El fraude de la formación en Andalucía llega a juicio sin políticos acusados

El dinero público para la formación llegaba a la empresa, pero la docencia no tenía lugar, sino que se simulaba ante la administración. Las horas facturadas se multiplicaban sin justificación real. Clases con un coste real de 20 euros se facturaban a 80. Los requisitos necesarios para recibir las subvenciones se falseaban. Éste es el relato que hace el juzgado de instrucción 3 de Sevilla sobre uno de los supuestos casos de fraude con los cursos de formación de la Junta de Andalucía, un escándalo que –junto con los ERE– lleva años condicionando la vida política en la comunidad. Numerosos juzgados están archivando actuaciones sobre este caso, cuya relevancia penal está por delimitar. Pero no el número 3 de Sevilla, que en su auto de apertura de juicio oral sienta en el banquillo a nueve acusados, que se enfrentan a penas de entre 6 y 12 años de prisión por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. Ninguno de los acusados, que se encuentran en libertad a la espera de juicio, es cargo público o político.

Éste será el primer juicio del caso de la formación en el que se juzgue a los integrantes de una trama supuestamente orquestada para el fraude. La jueza Patricia Fernández afirma que existió una "trama organizada". Un juicio anterior sobre la formación en Andalucía, celebrado en la Audiencia de Málaga, provocó la condena de una única persona, a la que se le atribuyó un delito contra la Hacienda Pública. Ahora tendrá que sentarse en el banquillo de un juzgado de lo penal de Sevilla el empresario José Sivianes, uno de los acusados más conocidos del caso, y otras ocho personas. La jueza Patricia Fernández sitúa a Sivianes en la cúspide de las presuntas maquinaciones defraudatorias.

Insuficientes controles

Entre los acusados de este juicio no hay políticos ni cargos públicos. Lo que describe la jueza Fernández es un fraude contra la administración, no un fraude de la administración. La Junta es parte del procedimiento como acusación particular. Eso sí, el auto anterior –el llamado "de procedimiento abreviado"– señalaba que el fraude fue posible por la debilidad de los controles, ya que la normativa vigente permite que la administración se limite a una "comprobación formal del dinero empleado", entregando el 75% antes de cualquier verificación. "Es decir", añade la jueza, "[se comprueba] que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan [...]". Desde la Junta subrayan que la normativa es similar en toda España.

Por esa rendija administrativa se coló el supuesto fraude, referido a las subvenciones recibidas por la empresa de Sivianes, Formación Integral para el Empleo, que entre 2010 y 2012 captó más de 5 millones de euros, según la jueza. No todo este dinero fue defraudado. "Los cursos se impartieron pero en un coste real del 70% menos de lo documentado a la Junta de Andalucía", dice el auto. Y añade: "Gran parte del dinero defraudado se canalizó a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, la duplicidad en las horas facturadas y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios". El auto de apertura de juicio oral establece fianzas de 1 millón de euros para Sivianes, su esposa –Ana María Rodríguez– y la empresa Formación Integral para el Empleo. Para el resto de acusados la fianza es de 20.000 euros.

Sivianes dice que la Junta le debe dinero

José Sivianes fue uno de los citados en la comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos de formación, que actualmente se encuentra en fase de elaboración de conclusiones por parte de los grupos políticos –PSOE, PP, Podemos, C's e IU–. El día que Sivianes tenía que comparecer, 1 de abril, sencillamente no apareció.

El presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), intentó contactar reiteradamente con él, sin éxito. La inasistencia a una comisión de investigación está tipificada como delito de desobediencia por el artículo 502.1 del Código Penal. Finalmente volvió a ser citado el 10 de mayo y apareció. Al contrario que otros comparecientes imputados penalmente, no se acogió a su derecho a no declarar. Dijo que no había cometido ningún fraude. Es más, afirmó que la Junta le debía "importantes cantidades de dinero".

"Entramado documental"

Según la jueza, Sivianes y sus colaboradores prepararon un "entramado documental" para justificar gastos ante la Junta, en un porcentaje de 80% para profesorado y 20% para gastos de material, y recibir así las subvenciones sin haber realizado más de un 30% de los gastos justificados. José Sivianes, señala el auto, "tenía contratado un contable que sabía justificar cursos de formación". El empresario llegó a tener hasta tres contables.

