Andalucía

Un juzgado archiva el caso del fraude de los cursos de formación en Jaén

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La jueza de instrucción 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, ha archivado la investigación por el supuesto fraude de los cursos de formación en la provincia. En un auto fechado este miércoles, la magistrada señala que "no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones [...] fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia administración". Y añade: "Resulta manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben", defender la existencia de "finalidades espurias por los responsables de la administración [...], como clientelismo electoral". El archivo supone una buena noticia para el PSOE andaluz en plena campaña electoral. El caso de los cursos de formación es actualmente objeto de una comisión de investigación parlamentaria en la que han comparecido la presidenta, Susana Díaz, y sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El juzgado inició la investigación tras recibir en 2014 un informe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, que exponía la existencia de posibles irregularidades en la concesión de subvenciones por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). A juicio de los investigadores, este fraude se extendía "a todas las provincias andaluzas con vulneración sistemática y en todas y cada una de ellas" de la orden que regula la formación para el empleo en Andalucía.

Según la Policía, los agentes implicados podrían haber cometido fraude en la obtención de subvenciones, estafa, falsedad documental y probables delitos de malversación y prevaricación. La investigación se extendía a 25 entidades perceptoras de subvenciones, en algunos casos de más de 100.000 euros, si bien la jueza expresa sus dudas sobre la forma en que se han seleccionado estas 25 entidades, ya que el total de empresas beneficiarias en virtud de la misma convocatoria de 2010 ascendía a 195. En cualquier caso, las 25 actuaciones recogidas en el informe policial supusieron la concesión de 2,7 millones en ayudas, si bien la Fiscalía ya había rebajado la cifra en un informe de abril de 2016 a algo menos de 600.000 euros.

La Policía partía del examen de los distintos expedientes administrativos en virtud de los que se otorgaban las subvenciones. La investigación supuso una "imputación en escala", en palabras del auto, que alcanzaba a una decena de técnicos de control de dichos cursos, al responsable del servicio de formación para el empleo de la Junta en Jaén, tres jefes de departamento y la directora provincial del SAE en Jaén. Según la Policía, y en una interpretación de los hechos que la juez desestima, la cúpula de cargos y técnicos del servicio "prevarican, falsean o malversan caudales públicos en sus diferentes intervenciones para el otorgamiento de las subvenciones referidas o su control".

La magistrada niega este extremo: "De lo actuado hasta la fecha se deduce que no puede imputarse irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones. Se establecen fases de control, documental y con las oportunas visitas de técnicos sin que se detecten irregularidades relevantes".

Las irregularidades detectables en todos los casos fueron puestas de manifiesto y ninguna de ellas con entidad para solicitar la paralización o finalización del curso, señala el auto.

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Según la jueza, la Junta no ordenó "realizar actuaciones u omitirlas que permitieran que terceros, sin relación probada con la administración más allá de lo que policialmente se expone y no se acredita, se beneficiaran torticeramente de tales fondos". "La actuación de los técnicos examinada no aparece irregular en absoluto", por lo que "parece que no puede imputarse al jefe de servicio o de los departamentos actuación ilícita previamente revisada por quien se encarga de tal función y menos aún la directora provincial cuya actuación solo rubrica la labor previa de examen, control y fiscalización", señala el auto.

La jueza considera "innecesario realizar mayores apreciaciones sobre la inexistencia de fraude generalizado", ya que lo investigado no alcanza el 15% de la totalidad de la cuantía destinada al pago de subvenciones y además la Junta "ha conseguido la restitución de lo indebidamente abonado o está en trance de hacerlo, incluso en vía de apremio".

Por todo ello, el auto ordena el archivo de las actuaciones de los 15 técnicos y cargos de la cúpula de Empleo de la Junta en Jaén. Contra el auto cabe recurso de apelación.

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