Entrevista
Sánchez Mato: “El descrédito de lo público ha beneficiado mucho a algunas compañías”
Un hombre sin grandes ambiciones personales pero con muchas ambiciones colectivas. DEA en Economía Internacional y Desarrollo. Vinculado al mundo de las ONG y al sector de Izquierda Unida que apostó por la confluencia en Ahora Madrid. Defensor de los espacios y proyectos sociales y vecinales de nuestras ciudades. Una persona que, a la pregunta “¿Explicaría las swaps en un brunch con Carmen Lomana?”, se echa a reír y responde: “¿Qué es un brunch?, ¿quién es Carmen Lomana?”
Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970), concejal de Economía y Hacienda con Manuela Carmena, es una de las figuras del nuevo mapa político e institucional español con más responsabilidades desde el terremoto electoral del pasado 24 mayo. Un cristiano de base al frente de las finanzas de la quinta ciudad más grande de Europa. Una ciudad que, en solo diez años, ha pasado de estar en la media europea a situarse como la segunda capital más desigual del continente. Mato explica a CTXT que, bajo el gobierno del Partido Popular, el Ayuntamiento "externalizó" a grandes empresas privadas un tercio de su presupuesto, y que otro tercio más se dedica a pagar el principal y los intereses de una "deuda descomunal".
PREGUNTA: ¿Qué ha pasado con las agencias de calificación de deuda? ¿Por qué el Ayuntamiento prescinde de ellas?
RESPUESTA: Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es muy sencillo. Ha tomado una decisión sobre los contratos que la ciudad mantenía con estas agencias. En la política que tenemos para la ciudad, no solo para 2016, sino para los próximos años, no se incluye seguir endeudándonos, precisamente porque nuestro problema es que ya tenemos demasiada deuda sobre nuestras espaldas. Esa lógica del endeudamiento sin fin no tiene sentido y lo que pretendemos hacer es afrontar la deuda que ya fue adquirida por la ciudad. Además, es cierto que tenemos una posición muy crítica respecto a estas agencias. No solo desde Ahora Madrid, es una crítica que también comparten expertos independientes y otras fuerzas políticas españolas. En la última Comisión de Economía y Hacienda, por ejemplo, el Partido Popular cuestionó de manera muy dura la efectividad de sus análisis. La decisión de no renovar sus contratos con el Ayuntamiento obedece también a un criterio estrictamente técnico. Estas agencias se han caracterizado por no dar ni una en sus análisis. Pero, además, seguir pagándolas es un gasto innecesario para una corporación local que pretende financiar sus políticas públicas con sus propios ingresos y no mediante la emisión de nueva deuda.
P.: ¿Y no es un problema no contar con las calificaciones de estas agencias para obtener financiación si esta fuera necesaria?
R.: Si una administración pública quiere emitir deuda, bonos, obligaciones, algún tipo de título financiero para que lo compren los inversores y obtener así capital, una de las fórmulas que permite colocar estos títulos es pagar a estas agencias, o a varias de ellas, para que vendan tu producto. Pero en absoluto es la única vía posible para obtener financiación.
P.: Los grupos que ahora están en la oposición hablan de bajadas de impuestos y de financiarse a través de nuevos endeudamientos…
R.: El modelo de financiarse mediante emisiones de deuda ha sido como dar una patada a un balón hacia adelante y que lo paguen en el futuro. Es decir, se contrae deuda y así se esconde el gasto real de los proyectos y las inversiones… ¿Pero cómo paga en el futuro el Ayuntamiento toda esta deuda? Pues toca pagarla a través de los ingresos del Ayuntamiento. Es decir, de los impuestos. Lo pagamos entre todas las vecinas y todos los vecinos. Esto ha llevado a que en el año 2014 los datos nos digan que, de cada 100 euros de ingresos, un tercio fueran destinados a la amortización del principal de la deuda y al pago de intereses asociados a la misma.
Evidentemente, esto es absolutamente disparatado, un sinsentido. En el año 2009, el servicio de la deuda (amortización y pago de intereses) era de 401 millones de euros. En 2014, ascendía a 1.498 millones de euros. El traslado de la alcaldía al Palacio de Cibeles iba a costar 40 millones. Pero acabó costando 530 millones. El soterramiento de la M-30 iba a costar 1.700 millones. Pero acabó costando 6.300 millones. El Ayuntamiento pide entonces dinero que no estaba en sus cálculos iniciales, lo que hace que aumente además el propio sobrecoste financiero.
Entre otras cosas, todos estos datos revelan una política fiscal absolutamente falsaria, que no ha tenido en cuenta a la hora de abordar los proyectos y las necesidades de Madrid algo elemental: pedir a los ciudadanos y ciudadanas que lo financien conociendo lo que va a costarles. Esto ha sucedido en el Ayuntamiento de Madrid y en otras muchas corporaciones locales.
P.: El ayuntamiento presentó superávit en 2014 (del 1%, con un remanente de Tesorería de 368,9 millones)… ¿Se va a mantener el superávit en el futuro? ¿Cuál será la política impositiva y de gasto social para los presupuestos de 2016?
R.: El Ayuntamiento tuvo superávit en 2014, no en años anteriores, pero en 2014 efectivamente presentó un superávit mínimo. Lo tendrá en 2015 y también en los presupuestos de 2016. Será muy reducido, porque Ahora Madrid pretende afrontar un programa de rescate ciudadano que permita abordar las emergencias sociales producidas por la crisis hipotecaria, los recortes, la precariedad y las pérdidas masivas de empleo. De hecho, en los presupuestos de 2016, esperamos aumentar el gasto social en cifras cercanas al 17%. Para hacerlo, hemos tratado el tema de la política fiscal en dos plenos. Requerimos del apoyo del Partido Socialista para que este diseño de los presupuestos se apruebe al final de este año. Nuestra política de recaudación va ligada a una bajada generalizada del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que es el elemento central de la financiación local. Planteamos una bajada del 7% en lo que se refiere a los inmuebles residenciales, en los pisos. Pero para recuperar esa pérdida de recaudación en inmuebles residenciales apostamos por un tratamiento diferencial a los inmuebles de uso no residencial: industriales, comerciales, de ocio… No en todos, sino en los tramos catastrales de valoración más elevada. Es lo que se llama el tipo diferenciado. Es una manera de repartir los ingresos municipales de otra manera, aunque, en realidad, la redistribución fiscal está en la base del Estado social de derecho que figura en nuestra Constitución.
P.: ¿Y le van a dejar hacerlo? ¿Qué les dicen desde el poder financiero? ¿Se reciben sugerencias veladas o presiones directas?
R.: Las presiones son conocidas por todos. No estoy demonizando su actuación concreta, pero el ejemplo más claro ha sido el de las cuestiones formuladas por las agencias de calificación de deuda cuando se acercan a este equipo de gobierno. Evidentemente, están cumpliendo su función y actúan como es lógico que actúen. Son empresas que quieren que la rueda siga girando de una determinada manera y lo que hemos manifestado es que no estamos dispuestos a responder a estas entidades de manera privada. Lo que hablemos se lo vamos a contar también a los ciudadanos porque, evidentemente, trabajamos para ellos. No mantenemos un discurso diferente dependiendo de nuestro interlocutor. En el pleno decimos lo mismo que en esta conversación o que en un foro con banqueros o empresarios. Tenemos el mismo mensaje en todos los lugares en los que nos presentamos.
Nuestro planteamiento es un modelo de ciudad que trabaje por disminuir las enormes desigualdades que padecemos. Eso solamente puede hacerse con políticas fiscales redistributivas y políticas de gasto social ahí donde encontramos déficits acumulados de atención e intervención pública. Todo esto requiere de una cierta beligerancia. Puede haber grandes empresas a las que no les guste que abandonemos la vía del endeudamiento para financiar las políticas públicas, porque, claro, estaban haciendo grandes negocios con ello. Lo lamentamos mucho, pero estamos al frente del ayuntamiento para servir a los intereses generales y no para servir a las élites o a los lobbies concretos que pueda haber en la ciudad.
P.: Después de la creación de mecanismos como el Fondo de Pago a Proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica, ¿tiene sentido pedir ratings en el caso de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos?
R.: Son dos cosas muy diferentes. El fondo de pago a proveedores es un mecanismo que depende del Ministerio de Hacienda y que existe para solventar la incapacidad de pago por parte de los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas si estas tienen que enfrentar retrasos en el pago de las facturas comerciales. Madrid se acogió a ese plan en el pasado, pero en este ejercicio las facturas que llegan de los proveedores se están pagando puntualmente, en un plazo medio muy reducido, por debajo de los 10 días. El Ayuntamiento no tiene previsto ni incrementar ese plazo ni acudir a la financiación del fondo del Ministerio de Hacienda. La Comunidad de Madrid, sin embargo, se incorporaba la semana pasada al fondo de pago a proveedores porque no tenía tesorería suficiente para hacer frente en el plazo correcto al pago de sus facturas comerciales. No es el caso del Ayuntamiento de Madrid.
P.: ¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento? ¿Qué parte del mismo pertenece a las grandes constructoras a través de los contratos integrales de prestación de servicios?
Para que nos hagamos una idea: de los 4.500 millones de euros de gasto total, incluyendo amortización de deuda, aproximadamente, 1.500 millones de euros están en contratos externalizados a grandes empresas. Limpieza, iluminación, parques y jardines, la inmensa mayoría de los servicios públicos del Ayuntamiento son realizados por intermediarios externos. Hemos vivido durante décadas un proceso acelerado de descrédito del sector público que ha beneficiado mucho a algunas compañías. Pero la realidad es que las privatizaciones se han mostrado claramente ineficientes en cuanto a la prestación de los servicios y claramente antieconómicas en lo que se refiere a los intereses del propio Ayuntamiento. Un ejemplo. La limpieza urbana y la recogida de basuras con gestión pública en Madrid costaba 42 euros por habitante. Ahora, con la gestión privada, cuesta 53 euros.
P.: ¿La auditoría de la deuda implica auditar estos contratos integrales?
R.: Claro, porque todo lo anterior está inevitablemente unido. Auditar las políticas públicas también es ir a la raíz del problema de la deuda. Todos estos procesos de externalización van unidos al origen y al carácter de la deuda pública. El Tribunal de Cuentas, que no es precisamente sospechoso de ser un organismo revolucionario, ni muchísimo menos, publicaba ya en 2011 un informe que indicaba, con datos concretos, que la prestación de servicios públicos de manera directa era infinitamente más barata que los mismos servicios contratados con empresas privadas. Es lógico. Prestando el mismo servicio, hay un elemento que la empresa privada tiene que incorporar a la prestación del servicio, su legítimo beneficio.
De manera añadida, cuando se defiende el argumento de la mayor eficiencia del sector privado, muchas veces lo que descubrimos es una dinámica generalizada de precarización laboral. Por eso, de nada vale plantear una política pública de erradicación de la precariedad si lo que estamos haciendo es contratar servicios externos que llevan a las empresas a precarizar el empleo de la gente que contratan.
P.: ¿Se va a promover la participación ciudadana en el diseño de los presupuestos municipales?
R.: La elaboración de presupuestos participativos es fundamental. Forma parte del programa electoral de Ahora Madrid y del ADN de la candidatura. Para el año 2016 ha sido materialmente imposible, pero sí va a haber participación ciudadana en los distritos en el plazo de enmiendas. En cualquier caso, de manera limitada por la premura del tiempo.
Lo que es seguro es que a partir del 1 de enero de 2016 se iniciará la elaboración del presupuesto de 2017. Y eso va a contar con una amplia posibilidad de participación a través de las juntas de distrito. No solo para el tramo del presupuesto más cercano, en los propios distritos, sino también en proyectos transversales sobre el modelo de ciudad. Estamos hablando de en torno a los 100 millones de euros, lo que nos pone a la vanguardia de Europa, por encima de otras ciudades pioneras en presupuestos participativos como París o Reikiavik.
P.: Dentro de un modelo de integración supranacional como la UE, y dentro a su vez de un sistema institucional estatal en el que los Ayuntamientos apenas tienen capacidades normativas y competencias públicas… ¿No tiene miedo a que les aten de pies y manos para sus planes de futuro?
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R.: No es temor, es una realidad. Las estructuras jurídicas y estatales encorsetan la capacidad de los ayuntamientos para hacer políticas propias. Pero con eso contábamos. Y por muchas ataduras que tengamos, tenemos manos para romper los nudos. La gran diferencia respecto a otras ciudades y municipios es que Madrid tiene una importante capacidad recaudatoria. Madrid tiene una deuda absolutamente descomunal. Pero tiene también una capacidad de recaudación que le permite hacer políticas públicas y rebatir posiciones que, desde otro lugar, sería prácticamente imposible.
