Juicio 9-N

Mas asume ante el tribunal "la iniciativa política" del 9-N tras ser arropado por 40.000 personas

Miembros del Govern junto al expresidente Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau, en el Arco del Triunfo

Beatriz Pérez | Barcelona

El juicio al expresident de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau ha arrancado este lunes. Durante toda la semana los tres se sentarán en el banquillo acusados de delitos de desobediencia grave y de prevaricación. El motivo: impulsar la consulta popular celebrada el 9 de noviembre del 2014 (9-N). Por ello la Fiscalía Superior de Cataluña reclama para Mas nueve años y seis meses de inhabilitación, así como una multa de 36.000 euros. Para Ortega y Rigau, ocho años y siete meses, además de una sanción de 30.000 euros.

Unas 40.000 personas (según cifras de la Guardia Urbana) se han concentrado desde las 8 de esta mañana en señal de apoyo a los acusados a las puertas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de Barcelona (ubicado en la avenida de Lluís Companys) bajo el lema “El 6-F nos juzgan a todos”. Lo han hecho movilizadas por las bases soberanistas (la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència) y han recibido al expresident y a las exconselleres con gritos de “no estáis solos”, “independencia” y “viva Cataluña libre”.

Una gran pancarta con las palabras “love democracy” se situó durante un par de horas delante del Arco de Triunfo y a unas decenas de metros del juzgado se ha instalado un escenario desde donde se han realizado, a lo largo de toda la mañana, actuaciones en apoyo a los encausados.

“Este juicio no tiene sentido. Deseo que los declaren inocentes, pero las perspectivas no son halagüeñas”, expresa Josep Bellés, manifestante que se ha desplazado desde Cervelló (Barcelona). “Creo que no llegaremos a hacer el referéndum. Me gustaría que fuese pactado, pero lo veo imposible”, continúa. En su opinión, “la independencia llegará tarde o temprano” porque las relaciones entre Cataluña y España “no tienen futuro”.

Además, unos 150 autobuses han acercado al gentío hasta el centro de Barcelona para participar en una gran movilización por la “libertad de expresión” y contra la “judicialización del procés”, con la que buscan llamar la atención internacional. La propia consellera de Governació,consellera Meritxell Borràs, que se encarga de la función pública, hizo un llamamiento la semana pasada a los funcionarios para “invitarlos” a pedir fiesta este 6 de febrero para participar en la protesta.

Otro manifestante, David Lamolla, participó en la organización de la consulta del 9-N. “Estuve de voluntario en un instituto de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), así que hoy yo también me siento juzgado y espero que me absuelvan”, explica. “Creo que sí habrá referéndum este año, aunque sea unilateral”, concluye.

Despliegue de medios

Un total de 342 periodistas de más de 70 medios de comunicación (entre ellos, siete extranjeros) están haciendo el seguimiento de una jornada que ha arrancado a las 8 de la mañana en el Palau de la Generalitat, donde el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recibido a los acusados, acompañado del vicepresidente, Oriol Junqueras y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. A continuación, todos ellos y el Ejecutivo catalán salieron en comitiva del Palau hasta llegar, en torno a las 9 horas, al juzgado.

“Estoy aquí hoy porque quiero la independencia”, cuenta por su parte Ramon Girona, que opina que sí habrá referéndum, aunque no es seguro que se celebre este año. En todo caso, Girona, junto a su mujer, deja claro que este lunes se ha acercado a las puertas del TSJC para “apoyar” a los acusados y deseando que no sean inhabilitados.

Esta protesta organizada por las entidades soberanistas ante el TSJC ha sido muy criticada por la oposición y, en especial, por partidos como el PP y C’s. Pero no solo ellos. El presidente de la sección territorial de Catalunya de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Luis Rodríguez Vega, ha asegurado que “es injustificable que las instituciones no respeten a otra institución ni la independencia del poder judicial y acudan a una muestra mal entendida de solidaridad a las puertas de un tribunal”.

Contrariamente, los partidos nacionalistas vascos, PNV y los integrados en EH Bildu, expresaron este fin de semana su apoyo y solidaridad a los cargos políticos catalanes que serán juzgados a partir de mañana. Llamados por la plataforma Gure Esku Dago, varios cientos de personas participaron en concentraciones de solidaridad en las tres capitales vascas y en Pamplona con el lema “democracia”.

