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, los cuales han dirigido al Gobierno las conclusiones y recomendaciones de su visita a la Cañada con frases muy duras, después de recibir esas decenas de cartas de los niños y niñas del poblado en uso de su libertad de expresión.

“La falta de electricidad no solo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que supone un impacto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación”, afirman los relatores. “Ahora que se acerca el invierno (lo escriben antes de la borrasca Filomena) y especialmente durante la pandemia del covid-19 debe restaurarse de inmediato la electricidad”. “Si no se toman medidas contundentes para remediar inmediatamente esta situación, el rezago educativo de los niños y niñas que viven en la Cañada Real va a empeorarse aún más”.

Existen dos visiones ideológicas, que se concretan en las políticas que se ejecutan, sobre la Cañada que, insisto, es un asentamiento levantado en la democracia, cuando necesitamos y vinieron a España emigrantes –el franquismo construyó las Unidades de Absorción Vecinal (UVAS), para cinco años como medio de eliminar el chabolismo y paso previo a una vivienda digna en la época de la emigración interior aunque se extendieron por 40 años–.

Una, la que piensa que las mafias utilizan a los residentes y niños como escudos humanos para mantener y seguir con sus negocios de plantaciones de marihuana, expresada por el Alcalde de Rivas Vaciamadrid, y reforzada solemnemente por Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid: “La proliferación masiva de marihuana es lo que está provocando cortes de luz. Los cortes de luz es (son) consecuencia de la sobrecarga por el cultivo de marihuana que llevan a cabo las mafias”.

Y la otra, la expresada por Olivier Schutter, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y derechos humanos: ”La continua representación estereotipada de los residentes de la Cañada Real como delincuentes sigue un patrón bien conocido en el viejo escenario de la discriminación: vincular las acciones de unos pocos a todo un grupo para deslegitimar su existencia”, que critica además la guerra política que se vive entre las administraciones públicas y la compañía eléctrica Naturgy.

Con la primera se refuerza a la compañía eléctrica en su negocio y muestra la ineficacia del Estado social y democrático para impedir crecer este poblado y su incapacidad para eliminar las plantaciones de marihuana. Se permite por el Estado un bloqueo empresarial que pagan los niños física, mental y socialmente.

A esta política incumplidora de los tratados internacionales, con una ignorancia supina de sus obligaciones, se ha apuntado el juez del Juzgado de instrucción nº 42 de Madrid, archivando la denuncia de los vecinos, “con la indignación controlada de los alegatos”, a la que yo me apunto, de los abogados que defienden los derechos de los residentes de la Cañada y a la que se refiere Albert Camus, en La Caída, donde su protagonista, el abogado Jean -Baptiste Clamence tenía como especialidad la defensa de causas nobles. Porque, escribe Albert Camus, “me apoyaba en dos sentimientos de lo más sincero: la satisfacción de encontrarme en el buen lado de la barra y un desprecio instintivo hacia los jueces en general. Quizás ese desprecio no fuera tan instintivo, después de todo. Ahora sé que tenía motivos”. Aunque para ser justos “ no se puede negar que al menos de momento se necesitan jueces, ¿no es así?” (el retorno a los inquilinos de las 3.000 viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid a un fondo buitre lo ratifica). ¿ Se situarán por encima del señor juez de Instrucción nº 42 de Madrid los jueces de la Audiencia Provincial? ¿ Y el Gobierno? Ante un problema político y solo político, de Estado, que le exige el cumplimiento de los Tratados Internacionales ¿ El Gobierno responderá a la ONU que el asunto está judicializado? Mantener sin luz a 2.000 niños es criminal. Por las guerras sabemos que son los primeros que pagan sus consecuencias. Enredados en la maraña de las hojas de marihuana y las mafias que las cultivan y sustentan no vemos con claridad ni perspectiva el drama que se esconde en la Cañada ni el padecimiento de esos niños y niñas.

Con la segunda visión ideológica, se buscan soluciones a la discriminación, al racismo, para la integración social, a la salud, a la educación, al agua potable y al saneamiento, derechos inalienables de los niños.

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Vaciada de cifras, la alocada y apresurada petición por la nevada de zona catastrófica para Madrid del alcalde Martínez-Almeida, secundada por Isabel Díaz Ayuso, ¿no sería justo y razonable que pidieran la solidaridad de los madrileños para invertir el dinero en la Cañada? De otro modo, se fomentará la desigualdad entre los barrios madrileños y la de los ricos y los pobres. Para muestra, la que se avecina: Madrid Nuevo Norte con una inversión milmillonaria.

Aunque la carta va dirigida a Vd., Vicepresidenta, es al Ejecutivo entero al que le compete intervenir de inmediato. No hay causa que merezca más alta prioridad.

Felipe Domingo es socio de infoLibre

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