La Iglesia católica y su jerarquía son insaciables

Su actitud acomodaticia a cualquier tipo de vicisitudes y circunstancias, históricosociales, espirituales y materiales, no tiene fondo. Esta institución eclesiástica es especialista, sobre todo, en llevarse bien con los poderosos de este mundo real y finito, a la vez que consuela a los humildes con la vana y vaga promesa de otro mundo irreal y eterno que les compense de las injusticias y sufrimientos padecidos en aquél.

En los últimos siglos, el “nacionalcatolicismo”, sin el más mínimo rubor, impuso sus principios y dogmas a toda la sociedad, convirtiéndola en una gran secta. Como los tiempos han cambiado, la misma institución utiliza su habilidad de acomodo para intentar seguir manteniendo el mismo poder e influencia sociales de entonces. Pero si antes lo hacía sin disimulo, hoy utiliza técnicas más sibilinas y diplomáticas para infiltrarse por todos los resquicios que una democracia pacata y muy imperfecta le ofrece y facilita...

Ya le tocó al tema de la educación y la enseñanza. Sobre ello ya escribimos largo y tendido. Ahora le toca el turno a la sanidad. La cuestión es no perder negocio.

La Iglesia, entre los poderes fáticos, y las élites políticas conservadoras alardean de tener una ley de leyes, cuyo artículo 1.2 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. (¡Ojo, que no dice “todos”!). Y que en su artº 66 estipula que las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso y el Senado. Pero al momento de concretar sus consecuencias, todo se queda en “papel mojado”, pues hay determinados órganos e instituciones, cuya base jurídica ni siquiera emana de la Constitución, como sucede en estos días con el Comité de Bioética de España.

Este órgano asesor se permite el lujo, no ya de desobedecer una ley aprobada por el Parlamento, sino de intentar “re-crear” con absurdos argumentos el principio individual de objeción de conciencia. Nos estamos refiriendo al informe del citado Comité, creado por Ley en julio de 2007, con el que pretende avalar que hospitales y centros de asistencia sanitarios de la Lglesia católica se exceptúen del cumplimiento de la Ley de Eutanasia sin renunciar al dinero público que, a través de los conciertos, estas instituciones recibe del Estado. Así es este órgano público que se declara independiente y sólo consultivo para los temas relacionados con la ciencia médica y sus implicaciones con la ética... Este es el Comité que debe garantizar que la investigación científica, valorando sus aspectos éticos, responda a los intereses y necesidades de los ciudadanos en general... Cierto es que sus informes no son vinculantes. ¡Menos mal! Pero todos sabemos de la enorme influencia que los informes de esta y otras instituciones (CGPJ, TC, etc.) vinculantes o no, ejercen en la creación de opinión y en los “poderes fácticos”, para imponerlos como ley.

El derecho a una muerte digna, la eutanasia, es debatido y aceptado socialmente casi por un 87% de ciudadanos. Si estos datos son ciertos, cabe deducir que el derecho a la eutanasia está por encima de cualquier ideología política o dogmática religiosa. Es incongruente, pues, que tanto el Comité bioético en 2020 no reconociera tal derecho, como que la Organización Médica Colegial (OMC) antepusiera su Código deontológico a lo establecido en la Ley 3/2021, reguladora del derecho a la eutanasia, aprobada Parlamento en representación de la soberanía nacional. Los números indican que la opinión del Comité constituye un refuerzo ilegítimo de la posición tanto de la Iglesia como la de los grupos políticos de derechas que tienen recurrida la Lly en Tribunal Constitucional. Es la conducta hipócrita habitual de la derecha cuando pierde el poder político...

Es lógico y normal que los derechos se vayan conquistando según evoluciona la sociedad. Es cierto también que en el tema del final de la vida humana la presencia de la Iglesia y muchas de sus instituciones hospitalarias ha sido importante por historia y por tradición. Ambos hechos, por una parte justifican que los poderes públicos regulen la conquista de derechos y, por otra, sean los mismos poderes democráticos los que “recojan el testigo” de la beneficencia y caridad, desarrolladas por las diferentes instituciones religiosas privadas. Lo que no significa que los susodichos poderes públicos entablen una guerra permanente con aquéllas. ¡Al César lo que es del César, y a dios lo que es de dios!

Si bien reconocemos las buenas acciones realizadas desinteresadamente por las órdenes religiosas, también hemos de reconocer los negocios promovidos al socaire de la charitas cristiana. Es esto segundo lo que pone en entredicho el informe y el posicionamiento del Comité de Bioética con sus endebles argumentos. Semejante actitud ocurre en el campo de la educación con la “enseñanza concertada”, por ejemplo.