Objetivo: el referéndum

El juicio del TSJC a Artur Mas (presidente de la Generalitat entre diciembre del 2010 y enero del 2016) y a las exconselleres se produce justo la semana después de que los partidos independentistas hayan despejado el camino al referéndum tras el acuerdo sobre los Presupuestos entre Junts Pel Sí y la CUP. Para el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, este es el “inicio de la cuenta atrás”.

Con la movilización en torno al juicio de Mas, el secesionismo busca la “movilización permanente” para llegar a ese referéndum, que tratarán no sea un segundo 9-N, es decir, que esta vez la votación sí tenga validez jurídica. Es precisamente con este objetivo por el que se creó a finales de diciembre el Pacte Nacional pel Referèndum, un acuerdo que escenificó una nueva fase del procés. El manifiesto de este pacto cuenta con el beneplácito de fuerzas independentistas y no independentistas, como Ada Colau o Catalunya Sí Que Es Pot, así como agentes favorables al referéndum unilateral y otros que buscan un acuerdo con el Estado.

Este juicio también se produce una semana después de la macrorredada de la Guardia Civil en busca de información en el marco de la operación Pika contra la presunta financiación ilegal de la CDC de Artur Mas y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias. Se trata de un nuevo episodio de lucha contra la corrupción del viejo partido de Jordi Pujol, un supuesto dinero sucio a cambio de contratos inflados a cargo de los contribuyentes.

Los orígenes

En la consulta del 9-N votaron un total de 2.340.000 catalanes, el 33% del censo previsto. El referéndum sobre la independencia de Escocia, convocado por David Cameron en el 2013, significó mucho en una Cataluña con el soberanismo en auge tras la primera gran Diada del 2012. En septiembre del 2014, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de un proceso participativo que se celebró dos meses después: el 9 de noviembre. Era el llamado 9-N. El entonces presidente de la Generalitat lo planteó como alternativa legal ante la imposibilidad de obtener el permiso del Gobierno central de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

La misma mañana del decreto, el Gobierno del PP activó la maquinaria para impugnar la votación. El Consejo de Estado se reunió al día siguiente, domingo, para elaborar el informe que permitió al Consejo de Ministros, convocado de manera extraordinaria el lunes por la mañana, recurrir la consulta ante el Tribunal Constitucional. Ese mismo lunes por la tarde el órgano la suspendió.

Mas: “La iniciativa política fue mía”

Nada más iniciarse el juicio, Artur Mas ha afirmado que fue suya la “iniciativa política” de la consulta sobre la independencia de Catalunya y de su gobierno, y que es el responsable de todo.

En la última pregunta de su abogado, Xavier Melero, sobre si también fue el responsable de abrir los institutos, Mas ha afirmado que es “el máximo responsable de la idea del proceso de participación” y de haber sustituido una consulta sobre la independencia suspendida por el TC por un proceso participativo en el que participaron 2,4 millones de personas.

Mas, que solo ha contestado a las preguntas de la defensa, ha aseverado: “Quiero dejar claro que las directrices venían de la presidencia de la Generalitat y de mí mismo, los otros miembros del Govern siguieron estas directrices, eso afecta a Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs”.

El expresidente catalán ha recordado que la iniciativa de impulsar el 9-N tenía “unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas”, y ha hecho un repaso a los acontecimientos políticos desde que avanzó las elecciones en noviembre del 2012.

Mas ha puntualizado que desde un principio se dijo que la consulta no era vinculante ni tendría consecuencias jurídicas, por lo que posteriormente se convocaron unas elecciones autonómicas de manera legal para conocer la posición de los catalanes, lo que supuso en el Parlament “una mayoría a favor de la independencia de Catalunya”.

Respecto a las valoraciones de la consulta, ha resaltado que la junta de fiscales de Catalunya consideró que no había indicios de delito y que en unas declaraciones públicas el 8 de noviembre de 2014 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que lo que se iba a celebrar al día siguiente no era un referéndum ni nada que se le pareciese y no tenía ningún efecto.

Ante la suspensión ordenada por el TC, Mas ha explicado que tuvo que contraponer “dos deberes”, el de escuchar la petición de la ciudadanía y de un proceso que estaba en marcha y el de atender una resolución del TC.

