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Andalucía

El Parlamento andaluz aprueba la ley del PP-A que obliga a 274 altos cargos a publicar su IRPF

  • Dicha declaración se efectuará en el plazo de dos meses desde la fecha de la toma de posesión, cese o modificación de las circunstancias de hecho
  • La confluencia IULV-CA ha sido la única que ha optado por la abstención

infoLibre Publicada 23/11/2016 a las 19:32 Actualizada 23/11/2016 a las 20:36    
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El vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, conversa con los portavoces del PP, Carmen Crespo, y de Ciudadanos, Juan Marín.

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, conversa con los portavoces del PP, Carmen Crespo, y de Ciudadanos, Juan Marín.

EFE
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con la única abstención de IULV-CA y el voto a favor del resto de los grupos, una proposición de ley del PP-A que recoge que 274 altos cargos de la Junta y otros altos cargos públicos están obligados a presentar en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones las autoliquidaciones tributarias del último ejercicio económico declarado correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, en su caso, al Impuesto sobre el Patrimonio, según ha informado Europa Press.

Ambas serán objeto de publicidad en el Portal de la Junta, salvo en aquellos extremos que afectan al derecho de intimidad de las personas que figuren en las mismas y que serán determinados reglamentariamente, según se recoge en la citada iniciativa.

La norma aprobada supone una modificación del artículo 12 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, referente al plazo para efectuar la declaración, obligación de aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y régimen de publicidad de la misma.

Dicha declaración deberá presentarse en el plazo de dos meses desde la fecha de la toma de posesión, cese o modificación de las circunstancias de hecho, y los altos cargos públicos, en el momento de la toma de posesión, o en el plazo de dos meses desde que se produjera el cese o modificación de las circunstancias de hecho.

De la misma manera, en virtud de la norma aprobada, antes del 1 de agosto de cada año natural, los altos cargos públicos deberán presentar en el ya mencionado registro las autoliquidaciones tributarias íntegras del último ejercicio económico declarado correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, al Impuesto sobre el Patrimonio.

Fomentar la calidad de la democracia

Jaime Raynaud, diputado del PP andaluz, ha agradecido las aportaciones que el resto de formaciones han realizado al texto propuesto por su grupo y ha destacado que durante el trámite parlamentario han aceptado siete enmiendas presentadas, tres del PSOE-A, tres de Ciudadanos y una de Podemos, unas aportaciones que han "mejorado el texto".

Ha explicado que esta normativa pretende fomentar la calidad de la democracia como objetivo básico de la comunidad, así como también equiparar a los altos cargos de la Junta, "que son los primeros gestores de los fondos públicos", con los diputados del Parlamento, que están obligados a presentar su IRPF, publicado en el Portal de la Cámara andaluza.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha señalado que en este tipo de debates "tiene que primar la pedagogía frente a demagogia". Se trata, según ha señalado, de un debate sobre la transparencia, una materia en la que Andalucía se sitúa por delante del resto de comunidades. En su opinión, este proyecto de ley es también una oportunidad para que los cónyuges de los altos cargos puedan presentar sus declaraciones de la renta, como hacen los cónyuges de los miembros del Consejo de Gobierno de Andalucía.

Begoña Gutiérrez, diputada de Podemos, ha dudado de que los populares quieran acabar con la falta de transparencia, dado que "está inmerso en numerosos casos de corrupción". Además, ha aprovechado para advertir de que las comisiones ilegales que algunos excargos públicos han cobrado, poniendo el ejemplo de Luis Bárcenas, Jaume Matas o Francisco Javier Guerrero, "no vienen recogidas en las declaraciones del IRPF".

El parlamentario de C's Julio Díaz ha asegurado que los cargos públicos están obligados a "rendir cuentas" ante una sociedad "que nos está observando" y ha considerado que esta propuesta de ley ha sido tramitada "desde la responsabilidad" y hace avanzar en un camino "obligado" que no solo requiere mayor transparencia en la gestión pública y en la acción de gobierno, sino también un "reencuentro" con la ciudadanía en el fortalecimiento de la política y de las instituciones públicas.

Por último, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA (único grupo que se ha abstenido), Elena Cortés, ha defendido las enmiendas de su grupo que han llegado vivas a este debate, pero que finalmente han sido rechazadas con el voto en contra de todos los grupos, excepto Podemos. Se pretendía, con algunas de ellas, poner freno a las "puertas giratorias" y a los paraísos fiscales.
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