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Caso ERE

Griñán pide su absolución en los ERE porque "nunca" intervino en la concesión de las ayudas

  • En su escrito de defensa, su pone de manifiesto que "no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda"
  • A su juicio, "en ningún caso es posible abrir juicio oral contra Griñán por un fabulado delito de asociación ilícita"

infoLibre Publicada 20/12/2016 a las 22:21 Actualizada 20/12/2016 a las 22:22    
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Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

EFE
El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha solicitado su libre absolución dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos porque "nunca" intervino en la concesión concreta de las ayudas.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Griñán, José María Mohedano, pone de manifiesto asimismo que "no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda".

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el ex presidente seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

El abogado de Griñán inicia su escrito abordando como cuestión previa la acusación "sorpresiva" por un delito de asociación ilícita realizada por el PP-A, señalando que "durante la instrucción de la presente causa penal en ningún momento se le ha atribuido" a su cliente dicho delito.

"Después de concluida la instrucción no se puede tolerar que una acusación particular o una acción popular, cual es el PP, se permita incluir en la acusación hechos nuevos sin que previamente se le haya comunicado al investigado el hecho punible cuya comisión se le atribuye ahora y sin que sea oído por la autoridad judicial y pueda exculparse de los cargos contra él existentes", asevera el letrado.

A su juicio, "en ningún caso es posible abrir juicio oral contra Griñán por un fabulado delito de asociación ilícita", por lo que reclama la anulación de dicho auto en el punto concreto donde autoriza la acusación contra el ex presidente de la Junta por un delito de asociación ilícita del que "indiciariamente" le acusa el PP-A.

A continuación, el abogado niega los hechos que atribuyen a su patrocinado tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones populares y apunta que "no puede ser cierto" que, siendo titular de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobara la modificación presupuestaria de 16 de marzo de 2004, ya que en esa fecha no era el consejero del ramo.

"Se trata de alguno de los errores garrafales que, una vez más, las acusaciones pública y populares incluyen y repiten en sus escritos de acusación", expone el abogado, que recuerda que, por medio de un auto dictado el 24 de junio de 2015, el magistrado instructor de la causa contra los entonces aforados en el Tribunal Supremo apuntó que, "a menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor" de un delito de malversación.

El magistrado del Supremo añadía para justificar lo anterior que "no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas".

Niega el delito de malversación

"Desde la fecha del mencionado auto, no se ha acreditado por el Juzgado Instructor de Sevilla ninguna nueva investigación en relación con la posible participación de Griñán en un delito de malversación, puesto que nunca intervino en la concesión concreta de ayudas ni se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era competencia de su Departamento de Hacienda", subraya Mohedano.

A ello se suma, según añade el letrado, que el auto por el que se formaliza la pieza del denominado procedimiento específico "establece que se investigue un eventual delito de prevaricación, sin hacer mención expresa de la malversación".

El abogado asevera, asimismo, que el ex presidente "no aprobó nunca, como consejero, modificación presupuestaria alguna, ya que, durante su periodo de mandato, todas las modificaciones presupuestarias fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno", señalando que todas las modificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno fueron elevadas al mismo por Griñán porque "contaban con el informe favorable" de la Dirección General de Planificación y Fondos Europeos, de la Intervención General de la Junta y de otros centros directivos.

Por ello, "la única actuación que adopta el consejero de Economía y Hacienda es puramente formal: su elevación al Consejo de Gobierno contando previamente con todos los informes favorables que ordena la legislación". Asimismo, manifiesta que, en el proceso de elaboración del anteproyecto del presupuesto, el consejero de Economía y Hacienda "no dicta resoluciones", sino que "su trabajo es coordinar el proceso y la elaboración final de un anteproyecto que eleva al Consejo de Gobierno para que éste decida su transformación en proyecto de Ley y su remisión al Parlamento andaluz".

A efectos de la imputación realizada a su patrocinado, el abogado dice que "no se trata de rebatir, en esta ocasión, la legalidad o ilegalidad del procedimiento (es decir, de las transferencias de financiación), sino de partir de una afirmación concluyente", y es que "el encargado de controlar internamente la legalidad de los actos administrativos de una Administración Pública es la Intervención, y en este caso, la Intervención General de la Junta ha afirmado reiteradamente que el procedimiento de las transferencias de financiación era legal".

Según agrega, "todas las actuaciones del consejero de Economía y Hacienda y del Consejo de Gobierno de la Junta se adoptaron partiendo de que el máximo órgano de control interno de la Administración autonómica consideraba legales las transferencias de financiación y, por consiguiente, no inició en ningún caso los procedimientos que le corresponderían haber actuado en el caso de considerar lo contrario".
Al hilo de ello, y tras recordar la declaración del exinterventor general Manuel Gómez ante la juez, asevera que "las presuntas irregularidades no estuvieron, pues, en el presupuesto, ni en las transferencias de financiación, ni en las modificaciones presupuestarias sino, de existir, en la concreta gestión del gasto del programa presupuestario 31L".

