El Gobierno descarta paralizar el almacén de gas de Doñana

La agencia estatal de meteorología da lluvia para este sábado en Almonte (Huelva), donde se encuentra El Rocío. En esta aldea, famosa por su romería, la Plataforma Salvemos Doñana ha convocado una manifestación en contra del proyecto gasístico en la gran joya natural andaluza. Los promotores son optimistas en cuanto a la asistencia a pesar de la amenaza de lluvia. "Doñana no se toca" será previsiblemente uno de los lemas más repetidos. Y el mensaje central, el propósito anunciado por los convocantes, es que hay que lograr la "paralización" de los trabajos. ¿Es tal cosa posible? Técnicamente sí, pero por motivos jurídicos, técnicos y económicos es difícil que ocurra una interrupción de las tareas en marcha, a no ser que así lo decida Gas Natural.

A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital afirmó que no hay motivo para la paralización, que queda de momento descartada: "En el ámbito de actuación del ministerio, no se tiene constancia, a fecha de hoy, de ningún incidente técnico que pudiera justificar su paralización".

Gas Natural Fenosa tiene la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central y la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para realizar los trabajos que ya ha iniciado. Éstos cuentan además con una declaración oficial de "utilidad pública" del antiguo Ministerio de Industria, que autorizó a la compañía a inyectar gas en el subsuelo. El Gobierno considera estratégica esta actividad.

Cosa distinta es si Gas Natural podrá desarrollar su proyecto entero; es decir, no sólo la fase que ya empezado, sino las cuatro. ¿Por qué? Dos de las cuatro fases no tienen autorización de la Junta de Andalucía. La empresa, que decidió empezar las obras sin permisos para concluirlas, intentará ganar la batalla en los tribunales para acometer el proyecto completo.

La paralización de los trabajos actualmente en desarrollo sería técnicamente posible si el Ministerio de Energía abriera expediente a Gas Natural-Fenosa, por ejemplo por incumplimiento de las condiciones de la explotación gasística, pero no hay constancia de que tal cosa haya ocurrido. Una opción más taxativa sería la aprobación de un real decreto de medidas urgentes, similar al aprobado en octubre de 2014 para paralizar la actividad de gas Castor, entre Tarragona y Castellón. Este proyecto resultó un desastre. Bruselas investiga la indemnización de 1.350 millones del Estado a una filial de ACS. La infraestructura llegó a provocar terremotos. El Gobierno (PSOE) fue condenado por saltarse trámites ambientales. No obstante, en los trabajos que desarrolla Gas Natural en Doñana no se dan estas circunstancias. Los detractores argumentan que hay riesgo, pero aún no se ha producido el daño. Sería una paralización preventiva, de difícil encaje.

Posibles indemnizaciones

"Caso de que la paralización o suspensión fuera efectiva, habría sin lugar a dudas consecuencias indemnizatorias", señalan a infoLibre desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que se declara no competente para realizarla. El Gobierno andaluz ya ha sido demandado por Gas Natural por más de 350 millones por –según la compañía– obstaculizar el proyecto con sus cambios de criterio.

La compañía advierte de que adoptará siempre todas las medidas que considere necesarias para hacer valer sus derechos. Si se paralizan los trabajos, Gas Natural intentará retomarlos en vía judicial y exigirá indemnización. Lo mismo si no obtiene finalmente la autorización autonómica para el proyecto completo.

La opción del conflicto de competencias

Otra opción sería que la Junta de Andalucía planteara ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de competencias, si se entendiera que al autorizar dos fases del proyecto que implican meter un gasoducto en el espacio protegido del Parque de Doñana el Gobierno está vulnerando el artículo 57 del Estatuto de Autonomía, que establece la competencia regional sobre espacios naturales protegidos. Fuentes jurídicas de la Junta descartan totalmente esta vía. Asumen que la Junta sufriría una "derrota segura". Estas fuentes ponen como ejemplos que apuntan en esta dirección la anulación por parte del TC de la ley catalana contra el fracking y del reglamento canario para consultar a la ciudadanía sobre prospecciones petrolíferas. El TC es incisivo en la defensa de la competencia del Gobierno en la planificación económica, y el gas se considera una actividad estratégica, indican estas fuentes.

A preguntas de este periódico, también se declara no competente para la paralización el Ministerio de Medio Ambiente, que según algunas interpretaciones legales podría frenar los trabajos invocando la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 para reconsiderar los riesgos del proyecto, que no han sido analizados globalmente. "El seguimiento de las condiciones establecidas en las declaraciones de impacto ambiental no es competencia de este Ministerio, que no tiene atribuidas funciones para paralizar los trabajos", señala el departamento que dirige Isabel García Tejerina.

Un gasoducto de 72 kilómetros

Los planes de Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural-Fenosa, consisten primero en la extracción del gas natural que queda en el subsuelo de la zona y luego en la utilización de estos yacimientos para almacenar su propio gas. Es decir, se trata de la conversión de un yacimiento natural en un yacimiento industrial, aprovechando la estanqueidad del subsuelo por su sellado geológico. Ello requiere un red de gasoductos de 72 kilómetros que se adentra en el Espacio Natural de Doñana, con el inevitable riesgo de fuga.

