La huelga por la Lomce se vuelve también contra Susana Díaz

La huelga general educativa, convocada a nivel estatal con el propósito fundamental de protestar contra las políticas educativas del Gobierno central (PP), se ha vuelto en Andalucía también contra la Junta, que preside la socialista Susana Díaz. El manifiesto de los organizadores de las movilizaciones en Andalucía carga con dureza contra el Gobierno de Díaz, con una crítica a un supuesto exceso de conciertos educativos. Este enfoque de la huelga ha alejado a UGT, que a pesar de ser convocante a nivel estatal, no la secunda en Andalucía porque considera que va "en detrimento de la calidad educativa" por su rechazo a los conciertos. Los mensajes contra la concertada también han provocado serias discrepancias internas en CCOO, donde críticos con la línea oficial han pedido la dimisión de un dirigente andaluz que dio instrucciones de alejarse de las pancartas que dijeran "no a los conciertos", como desveló infoLibre. CCOO ha sacado su propio manifiesto, sin alusiones a la concertada.

La huelga en España está convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en la que están CCOO y UGT junto a la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), STES Intersindical, CGT, el Movimiento de Renovación Pedagógica y el Frente de Estudiantes, entre otros colectivos. La convocatoria surge como respuesta al acuerdo adoptado en enero por el Consejo de Ministros de acudir al Tribunal Constitucional para evitar la paralización de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce, también conocida como ley Wert).

El manifiesto estatal llama a la huelga general educativa desde infantil hasta la Universidad, centros concertados incluidos, como reacción a esta maniobra del Gobierno para desoír al Congreso y continuar con el calendario de aplicación de la Lomce, una ley considerada conservadora y elaborada no sólo sin consenso, sino contra el criterio de la mayoría de la comunidad educativa. Las reivindicaciones a nivel estatal son: derogación de la Lomce; reversión de los recortes; incremento presupuestario para educación; eliminación de las "contrarreformas" universitarias y de las "prácticas no remuneradas" en formación profesional; recuperación de las plantillas; "dignificación" de las condiciones laborales del profesorado; freno a la privatización del sistema educativo; bajada de ratios...

La plataforma estatal indica expresamente que en cada comunidad autónoma se particularizarán las reivindicaciones. Ahí ha sido donde en Andalucía ha entrado el cuestionamiento de la concertada, junto con críticas muy duras a la Junta de Andalucía. Dicho manifiesto comparte diagnóstico y reivindicaciones con el estatal, pero añade: "Las promesas del Gobierno andaluz de ser un acicate contra los recortes que se imponen desde el Gobierno central han caído en saco roto [...]. La Junta ha actuado en todo momento de manera sumisa [...] y en contra de los intereses del pueblo andaluz y del sistema educativo público". También señala que la Junta es "pionera" en el "proceso de destrucción del sistema educativo público".

Acusaciones de "privatización" mediante "sobreconcertación"

El manifiesto andaluz acusa a la Junta de "incremento de ratio" y de las horas lectivas, de retrasos en las sustituciones, de "descenso brutal" en los presupuestos de los centros educativos... Pero sin duda el mensaje que más ampollas ha levantado ha sido el que señala al Gobierno andaluz por "apoyar la privatización de la enseñanza a través de la sobreconcertación". Ni UGT ni CCOO han firmado este manifiesto.

UGT, sindicato históricamente hermanado con el PSOE, incluso se ha borrado de la huelga en Andalucía, que no apoya a pesar de ser convocante a nivel estatal. "No podemos atender ni ser copartícipes de actuaciones que sean contrarias y vayan en detrimento de la calidad educativa e impliquen pérdidas de puestos de trabajo de cualquier centro sostenido con fondos públicos", señala UGT en una comunicación oficial. Y añade: "La plataforma andaluza se posiciona claramente en contra de los trabajadores de la enseñanza concertada, y por tanto desde UGT Andalucía no podemos secundar dicha convocatoria, ya que nuestra organización sindical, aun apostando por un modelo de enseñanza pública, defiende cualquier puesto de trabajo con independencia del sector al que pertenezca", señala.

Cierre de manifestación en San Telmo

UGT celebrará este jueves movilizaciones frente a las sedes del Gobierno en Andalucía a las 18.00 horas. Justo a esa hora está previsto que la manifestación de Sevilla llegue al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. El manifiesto andaluz está apoyado por Ustea, CGT, SAT, Sindicato de Estudiantes, Coordinadora de Base Estudiantil, Frente de Estudiantes y movimientos como Marea Verde, Docentes en Acción, la Plataforma Andaluza de Educación Pública y la Plataforma en Defensa de la Educación Infantil.

En paralelo a la pérdida de peso sindical en la educación pública de CCOO y UGT frente a centrales como CSIF y Ustea, estos movimientos han ido ganando protagonismo en las calles y en el debate público, capitalizando además en parte el malestar de numerosos interinos, con un discurso muy crítico con la Junta que confluye con la línea de oposición política que realizan Podemos e IU.

Discrepancias en CCOO

Las tensiones provocadas por este cambio de la correlación de fuerzas se están manifestando también en la antesala de la huelga general en Andalucía, como evidencia la comunicación interna que el secretario de Política Educativa de CCOO Andalucía, Patricio Pérez, remitió a más de una veintena de responsables del sindicato ofreciendo un diagnóstico de la situación y dando indicaciones a seguir. En dicho correo, desvelado por infoLibre, Pérez señalaba a Podemos e IU como partícipes de una estrategia para "anular el espacio sindical", a la manera de lo ocurrido con las movilizaciones sanitarias en Granada.