En esta línea, afirma que "nunca se elevaron" a su patrocinado los informes de cumplimiento del año 2003 ni el informe adicional del año 2005, "y hay datos y pruebas de que ni se elevaron ni fue informado de los mismos porque en ningún momento se proponía su actuación".

Para finalizar, argumenta que, "al no haber cometido actividad ilícita de clase alguna no procede la responsabilidad civil solicitada" contra Griñán, y que asciende a 741 millones, y asevera que, además, "nunca se podría determinar la cuantía de las defraudaciones porque los hechos respecto a las malversaciones derivadas de las adjudicaciones o ayudas que pudieran constituir delito sólo se van a enjuiciar en las aproximadamente 200 piezas separadas relacionadas con las sobrecomisiones, adjudicaciones supuestamente delictivas o intrusos".

"Hasta que no se dicten las sentencias de todas estas piezas no se puede prejuzgar en este procedimiento, en el que no se enjuician estos hechos ni si hubo o no hubo fraude y el importe del mismo porque todo ello corresponde a la investigación y enjuiciamiento caso por caso en el resto", expone el letrado, que entiende que "no se sabe cuál ha sido el importe del supuesto fraude dados los errores conceptuales básicos del escrito del fiscal y de las acusaciones populares".

A su juicio, "la mayor parte del gasto no tuvo un destino fraudulento", añadiendo que "de un fraude de 741,6 millones establecido por la Fiscalía, se pasa a una cantidad máxima objeto de investigación de 80,8 millones, un 10,9 por ciento".

El letrado, por último, pide que declaran en el juicio como testigos, entre otros, el ex presidente del Parlamento Manuel Gracia o el ex presidente y ex portavoz del Grupo Parlamentario Socialista José Caballos.


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4 Comentarios
  • Tesago Tesago 21/12/16 13:37

    Pues claro, el presidente y responsable, era yo mismo, bueno y también el que cobraba, faltaria.

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  • Alfar Alfar 21/12/16 08:07

    Creiamos que era un tonto con aires de santurron y resulta que es un cinico. Hay que exonerarlo, porque al parecer el fraude fue solamente de 80,8 millones. Ah bueno, entonces no tiene importancia. Hay que ver, las cosas que tenemos que aguantar, mientras nos enteramos de que las pensiones van a subir de media, menos de 3 euros. Las nuestras claro, porque la suya, como expresidente de la Junta de Andalucia, seguro que aumenta mucho mas.

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    • Antonio Basanta Antonio Basanta 21/12/16 10:13

      ¿Quien le ha dicho que no tenga importancia? No lo dice el abogado de Griñán, entonces ¿De donde lo saca usted?. Lo que dice el escrito es que no se le puede acusar de un fraude de 741 millones cuando las acusaciones de fraude llegan a un máximo de 80 millones que al final quedaran en unos diez millones. El escrito del abogado dice que se persiga a los que lo robaron, a los intrusos, a los que lo defraudaron, a los que propiciaron ese fraude y a los que se lo llevaron pero si mas del 90% de las ayudas fueron legales (el primer caso el de la Azucarera de Jaen ya visto) ¿Como va a ser un procedimiento ilegal que concede ayudas a los ERES que son legales de las que se beneficiaron justa y legalmente miles de trabajadores y que desde luego son menores que las ayudas por ERES, por ejemplo en Cataluña y Madrid que multiplican por 4 las ayudas en los ERES en Andalucia?

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      • korrosivo korrosivo 21/12/16 10:59

        Lo que no parece del todo legal no son las ayudas propiamente dichas, sino el sistema de provisión de fondos mediante "transferencias de crédito" que, por un lado, hacían que las ayudas llegaran más rápido a los beneficiarios, pero que, por otro lado, producían el efecto perverso de hurtar las ayudas a la fiscalización de la intervención de la Junta de Andalucía, permitiendo por tanto el fraude de los aprovechados. Que Cháves y Griñán fueran los instigadores del "sistema" de ayudas es tan improbable que es más que posible que salgan del asunto mejor parados de lo que espera la caverna PePera. Recemos por que ningún ladrón se escape con bien de este proceso, que empezó con unas pocas docenas de millones defraudadas, cifra que, por no resultar especialmente escandalosa en un país de ladrones, fue artificialmente inflada por el "camarada" Arenas y los suyos hasta "miles de millones de los parados", para quedar en lo que realmente es: un saqueo generalizado ante la falta de mecanismos de control. Es posible que los ex presidentes se libren de ésta pero, incapacitados para la política por su ineptitud en la gestión de los dineros público, lo están. Y merecen toda nuestra censura: mucho antes debieron dimitir y largarse.

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