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Juicio 9-N

Un inspector dice que les instaron a no intervenir ante la petición de ceder los centros educativos para el 9-N

  • Se celebra la segunda sesión del juicio por la consulta del 9-N
  • En su declaración como testigo, el inspector de la Conselleria ha explicado que le "inquietó" que los Servicios Territoriales pidieran a los directores que cedieran los centros oralmente

infoLibre Publicada 07/02/2017 a las 11:22 Actualizada 07/02/2017 a las 13:16    
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El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a su llegada esta mañana al TSJCat donde continúa el juicio por la consulta soberanista del 9N

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a su llegada esta mañana al TSJCat donde continúa el juicio por la consulta soberanista del 9N

El inspector de la Conselleria de Enseñanza Jesús Rul ha explicado este martes en la segunda sesión del juicio por la consulta del 9N que el inspector jefe les instó en una reunión el 21 de octubre de 2014 a no intervenir ante la petición de la Dirección de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas de la Conselleria de Enseñanza a los directores de institutos para que cedieran los centros para el proceso participativo, ha informado Europa Press.

En su declaración como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Rul –que actualmente está jubilado– ha explicado que le "inquietó" que los Servicios Territoriales pidieran a los directores que cedieran los centros oralmente y no por escrito.

A preguntas de la Fiscalía, ha detallado que supo por el inspector jefe que la directora territorial de Barcelona Comarcas, Montserrat Llobet, pensaba convocar a los directores de institutos de la zona para comunicarles que sus centros iban a ser sede del 9N y entonces lo comentó con los directores que dependían de él.

Según este inspector, las reuniones con los directores se desarrollaron con una forma de proceder "no habitual", y le inquietó que se les pidiera solamente de manera verbal que los institutos fueran sede de votaciones.

Por eso, escribió sendas cartas a los directores de su zona de inspección para asesorarles sobre cómo actuar ante esta petición de la directora territorial, recomendando que pidieran las instrucciones por escrito y recordando que los directores deben cumplir la legalidad: "Pensé que como inspector tenía el deber de asesorar".

"La motivación era asesorar a los directores ante las demandas que la autoridad administrativa hacía para el 9N", ha detallado el inspector, que ha indicado que en una reunión el 21 de octubre con el inspector jefe, Francesc Güell, les dijo que se abstuvieran de intervenir en el 9N.

Ha expresado que en esta reunión en la que había en torno a una veintena de inspectores no figuraba en el orden del día que se abordaría el tema de la consulta, aunque sí se trató, y fue cuando el inspector jefe les dijo que se abstuvieran de actuar porque el tema era competencia de la directora de servicios territoriales con los directores.

"Se nos instó a los inspectores a no intervenir en cuestiones del 9N", ha insistido, a lo que él intervino para decir que no se les podía pedir que no actuaran, pero ha admitido que hubo inspectores que estaban de acuerdo con que el propietario de los edificios podían usarlos para lo que consideraran oportuno.

El inspector ha asegurado que la administración funciona con un sistema muy preciso, y sus normas se desarrollan de manera rigurosa: "En este caso me pareció que no se desarrollaba de esta forma".

Caso atípico

"Había un interés de que los directores colaborasen con lo que decían sus superiores y que entregaran las llaves. Esto es atípico con el derecho administrativo", ha indicado el inspector.

El abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, ha iniciado su interrogatorio preguntándole si fue voluntario el 9N: "No fui voluntario", ha respondido.

Sobre si es competencia de un inspector reenviar meses después del 9N copia de las cartas que envió a los directores a la alta inspección de Educación del Estado en Catalunya, ha explicado que lo hizo para "colaborar con la Justicia".

En la última pregunta, ha dicho que en sus cartas consideró que la petición de uso de los institutos se enmarcaba en el "uso social" y no en un uso administrativo.

Niegan represalias a los directores

La que era jefa de servicios territoriales de Enseñanza en Barcelona Comarcas, Montserrat Llovet, ha asegurado que no hubo represalias a la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a entregar las llaves del centro educativo para acoger la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

A preguntas de la defensa en su declaración como testigo en la sesión del juicio de este martes, Llovet ha explicado que, tras esta negativa, consideró que lo mejor era que este centro no fuese sede del proceso participativo.

Llovet –ahora directora general de Secundaria Obligatoria y Bachillerato– ha admitido que se negó a darle por escrito a esta directora la orden de cesión de los centros y también ha explicado al tribunal que lo que le dijo esta directora es que quería llevar el escrito a la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Esta alto cargo de la Conselleria de Enseñanza también ha admitido que se negó a responder por escrito a los directores de secundaria ante la petición de algunos de que así lo hiciera sobre el uso de los centros educativos para la consulta sobre la independencia.

Según ha explicado a preguntas del fiscal, no lo hizo porque no lo consideró "pertinente" y ha sostenido que era suficiente con decírselo de palabra en una reuniones mantenidas a mediados de octubre de 2014.

No les presionaron

La directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa Bosch, ha negado en el juicio haberse sentido presionada o coaccionada para ceder el edificio para la consulta. Al declarar como testigo en el Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC) por el juicio al expresidente del Govern Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Bosch ha dicho este martes que en esa reunión del 16 de octubre de 2014 "en absoluto" sintió presión o coacción para ceder el centro.

Eso contrasta con lo afirmado sobre esa reunión por el inspector de Enseñanza Josep Alsina, que ha dicho en el juicio que en esa reunión se intentó presionar a los directores.


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