Pérez también daba instrucciones para alejarse de las pancartas contra la concertada. "Debemos intentar que el texto de la pancarta sea 'No a la Lomce, No a los recortes'. Si hay presión y no hay manera, podemos incluir también 'No a la privatización' (esta frase no nos molesta pero se debe entender como nuestra cesión). En ese caso irían nuestras siglas en la pancarta y estaríamos en la cabecera. De otro modo es imposible [...]. Bajo ningún concepto podemos ir tras una frase que señale 'no a los conciertos'; porque esa reivindicación en sí no soluciona el problema de la educación pública, 'despierta a los lobos' y no da respuesta al empleo"", señala dicha comunicación interna.

La publicación de esta comunicación causó revuelo y malestar en sectores del sindicato, como quedó en evidencia en la asamblea de huelga celebrada en Sevilla el martes. "Yo, al igual que otros compañeros, pedí la dimisión [de Pérez]. Muchos estamos en total desacuerdo con esta comunicación, que nos genera contradicciones que no debemos tener y sitúa en una posición muy incómoda a nuestras bases. Estar a favor de los trabajadores de la concertada no es estar a favor de la concertada. Nosotros debemos defender la educación pública laica y de calidad", señala Encarnación Núñez, dirigente sevillana del sector crítico. ¿Es posible que esta posición se deba a la necesidad de buscar afiliación en la concertada, en un contexto de retroceso de influencia en el sector público? "Pudiera ser", opina Núñez, que lo consideraría "un error". "Nosotros siempre debemos hacer nuestras las preocupaciones de los padres, de los alumnos, de los trabajadores y de todos los que defienden la educación pública", señala Núñez.

En parecidos términos se expresa Alejandro Sánchez Moreno, secretario de Educación del PCA y militante de CCOO, que también pidió la dimisión de Pérez durante la asamblea del martes por "debilitar la presencia del sindicato en la calle, romper la unidad de acción sindical y cuestionar algo que es nuestro desde nuestro origen, la defensa al cien por cien de la educación pública".

CCOO, que considera oficialmente la instrucción de Pérez una "reflexión personal", ha emitido un comunicado llamando a la huelga contra "la implantación de la Lomce, la reforma de la LOU y los recortes que está padeciendo la educación en España y en Andalucía". Aunque tampoco suscribe el manifiesto andaluz, CCOO sí respalda la huelga y las movilizaciones en Andalucía. Y además ha promovido, junto a la confederación de asociaciones de padres y madres (Confedampa), un manifiesto que, sin mencionar la concertada, sí carga contra la política educativa andaluza.

Aulas públicas y aulas concertadas en infantil​​​​​​​

Las críticas a la "sobreconcertación" que han provocado el terremoto sindical se alimentan en buena medida de los datos de la Plataforma en Defensa de la Educación Infantil (Padei), una organización que sostiene que entre 2012 y 2016 se han cerrado 1.312 aulas de educación infantil de 3 a 6 años. Con la concertada en promedios de menos del 20% en Andalucía, la preocupación de los críticos con la concertación no es tanto cuantitativa como cualitativa, al considerar que la pérdida de recursos de la pública da alas a la concertada, que estaría ganando además espacio mediante el caballo de Troya de infantil. Podemos e IU, que abanderan una campaña por el "blindaje de la pública" con la garantía de un 5% del presupuesto, defienden que no se cierre "ni una línea" de la educación pública, sino que, de ser necesario por causas demográficas, se haga de la concertada. En cuanto a los centros concertados, la solución sería que los laicos se integren mediante acuerdo en la red pública.

La Consejería de Educación no entra a rebatir directamente los datos de Padei, pero sí alude a la "bajada de natalidad" como posible explicación. Y asegura que, en cualquier caso, la Consejería pone a disposición de los padres una oferta pública y concertada, y son éstos los que deciden. Lo fundamental, según la Junta, es que "se garantiza un curso más que ningún niño o niña se quede sin plaza en su zona y, asimismo, que casi todos obtengan la que ha solicitado su familia".

"Para el alumnado de 3 años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, la Consejería oferta para el próximo curso un total de 93.650 plazas de nuevo ingreso, de las que el 81,6% corresponden a centros públicos y el 18,4% a la concertada", explica el departamento que dirige Adelaida de la Calle, a preguntas de este medio. Para el próximo curso habrá 1.447.556 plazas para las enseñanzas de educación infantil (segundo ciclo), educación primaria, educación especial, ESO y Bachillerato. De estas, 1.183.451 son en centros públicos y el resto, 264.105, en concertados. En el caso de los municipios donde conviven la educación pública y concertada, que son 124 de un total de 778, "no se ha eliminado ni una sola unidad pública a favor de la concertada", subrayan desde la Consejería. "Además en el caso de los centros privados concertados, se van a retirar 11 unidades en infantil (niños de 3, 4 o 5 años), tres ellas correspondientes a la educación diferenciada o segregada", en la que niños y niñas estudian por separado, apunta la Consejería, que es también objeto de frecuentes críticas de los centros concertados, sobre todo religiosos, y asociaciones católicas por no garantizar suficientemente, a su juicio, los conciertos educativos.