“El otro deber era un deber mayor por el mandato parlamentario y el llamamiento de la ciudadanía”, ha indicado Mas.

“Entendí que ante la imposibilidad de suspender, de la indefinición de la suspensión del TC y ante lo que pasaba en el país, mi deber era que esa jornada se pudiera celebrar en condiciones de normalidad democrática”, ha subrayado.

Voluntarios imprescindibles

Mas ha asegurado que los 42.000 voluntarios que participaron en la consulta del 9 de noviembre de 2014 “fueron elemento y pieza clave imprescindible de la organización del 9-N” y sin ellos hubiera sido materialmente imposible.

Ha explicado en el juicio que, después de que el TC suspendiera el 29 de septiembre varios preceptos de la Ley autonómica de consultas y la convocatoria de la consulta popular, hubo un cambio de formato en el que la administración “ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo”.

Según ha dicho, sobre todo querían hacer “algo serio y que se entendiera en todo el mundo”, y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido llevar a cabo.

Así, ha dicho que en ningún caso se hubiera podido llevar a cabo la consulta “sin la participación de los 42.000 voluntarios”, y ha recordado que, en un principio, cuando pidió la participación de voluntarios para organizar la consulta, dijo que necesitaban 20.000.

Sobre la organización de la consulta, ha explicado que tenían un gran compromiso para hacerla porque era la voluntad “de una buena parte del pueblo de Catalunya”, por lo que siguieron sin renunciar a su objetivo y cambiando el formato que el TC había puesto en cuestión.

La Fiscalía (que no ha podido preguntar durante la sesión de este lunes) piensa, en cambio, que Mas articuló “una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC”, generando la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba en manos de voluntarios, según consta en su escrito de acusación.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha vuelto a rechazar, en las cuestiones previas del juicio del 9N, que se cite como testigos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quienes ha insistido en reclamar la defensa del expresidente de la Generalitat Artur Mas.

Declaración de Joana Ortega

Por su parte, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha defendido este lunes durante su interrogatorio en el juicio del 9N que, cuando el TC suspendió la consulta sobre la independencia, su departamento había finalizado su labor y se dejó en manos de los voluntarios: “Ellos fueron el alma y quienes lo hicieron posible”. Ortega ha asegurado que "no hubo ningún funcionario que estuviese implicado en la ejecución del 9-N". En la misma línea de defensa que Artur Mas, su exvicepresidenta ha insistido en destacar que no se recibió "ningún requerimiento del TC durante el proceso participativo" y que tampoco se utilizaron "datos del censo ni ningún dato protegido", sino que los votantes se inscribieron voluntariamente en un registro". 

Al declarar en el juicio que ha comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se ha negado a contestar tanto a las cuestiones de la Fiscalía como de la acusación particular, y, a preguntas de su abogado, ha dicho que “ya estaba todo listo” cuando llegó la suspensión el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de las votaciones.

La Fiscalía no se cree que el Govern se hubiese apartado de la organización de la consulta, sino que considera que únicamente disimuló que se dejaba en manos de los ciudadanos, y por eso la acusa de delitos de desobediencia y prevaricación como colaboradora del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas.

Coaccionar a los centros "hubiera sido una contradicción"

La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Irene Rigau ha negado que desde su departamento se coaccionara a directores de instituto para colaborar con la consulta y abrir los centros educativos: "Hubiera sido una contradicción. De ninguna manera".

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En su declaración como acusada en el TSJC por desobediencia con la consulta, Rigau ha puntualizado que actuar con coacciones hubiera ido contra el espíritu tranquilo y pacífico del 9N.

Rigau –que, como Artur Mas y Joana Ortega, solo ha respondido preguntas de su defensa– ha negado haber recibido ningún requerimiento que le obligara a dictar algún acto administrativo contrario a la resolución del TC de suspender el 9N. Ha asegurado que en ningún momento tuvo "conciencia de desobedecer al TC" con la continuación del proceso participativo, especialmente después de que el Govern presentara un recurso de súplica y una solicitud de aclarar información sobre la suspensión, lo que a su entender afectaba a aplicar la resolución.

También ha asegurado que en ningún momento recibió requerimiento alguno del TC que le advirtiera de las consecuencias si se abrían los colegios.

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