Andalucía
La Audiencia Provincial reabre la investigación por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar
La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, según ha informado Europa Press.
La Sección Séptima de la Audiencia ha dictado un auto de unas 50 páginas en el que estima el recurso interpuesto por la empresa Emerita Resources España, que perdió el concurso, contra la resolución en la que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla archivó la causa.
Tras deliberar sobre el asunto el pasado 13 de mayo, la Audiencia Provincial, en un recurso del que ha sido ponente la juez Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que ordena a la juez instructora, Patricia Fernández, que practique una serie de diligencias.
En este sentido, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha explicado en un comunicado que el auto requiere de la juez que "continúe investigando el asunto exclusivamente desde el punto de vista de si la Administración haya cumplido el procedimiento administrativo de contratación", de forma que "la investigación se ciñe exclusivamente a cuestiones administrativas, nada más, y no existen caudales públicos afectados".
En este contexto, precisa que el auto de la Audiencia Provincial se centra en que la juez de Instrucción "solicite, por tercera vez, un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ya que las dos veces anteriores no fue contestado su requerimiento por este organismo de la Administración del Estado". De esta forma, precisa que la Audiencia "estima una sola prueba de las solicitadas por Emerita".
La Junta señala que el auto "no afecta en modo alguno a su adjudicación, ni suspende la actividad industrial y minera que allí se está desarrollando", manifestando su "absoluto respecto" a las decisiones de la Administración de Justicia y expresando su "total colaboración" para la aclaración de los hechos, "tal y como ya hiciera en el pasado y continuará realizando en el futuro", en aras de una "máxima transparencia".
No hay prevaricación
En de diciembre de 2015, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla confirmó el auto de 6 de noviembre en el que archivó la causa abierta sobre la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, rechazando así los recursos presentados tanto por la empresa Emerita Resources España como por el sindicato Manos Limpias, a los que se opusieron tanto la Junta como la propia Fiscalía.
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La juez asevera que, "por más que las recurrentes tilden de prevaricación las decisiones basadas en presunta relación de amistad con la parte beneficiada por las resoluciones administrativas cuestionadas, lo cierto es que, en cuanto al delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, conviene recordar que en este procedimiento penal se pretende obtener una fiscalización penal sin que pueda dejar de tenerse presente el principio de intervención mínima del derecho penal".
La magistrada incide en que "las decisiones controvertidas lo fueron mediante acuerdos adoptados por unanimidad en el seno de la mesa de contratación y de la Comisión técnica", mientras que "para sustentar la imputación de un delito de prevaricación habría de acreditarse la existencia de un concierto entre todos los miembros de los dos órganos citados: Mesa y Comisión, con el fin de arbitrariamente favorecer con sus decisiones la adjudicación de la explotación de los recursos mineros de la reserva de Aznalcóllar a Minorbis".
En este sentido, recuerda que citó a declarar como imputadas a siete personas, entre ellas la que fuera directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, todo ello al "apreciar ciertos indicios que así lo justificaba", al mismo tiempo que rechazó "el resto de solicitudes que genéricamente se habían venido formulando".