Una vez cobradas las subvenciones, Sivianes "no estaba obligado a aportar a la administración las facturas sino sólo a [...] presentar un informe de auditoría externa que ellos mismos pagan con cargo a las subvenciones obtenidas". La cuadratura del círculo.

El auto señala que Sivianes disponía de asesores que lo ayudaban a simular la contratación de docentes a través de intermediarios o "moduleros" –testaferros–. De ahí sale el resto de acusados. La jueza apunta también a la estrecha colaboración en el supuesto fraude de la esposa de su cabecilla, Ana María Rodríguez Jesús.

Clases de 20 euros facturadas a 80

La resolución judicial precisa algunas irregularidades. "Si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros", señala. A veces el mismo curso se facturaba por duplicado, según la investigación judicial. Así ocurre en varios cursos de formador ocupacional de 400 horas cada uno, en los que aparecen como docentes varias personas con 400 horas de clase cada una, pero se facturan 800.

Hay facturas reiteradas por alquileres de equipos –como un proyector, por ejemplo– a un coste disparado en relación con el precio de mercado. Hay facturas por productos que en realidad no fueron suministrados por los supuestos proveedores, como unos monitores de 17 pulgadas, según la jueza. Los albaranes, dice el auto, "no reúnen las formalidades mínimas".

Un caso más amplio

La "trama" de Sivianes no abarca, ni mucho menos, todo el caso de los cursos de formación. El fraude se ha dado supuestamente en multitud de formas en Andalucía y otras comunidades autónomas. Concretamente en Andalucía han instruido el caso numerosos juzgados provinciales. La mayoría han archivado. Se han archivado decenas de piezas, estiman fuentes judiciales, un cálculo que comparte la Junta de Andalucía. Esta misma semana un juzgado de Málaga ha archivado cuatro piezas. No obstante, el juzgado 3 de Sevilla ha enviado ya el caso a juicio, aunque sin políticos en el banquillo.

En Huelva la investigación sí afecta a un ex cargo político, el que fuera delegado de Empleo de la Junta en la provincia, Eduardo Muñoz, aunque todavía no ha habido auto de apertura de juicio. La Audiencia Provincial y el juzgado de instrucción de este caso han mantenido posturas discrepantes.

La jueza de Sevilla María Núñez Bolaños instruye la conocida como pieza política del caso, con 24 ex dirigentes del Servicio Andaluz del SAE, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas. Si se produce el archivo –anunciado meses atrás por fuentes judiciales–, la Junta de Andalucía sí disfrutará de un importante respiro.

Distintas instancias, incluidas las judiciales, discrepan sobre el alcance del caso de la formación. La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas han desinflado las tesis de la anterior jueza instructora, Mercedes Alaya, para quien se trataba de una corrupción sistemática destinada a tejer redes clientelares.

Conclusiones de la comisión de investigación

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En el ámbito político, los grupos parlamentarios se encuentran actualmente en proceso de elaboración de sus conclusiones, que deberán entregar el lunes. PP y Podemos quieren llevar la responsabilidad hasta Susana Díaz, la actual presidenta. IU sostiene que existió una responsabilidad colegiada del Consejo de Gobierno, cuya formulación definitiva está aún pendiente, aunque la coalición pone el énfasis en el –a su juicio– fracaso político de la política de empleo e industria de la Junta que revelan los casos de los ERE y de la formación.

La clave es Ciudadanos, socio de legislatura del PSOE. Su postura es que hubo una "responsabilidad política brutal", que podría abarcar hasta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El PSOE niega responsabilidades políticas. La sombra de la frustrada comisión por el caso de los ERE, en la que los grupos fueron incapaces de acordar unas conclusiones, planea ahora sobre esta otra investigación parlamentaria.

En paralelo la Junta de Andalucía reclama 90 millones de euros a beneficiarios de subvenciones por deficiencias en la justificación de ayudas desde 2002, más otros 51 millones en proceso de reintegro, según datos de la Consejería de Empleo.