Gas Natural lleva extrayendo gas del entorno de Doñana desde hace casi 30 años, sin que se conozcan accidentes relevantes. Pero inyectar gas es un salto cualitativo en su actividad, que implica la posibilidad –no la certeza– de que se produzcan alteraciones sísmicas, como ocurrió con Castor.

Impulso fundamental en 2011

El proyecto gasístico en Doñana recibió un impulso fundamental en 2011, cuando el entonces ministro de Industria, el socialista Miguel Sebastián, adaptó la autorización de extracción de Gas Natural para permitirle también el almacenamiento. El Ministerio de Medio Ambiente, ya con el PP, culminó la autorización global del proyecto en 2013. En marzo de este año el entonces ministro de Industria José Manuel Soria declaró la primera fase del proyecto "de utilidad pública", lo que precipitó el inicio de los trabajos.

De hecho, los trabajos avanzan. Gas Natural ya ha sustituido el 80% de los 5,2 kilómetros de gasoductos que prevé renovar en la primera fase; es decir, 4,16 kilómetros. Así lo confirmó oficialmente la compañía a este periódico. "Las tareas que quedan por concluir son trabajos de revestimiento y puesta en zanja y relleno y tapados", según Gas Natural.

Una evaluación conjunta

El problema para Gas Natural es que la Junta de Andalucía decidió en 2013, con PSOE e IU en el Gobierno autonómico, suspender la parte de la tramitación que le corresponde y solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que realizase su evaluación de impacto ambiental para el conjunto del proyecto. Aquí hay un quid de la cuestión. Para facilitar su tramitación ambiental, Gas Natural troceó el proyecto en cuatro partes: Marismas Occidental –que es la fase que ha comenzado, y la única por tanto que se podría paralizar–, Aznalcázar, Saladillo y Marismas Oriental. Las dos primeras no invaden el Espacio Natural. Las dos últimas sí.

La compañía tiene la autorización estatal –la llamada "Declaración de Impacto Ambiental" favorable– para los cuatro subproyectos, que han sido evaluados aisladamente. Pero la Consejería de Medio Ambiente sólo ha dado luz verde a dos de ellos, Marismas Occidental y Aznalcázar. La autorización ambiental autonómica ha sido denegada a Marismas Oriental por invadir el Espacio Natural. En cuanto a Saladillo, no necesita la autorización de la Junta por un formalismo legal, pero en cualquier caso carece del preceptivo permiso del Espacio Natural de Doñana. Cuando los manifestantes reclamen este sábado "paralizar" el proyecto, se referirán en rigor a: uno) detener las labores en Marismas Occidental, cosa muy difícil porque están autorizadas; dos) impedir el inicio de los trabajos en el resto de fases.

Gas Natural no tiene todos los permisos para desarrollar su proyecto completo. No obstante, lo ha empezado, en una estrategia de hechos consumados. La compañía ha empezado aquella fase que sí tiene autorizada y, en paralelo, ha demandado a la Junta de Andalucía por hasta 358,7 millones de euros al considerar que sus cambios de criterio han lesionado los intereses de Gas Natural. El futuro del proyecto está abocado a dirimirse en los tribunales.

Movilización social

Mientras tanto, los ecologistas solicitan la paralización de la fase iniciada. Y lo hacen cada vez a mayor volumen. La plataforma Salvemos Doñana, convocante de la manifestación de este sábado, gana cada semana en visibilidad y adhesiones. La Iniciativa Social por Doñana está reuniendo con éxito apoyos entre personalidades de la cultura, caso del escritor José Manuel Caballero Bonald y el bailarín Israel Galván, que han grabado vídeos de apoyo a la causa. Las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han hecho bandera de su oposición al proyecto, al igual que Podemos e IU, que no sólo percuten contra el mismo en Andalucía, sino también en Madrid y Bruselas. El Parlamento de Andalucía pidió la paralización cautelar del proyecto con los votos a favor de todos los grupos excepto el PP, que votó en contra. Más de 150 ayuntamientos han aprobado una iniciativa en defensa de Doñana, según IU.

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La situación es incómoda para el PSOE. A pesar de que el presente Gobierno autonómico se ha opuesto al proyecto, al princpio las autoridades andaluzas evitaron pronunciarse contra la tramitación a lo largo de los procesos burocráticos. Y el PSOE ha impulsado el proyecto cuando ha gobernado en Madrid. Alcaldes socialistas de las zonas afectadas estarán previsiblemente este sábado en la manifestación de El Rocío.

Allí se gritará que "Doñana no se toca" y se pedirá la paralización de los trabajos. Aunque la petición debe formalmente dirigirse al Gobierno, la oposición en Andalucía ha puesto también en el foco en el PSOE y a la presidenta Susana Díaz, sobre todo a raíz de la abstención socialista en la investidura de Mariano Rajoy. "A quien le pedimos que pare los trabajos es al Gobierno, pero a la Junta le reclamamos también que busque cualquier resquicio y que tenga iniciativa en defensa de Doñaña", señala Juan José Carmona, portavoz de WWF en Doñana.

La empresa opta por un perfil discreto para responder a preguntas de este medio. ¿Se plantea la empresa la posibilidad que los trabajos se paralicen? "No nos hemos planteado, en este punto, esta cuestión". ¿Se ha dirigido alguna administración a la empresa? "La empresa, bajo el principio de prudencia administrativa, declina pronunciarse al respecto".