El PP se quita la careta

Nunca enterrador alguno conoció tan alto honor,dar sepultura a quien era sepulturero mayor

Joaquín Sabina

“Españoles, Franco ha muerto”. La frase fue pronunciada por Carlos Arias Navarro, a la sazón, último presidente de Gobierno del dictador, conocido como el carnicerito de Málaga por sus responsabilidades en la matanza de Málaga en 1937, cuya imagen, durante la comparecencia televisiva el 20 de noviembre de 1975, recordaba más aun enterrador de las películas de Fellini que a un presidente de Gobierno.

La frasecita se ha repetido una y mil veces durante los últimos 46 años con motivo de diferentes efemérides, análisis sobre el tardofranquismo, la Transición, etc., pero no ha perdido la capacidad de representación iconográfica de un tiempo felizmente superado y que, para cualquier ciudadano español, nacido a partir de aquella fecha le suene a “ciencia ficción” o a un mal sueño.

A partir de ahí, a los españoles nacidos en democracia, poco les importa los detalles posteriores que se produjeron en aquellos días con el cadáver del verdugo de sus padres y abuelos, pero sí es interesante recordar la “estética” que rodeó aquellos días. Cuatro hombres vestidos con uniforme azul eléctrico, mantenían un silencio sepulcral (nunca mejor dicho), mientras rodeaban la boca de la sepultura. Pelo rigurosamente engominado, gafas oscuras de pasta, chaquetas con hombreras. Los cuatro medían lo mismo porque se trataba de equilibrar al centímetro el féretro por si tenían que cargar con él. Quien los seleccionó, se encargó también de que la musculatura respondiera al momento que iban a vivir, al igual que fuerza mental.

Mientras sus incondicionales lloraban la pérdida del hombre elegido por Dios para liberar a España del comunismo y de la masonería, miles brindábamos con champán, cava, sidra, cerveza, vino o agua, el acontecimiento que quedaba sepultado bajo una piedra de 1.200 kilos.

El “Spain is diferent” tuvo su segunda parte con “el atado y bien atado” que pretendía preservar el legado del dictador cuando la democracia, lamentablemente para ellos, finalmente llegara. La democracia llegó, pero arrastrando una pesada carga como sociedad. La presencia del nombre del dictador y de sus secuaces, en plazas, calles, edificios de pueblos, de ciudades, de recintos y, quizás lo más abominable, la presencia del Valle de los Caídos, el valle de la vergüenza, como tumba en honor al dictador, construido con trabajo esclavo para mayor escarnio de los “perdedores de la cruzada”.

No existe en el mundo nada parecido a esta vergüenza, porque el PP siempre se opuso a su traslado y los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero no tuvieron la decencia ni de limpiar las calles de la ignominia, ni que su tumba permaneciera con honores de jefe de Estado en un monumento nacional. La tímida Ley de la Memoria Histórica, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, promulgada por el gobierno de Zapatero, dejaba la puerta abierta para que los ayuntamientos dieran largas y obstaculizaran el cumplimiento de la misma, como así ha ocurrido en todos estos años, después de la promulgación de la ley.

España es, después de Camboya, el país con más desaparecidos del mundo, como consecuencia de la represión franquista. Se calcula que más de 180.000 mil ciudadanos y ciudadanas yacen todavía en las cunetas, reclamados por sus hijos y nietos a la espera de un entierro digno a pesar de la Ley de la Memoria Histórica.

Los familiares del sátrapa y genocida han tenido, durante un año, todas las garantías legales que el Estado de Derecho les confiere para recurrir el acuerdo del Parlamento y del Gobierno, la Ley de la Memoria Histórica, las normas emanadas de un gobierno democrático, las sentencias judiciales y las del Tribunal Supremo. Garantías que el verdugo de miles de españoles jamás concedió a sus víctimas.

El dictador seguirá, no obstante, descansando, tras un entierro digno, realizado por sus familiares, mientras miles de sus víctimas yacen todavía en las cunetas, junto a las carreteras de esta España que le cuesta dignificar a sus muertos caídos por defender la República.

Hay un impagable momento berlanguiano en la tragicomedia del traslado de los restos de Franco. Es aquel en el que su nieto Francis Franco se niega a ser cacheado a la entrada de la cripta de Mingorrubio y estalla: “¡Esto es una dictadura!”. Es la consecuencia de la irremediable afición a utilizar a los muertos como artillería, ya sean actuales o pasados por un partido que práctica la política necrófila y que se ha reforzado desde la aparición de la extrema derecha en el Parlamento.

La palabra “totalitario” ha vuelto al Congreso de los Diputados de la mano de la derecha y extrema derecha. Es el nuevo juguete dialéctico de los herederos del franquismo para quienes totalitarios son los que defienden el independentismo, el gobierno “ilegítimo” de Sánchez, el feminismo, las políticas contra la violencia machista, las medidas contra la pandemia y ¡cómo no!, la globalización, la OMS, la lucha contra el cambio climático, las leyes educativas y, por supuesto, lo más totalitario de todo son los impuestos. Por eso, la trumpista Díaz Ayuso, enarbola el nuevo mantra neofascista: “Comunismo o libertad”.

Ha estado bien que la acción popular haya podido reintegrar el Pazo de Meirás al pueblo (Pardo Bazán, lo celebrará desde su tumba). Ha estado bien sacar los restos del verdugo mayor de Cuelgamuros, por parte de la generación de políticos que no ha conocido la guerra ni la dictadura. Pero hay que recordarlos que, en el siglo XXI, es necesario hacer frente a los neofascistas vivos y a sus compañeros de viaje que desde la alta tribuna de la representación del pueblo, el Congreso de los Diputados, declaran que en España en el 36, no hubo un golpe de estado sino “Un enfrentamiento entre los que querían democracia sin ley y los que querían la ley sin democracia”, con lo cual, no sólo están equiparando al gobierno legítimo y democrático de la II República, con los gobiernos nacidos del golpe militar, sino desautorizando y enterrando toda la historiografía producida durante el siglo XX y el presente. Julián Casanova: “Hay gente que no quiere respetar el conocimiento. Casado se dirige a un público amplio, dispuesto a escuchar que la República no fue un régimen legítimo, lo que nos convierte a los historiadores en sospechosos por decir que sí. Pero no hay debate historiográfico sobre esto. La Guerra Civil la provocó un golpe de Estado. La República no era un imperio sin ley. Hizo reformas profundas en el ejército, para separar la Iglesia del Estado, en la educación, en la aprobación del voto femenino... Si no reconoce eso, está planteando una mentira sobre el pasado. Si además cree que la República destruyó el orden público está legitimando de alguna manera el golpe de 1936, que es la gran mentira del franquismo, decir que aquello era ineludible para limpiar España. Es una gran operación de propaganda que está aquí hace muchísimo tiempo y que no ampara ninguna investigación rigurosa”.

Pablo Casado no ha cometido ningún lapsus, ni ha metido la pata, lo llevaba escrito y bien pensado lo que iba a decir porque cree en ello. El PP han decidido quitarse la careta, y Vox aplaude con las orejas, mientras la UE, “ocupada” con Polonia y Hungría olvida su flanco sur.

                                                          Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre