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El 'caso Imelsa'

Grau entregó 350.000 euros en billetes de 500 para pagos de la campaña de Barberá, según su exasesor

  • El propio vicealcalde dio instrucciones para que recogiese de Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros, según su exasesor
  • En el caso Imelsa se investigan delitos de cohecho, malversación y delito electoral en relación con la campaña electoral del PP de la ciudad de València

infoLibre Publicada 13/03/2017 a las 16:44 Actualizada 13/03/2017 a las 19:04    
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El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, junto a la alcaldesa Rita Barberá, durante la rueda de prensa en la que anunció su dimisión.

El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, junto a la fallecida alcaldesa Rita Barberá, durante la rueda de prensa en la que anunció su dimisión.

EFE
Jesús Gordillo, exasesor del exvicealcalde de València Alfonso Grau (PP), declaró a principios del pasado mes de diciembre ante la Guardia Civil, y ratificó posteriormente ante el juez que investiga el caso Imelsa, que cuando trabajaba en Laterne, la empresa de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007, Grau le entregó en efectivo 350.000 euros en billetes de 500 para pagar las cantidades que empresas subcontratadas exigían por servicios prestados relacionados con actos de campaña, en la que la exalcaldesa Rita Barberá se presentaba a la reelección.

Además, según su declaración como testigo, recibió instrucciones del propio Grau para recoger de Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros. Asimismo, relató que, por orden del exvicealcalde, desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar soporte a esa entrada de dinero “y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el PP”.

Así consta en sus declaraciones ante Guardia Civil y juzgado, a las que ha tenido acceso Europa Press, tras el levantamiento del secreto del sumario que pesaba sobre una pieza de caso Imelsa, en la que se investigan delitos de cohecho, malversación y delito electoral, en relación con la empresa Laterne relacionada con la campaña electoral del PP de la ciudad de València del año 2007 a raíz de las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores del grupo municipal popular, cantidad que presuntamente les era devuelta en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El auto en el que se declaraba en noviembre el secreto de las actuaciones, el juez explicaba que de la documentación obtenida en Fiscalía, existen indicios de que, a través de Laterne, se encargaron y pagaron servicios prestados por terceras empresas por actos de campaña del PP de 2007 y aportaciones económicas de terceras empresas y fundaciones públicas. Según se desprende del sumario, la documentación la proporcionó a Valencia Plaza el propio Gordillo, que trabajó como asesor de Grau, en Laterne (por mediación del exvicealcalde) y en Secopsa Concesiones.

En Laterne se dedicó a organización de eventos y, en concreto, trabajó en la campaña electoral del 2007, la esponsorización de la camiseta del Valencia Club de Fútbol, una conferencia de Barberá en EEUU en 2008 y trabajos para Valmor en relación con la Fórmula 1.

El motivo por el que Gordillo comenzó a trabajar para Laterne fue porque muchas de las empresas a las que esta firma había subcontratado para organizar servicios de la campaña no habían cobrado y llamaban tanto a la propia compañía como a Alcaldía de València para reclamar los pagos. Para llevar a cabo estos abonos, se organizó una reunión a la que asistieron el propietario, Grau y personal de administración, donde se le comunicó que sería el encargado de hacer los abonos.

Un “mandado”

Para ello, Grau le entregó los 350.000 euros “en un sobre”, cree recordar que en la sede de Laterne, y le dijo que era con el que pagar los gastos electorales. Ni le dijo por qué tenía esa cantidad y ni se lo preguntó, ya que era un “mandado” y entonces consideraba a Grau como “una persona honrada” y confiaba en él. Además, le indicó que debía recibir un cheque de 150.000 euros de Secopsa, que le dio una persona que tenían “de chófer” en la constructora y él puso un sello de Laterne e hizo un garabato.

Gordillo se llevó los 350.000 euros a su casa y pagó a los proveedores durante los días 29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008 “y de esa forma saldar la deuda”. Una vez pagados todos, le sobraron 15.000 euros que devolvió a Grau.

Preguntado por qué se le ordenó cobrar el cheque en Secopsa, aseguró que lo desconocía y que lo recibió a nombre de Laterne y usó el dinero para pagar parte de la deuda. También aseguró desconocer el motivo por el que esas empresas realizaron los pagos por los que se les facturó desde Laterne, ya que ellas tenían trato “directo” con Grau. Asimismo, no podía precisar con certeza que todas esas empresas fueran adjudicatarias de contratos municipales, pero cree que Secopsa, SAV, FCC, Luján y Lubasa sí.

Durante su declaración, explicó que Grau era “muy amigo” del dueño de Laterne y cuando supo que no se estaba pagando a los proveedores de campaña que había contratado, tenía interés en que se abonaran al haber sido el “organizador” de esa campaña.
Sobre los proveedores, señaló que se les encargó que realizaran trabajos para la campaña por lo que facturaron con los conceptos “auténticos” del servicio prestado. Pero como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos, “se eliminaron las alusiones a la campaña electoral”. Entonces, los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo número e importes pero “eliminando de ellas cualquier alusión a la campaña electoral”.

El exasesor del exvicealcalde aseguró recordar que el grupo municipal del PP pagó 150.000 euros a través de un cheque que le entregó María del Carmen García Fuster, la entonces secretaria del grupo municipal, que le entregó al propietario de Laterne y que se usó para pagar los servicios por la campaña.

Gordillo relató que Laterne Product Council (LPC), propiedad de Vicente Sáez, tenía un grupo de empresas con el mismo domicilio social, entre ellas Product Management Council (PMC), que fue creada para concurrir con otras firmas a licitaciones públicas de obras y servicios y tratar de repartirse el mercado.

En este caso, se mantenían reuniones a las que acudían empresarios y el letrado José María Corbín, —cuñado de la fallecida Rita Barberá—, contratado por PMC y que facturaba 3.000 euros mensuales por ello. Como requisito para entrar en este grupo se exigía una aportación de 150.000 euros.


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