En el asunto que nos ocupa, la propia Conferencia Episcopal Española (CEE), al ofrecer los datos sobre 850.000 usuarios de las 878 casas de acogida de ancianos y de 69 hospitales de la Iglesia, de alguna manera está reclamando financiación. Además, a esa reivindicación se unen cinco pesos pesados de la asistencia sanitaria: Orden de S. Juan de Dios, Hospitales católicos de Madrid, Orden de Religiosos Camilos, la Conferencia Española de Religiosos y la Federación Nacional Lares. Todo ello es muy de entender. Pero reclamar al Estado con argumentos espurios la falta de patrones y “bienhechores” es como culpabilizarle de que los templos estén cada día mas vacíos de fieles...

Es alucinante intentar establecer y defender, como hace el presidente del Comité, señor F. Montalvo, jurista y profesor en la Pontificia de Comillas, una especie de objeción de conciencia colectiva, aludiendo al concepto “memoria colectiva” de la Ley de Memoria Histórica (2007), o utilizando expresiones de la RAE sólo por el hecho de que el vocablo “conciencia” aparezca para expresar el sentir moral de un grupo determinado ante sucesos concretos... Igual de aberrante es comparar y equiparar la garantía constitucional del ejercicio individual o colectivo del derecho a la libertad religiosa, con el ideario de una institución, y que éste limite la libertad de objetar en conciencia de participar o no en hechos tan trascendentales como la vida o la muerte...

Podríamos rellenar muchísimas páginas para concluir que la objeción de conciencia es individual. La propia teología moral y la dogmática de la Iglesia Católica reconocen la conciencia individual o la individualidad de la misma como el más alto tribunal que debe juzgar ante normas legales, morales o éticas. Por ahorrar al lector se semejante “rollo”, solamente me atendré a citar algunas frases de la psiquiatra Leonor Ruiz Sicilia, cuyo único voto discrepante del informe rompe la “agobiante” unanimidad del Comité ante la ley de eutanasia.

La conciencia moral –dice la doctora- habita de la piel hacia dentro de un ser humano concreto donde es única. En apoyo de su actitud cita el informe en defensa de la objeción individual del Comité de Andalucía, del que es miembro, así como el código ético de la Organización Médica Colegial, que considera que no es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional.

Por el contrario, como también señala el voto disidente, el informe del Comité admite que el ideario (de un centro eclesiástico) pueda imponerse a sus trabajadores, limitando la libertad de éstos, cuando las actuaciones de dichos trabajadores atenten directamente contra dicho ideario, lo que tendría lugar, sin duda alguna, en el caso de la práctica de un acto eutanásico... Sí, en cambio, gozan de esa libertad los trabajadores de las instituciones sanitarias públicas, responsables de hacer efectivo cualquier derecho de los ciudadanos, incluido el derecho a una muerte digna, regularizado por la Ley de Eutanasia, aprobada por casi el 60% de los votos del Congreso de los Diputados. Esta ley, además de no obligar a ningún ciudadano a decidir sobre el final de su vida, tampoco obliga a ningún sanitario a practicar la eutanasia. El artículo 16 de tan citada ley, regula la objeción de conciencia, quizás muy rigurosamente, sin distinguir si tales objetores prestan sus servicios en centros públicos-laicos o privados-religiosos.

De los argumentos precedentes y de otros que pudiéramos aducir alargando excesivamente estas reflexiones, cabe la deducción de que, salvo la autora del voto discrepante, Leonor Ruiz Sicilia, el resto de los miembros del Comité, más que informar científicamente, aprovechan para exponer sus creencias e ideología. ¡Son más papistas que el Papa! Pero, ¡ojo!, que el informe del Comité de Bioética, amén de no ser objetivo, ni es inocente ni desinteresado... Es uno más de los obstáculos, que, junto con otras instituciones dominadas por mayorías ultraconservadoras, están poniendo a la recuperación de la normalidad constitucional y democrática. Como dice el profesor Pérez Royo, las Cortes Generales, representativas del “pueblo español”, expresan mediante la aprobación como Ley Orgánica la voluntad socialmente mayoritaria de garantizar el derecho a una muerte digna como derechos constitucional (“Comité de Bioética y Ley de eutanasia”, elDiario.es de 11-821). Como también indica en el citado artículo, y teniendo en cuenta la forma de actuar la derecha española, y la carencia de valor jurídico del informe, lo mejor es no prestarle demasiada atención. Como es de esperar, ya se encargarán de argumentar los servicios jurídicos del Estado, aunque no me fiaría mucho de ellos...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre