Reforma de las pensiones
Los ‘parches’ en el sistema de pensiones
La presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 ha desvelado nuevas actuaciones en la Seguridad Social, que serán probablemente reforzadas con la tan manida Ley de Acompañamiento que solía venir en el día de los Santos Inocentes y que en esta ocasión está en el aire a la espera de lo que ocurra con las elecciones generales.
Entre otras cuestiones, el Gobierno planea para 2016 trasladar el gasto en pensiones de viudedad y orfandad desde la caja de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, una suma que asciende a más de 23.000 millones de euros. Así lo anunció el secretario de Estado de la Seguridad Social en una comparecencia en las Cortes Generales, aunque no puso fecha a este cambio trascendental para las cuentas del Estado, teniendo que asumir 2,2 puntos de PIB de más gasto.
Aparte del problema contable que surge con esta medida –una más que probable subida de impuestos para poder financiar estas pensiones tan importantes y que llegan de forma directa a lo más profundo de la sociedad– hay una derivada mucho más importante: ¿queremos una verdadera reforma del sistema de pensiones o preferimos ir poniendo parches hasta que el sistema no pueda sostenerse?
Esta pregunta es recurrente desde que hace más de tres décadas empezaron a aparecer en el sistema de pensiones los primeros problemas de financiación. En aquella época, los miembros de la generación del baby boom de los años sesenta comenzaron su vida laboral con unas bases de cotización crecientes, las cuales servían para sostener una cifra de jubilados que no superaba el millón de personas.
Conforme iba pasando el tiempo y la cifra de jubilados crecía, la brecha entre cotizantes y pensionistas se fue reduciendo de una forma extraordinaria hasta 1996, donde llegó al mínimo histórico de 2,26 cotizantes por pensionista. Ese año se produjo la mayor crisis del sistema de la Seguridad Social hasta nuestros días, a pesar de haber pasado por la primera gran reforma en forma de acuerdo entre empresarios, sindicatos y políticos: el Pacto de Toledo.
En ese momento, el entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, fue el primero en recomendar que los españoles se hicieran un plan de pensiones “por si las moscas”. Un sistema quebrado después de una mala gestión de la política económica y las consecuencias de la crisis de principios de los noventa llevaron a pensar en que la Seguridad Social era insostenible en el tiempo.
La realidad es que con el Pacto de Toledo comenzaron los “parches” en las pensiones en forma de dos: por un lado, hacer reformas de los parámetros que definen el sistema como la edad de jubilación, las bases máximas y mínimas de cotización o la base reguladora para el cálculo de la pensión. Por otro lado, empezaron a excluirse determinados gastos traspasándolos a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado.
Uno de los primeros gastos que se excluyeron de la caja de la Seguridad Social fue el gasto sanitario. El hasta entonces INSALUD (Instituto Nacional de la Salud) se financiaba con las cotizaciones de empresarios y trabajadores. A través de la reforma de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, el gasto sanitario pasó a los Presupuestos del Estado y, posteriormente, a las Comunidades Autónomas tras el traspaso de competencias en 2001.
El siguiente “parche” se puso con el traspaso del gasto en pensiones no contributivas a los Presupuestos Generales del Estado, cuya cuantía es cercana a los 20.000 millones de euros para 2016. La naturaleza de estas pensiones –asistencia farmacéutica, ayudas o subvenciones a personas que no han cotizado– aconsejaba que se excluyeran de la Seguridad Social al no existir relación entre contribución y prestación, pero no deja de ser otra medida que apuntala un sistema necesitado de reformas profundas y no “parches”.
En este sentido, excluir las pensiones de viudedad y orfandad se convierte en un “parche” más para mantener estable a corto plazo el déficit de la Seguridad Social, el cual cerró 2014 en el 1,06% del PIB. En ese objetivo se ha consumido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el cual se encuentra ya por debajo de los 40.000 millones de euros. Su naturaleza de “colchón anticíclico” se ha consumido prácticamente en dos años y pone en más aprietos al ya de por sí crónico déficit público.
Sólo en cuatro comunidades las pensiones contributivas superan los 1.000 euros
Ver más
No vale tomar como excusa el envejecimiento de la población y el incremento de la edad media de la población española. Esto, más que un problema, es una oportunidad de futuro para incorporar a trabajadores con mayor productividad y, por tanto, con mayores salarios. Esta coyuntura es enormemente favorable para reformar, no recortar ni acabar con la casi inexistente relación entre contribución y prestación.
