Los profesores de la Universidad de Sevilla piden el cese del decano de Educación por defender al catedrático abusador

La sentencia por abusos sexuales y lesiones psíquicas en la Universidad de Sevilla, que ha destapado un poder omnímodo de un catedrático que humillaba a sus subordinadas sin que nadie alzara la voz, está generando una onda expansiva en la mayor institución académica de Andalucía. Y ahora son los propios profesores e investigadores de la Hispalense los que quieren que los responsables institucionales durante los años de calvario de las víctimas paguen un precio.

La Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla ha aprobado una dura declaración conjunta. Al igual que hizo el rector, Miguel Ángel Castro, los profesores piden "perdón" a las tres víctimas de los abusos de Santiago Romero, el catedrático y ex decano de la Facultad de Educación que convirtió su experiencia en la Universidad en un infierno. Pero además apuntan alto en la exigencia de responsabilidades.

En la declaración, suscita también por el comité de empresa de los profesores e investigadores, denuncian una "deficiente actuación" de tres sucesivos rectores, a los que exigen "responsabilidades"; afirman que la inacción fue total hasta que los sindicatos se movieron; lamentan la desprotección de las tres profesoras atacadas durante todo el tiempo que duró el proceso judicial; exigen la apertura de unainvestigación interna. Y, como colofón, piden al actual rector que cese al decano de la Facultad de Educación y sucesor de Romero, Juan Manuel de Pablos Pons, por no haber defendido convenientemente a las víctimas. infoLibre ha solicitado una valoración al decano, que aún no ha dado respuesta.

"Desde el actual Decanato de la Facultad de Educación y desde la actual dirección del Departamento de Educación Física y Deporte no se ofreció el apoyo necesario a las víctimas e incluso se promovió la defensa del abusador", afirma el texto.

"Lamentamos el encubrimiento, el silencio y el apoyo que el abusador ha estado recibiendo durante años de algún personal de su Facultad, cuando se era consciente de sus prácticas despóticas y abusivas", señala la declaración conjunta, que exige responsabilidadesal director del Servicio de Prevención, "al no recomendar la aplicación de las medidas cautelares necesarias"

El juzgado de lo penal 2 de Sevilla, en una sentencia de 29 de diciembre, condenó a Santiago Romero, de 67 años, a siete años de prisión por delitos de abuso sexual y lesiones psicológicas cometidos entre 2006 y 2010. Romero fue decano entre 1997 y 2009. El fallo –que no es firme– impone además una indemnización de 110.000 euros para las víctimas, con la Universidad de Sevilla como responsable civil subsidiaria. El condenado, según la sentencia, humillaba y acosaba a las víctimas, haciéndose valer de su poder sobre ellas y sus carreras, que quedaron destrozadas. Las profesoras denunciaron los hechos ante la Universidad, que abrió un expediente y lo cerró al judicializarse el caso.

"Cuando se tomaron medidas cautelares no fueron las adecuadas, ya que no se suspendió al abusador de empleo y sueldo (como se exigió reiteradamente desde las denunciantes y los sindicatos), y se trasladó a las valientes compañeras, víctimas de los abusos, a otras universidades. Además, se le concedió un año sabático al abusador y se dividió el Departamento de Educación Física y Deporte (donde se produjeron los abusos) en dos subdepartamentos (A y B), de manera que el abusador siguió manteniendo su posición de poder y campando a sus anchas por nuestra Universidad", explica la declaración conjunta, que añade: "Aunque separaron el horario de clases de la compañera víctima que siguió trabajando en nuestra Universidad y el del acosador, en turno de mañana y tarde, esto no impedía, como sucedió en ocasiones, que pudieran encontrarse por los espacios comunes". Los profesores y representantes sindicales piden que Romero sea expulsado de la Universidad. Ahora está suspendido y tiene prohibida la entrada, pero percibe el 75% de su sueldo tiene opciones de regresar.

"Exigimos responsabilidades a todos los gestores implicados de nuestra Universidad", señala la declaración, que denuncia que "no se tomó ninguna medida hasta que se convocaron dos concentraciones y se hicieron públicos varios comunicados sindicales exigiendo medidas cautelares para evitar que continuaran los abusos en nuestra Universidad, protegiendo así a las denunciantes y a otras personas que pudiesen estar padeciendo la misma situación". El sindicato protagonista de aquellas movilizaciones fue el SAT.

Un homenaje a las víctimas

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"El rector debe reconocer públicamente que los anteriores rectores entre 2010 y 2016 y sus equipos de Gobierno se equivocaron y no actuaron con la debida diligencia y contundencia", recoge la declaración. Los rectores han sido: Miguel Florencio (1996-2008), durante cuyo mandato empezaron los abusos pero sin que hubiera aún denuncia, por lo que queda fuera de la exigencia de responsabilidades; Joaquín Luque (2008-2012), contra el que las víctimas dirigen sus críticas más duras; Antonio Ramírez de Arellano (2012-2015), actual consejero de Economía socialista, del que las profesoras que denuncian abuso afirman que actuó mucho mejor que sus antecesores; y Miguel Ángel Castro, el actual. La declaración reclama un homenaje a las tres víctimas "por su contribución a la igualdad y la lucha contra los abusos y por una Universidad más democrática y justa", así como una mejora del protocolo anti-acoso.

La declaración concluye con la solicitud de reintegración a la carrera de funcionaria en la Universidad de Sevilla de Encarnación Santamaría, profesora de la Facultad de Medicina, que fue "expulsada de forma totalmente irregular, hace ahora más de 9 años, cuando se encontraba afectada por una crisis de ansiedad y estrés, resultado del ambiente en su puesto de trabajo", según la declaración.

"A esta profesora no se tardó en expulsarla de la institución y de su condición de funcionaria por una resolución rectoral firmada de forma precipitada (72 horas después de que la profesora pidiese un cambio de plaza), y sin razón fundada alguna", señala el texto. Este caso, según la declaración, implicaría un posible agravio comparativo con el de Romero, que nunca fue expulsado. "Esto sí que es asimetría", dice la declaración conjunta, rescatando las palabras del actual rector, Miguel Ángel Castro, que afirmó que la Universidad había tratado con "simetría" al abusador y a sus víctimas.