Francia
Hollande lanza su ‘Patriot Act’ y pone a Francia en estado de excepción permanente
El centro político francés nunca había estado tan a la derecha. La cadena de atentados sufrida por el país a lo largo de este año y el ascenso en las encuestas de la extrema derecha, sumados al estancamiento económico y a la falta de alternativas frescas en la izquierda, están limando la tradicional oposición de los franceses frente a quienes meten mano a sus derechos fundamentales. El lunes 16 de noviembre, François Hollande escenificó en Versalles, ante una sesión conjunta de la Asamblea y el Senado, una copia francesa de la Patriot Act de George W. Bush, y traicionó su promesa de ser un "presidente normal", al anunciar en caliente una reforma constitucional y pedir la prolongación durante tres meses del estado de emergencia declarado la noche de los ataques.
Los atentados del 13 de Noviembre no han hecho más que acelerar la evolución à droite del presidente socialistaà droite, mientras la unidad con que reaccionó la clase política tras la tragedia empieza a desvanecerse a medida que se acercan las elecciones regionales del 6 de diciembre.
El domingo 15, nada más salir de una reunión con el presidente en el Elíseo, Nicolás Sarkozy se plantó ante las cámaras para exigir “cambios drásticos” en materia de seguridad y defender “una nueva política de inmigración”, declarando la defunción del Acuerdo de Schengen y relacionando la crisis de los refugiados con los atentados de París.
Palabras nada sorprendentes en boca del ex mandatario, que lleva años cultivando su imagen de tipo duro, un puesto por el que también compite su máxima rival política, Marine Le Pen. Unas horas antes, Sarkozy aparecía en el plató de TF1 para mostrar su indignación por el caso de Ismael Mustafá, uno de los terroristas que atacó la sala Bataclan, quien había sido condenado en ocho ocasiones sin llegar a pisar la cárcel.
“Hay que aplicar las condenas”, exigió con furia el expresidente, obviando que fue durante sus mandatos como ministro del Interior y como presidente cuando Mustafá fue sancionado, y que también bajo su presidencia, en 2008, se reformaron los servicios secretos, medida que no ha conseguido evitar la sucesión de atentados de los últimos tres años.
Sarkozy no fue el primero en señalar a los refugiados tras la masacre de París. Marine Le Pen, eurodiputada y candidata de la extrema derecha a las presidenciales de 2017, sentenció el 14 de noviembre que “Francia y los franceses ya no están seguros”. Con 129 cadáveres todavía calientes y la población en estado de shock, Le Pen exigió el restablecimiento de los controles fronterizos y el rearme de Francia con “medios militares, policiales, de gendarmería, de inteligencia y de aduanas”.
Dicho y hecho. El conservador Sarkozy, la ultraconservadora Le Pen y el socialista Hollande nunca habían estado tan de acuerdo; ni siquiera cuando, tras los atentados de enero contra Charlie Hebdo, el gobierno impulsó una ley que suprime la privacidad de las comunicaciones y que iba más lejos incluso que la Patriot Act de Bush.
Tras anunciar el endurecimiento de las acciones militares en territorio sirio, el lunes 16 el presidente Hollande aprovechó su discurso en Versalles para pedir apoyo a los diputados y senadores con el fin de prorrogar a tres meses el estado de emergencia decretado en la noche de los ataques, saltándose así el límite de doce días que establece la ley.
La ley que regula el estado de emergencia “la creó De Gaulle en 1955 para frenar la revolución en Argelia sin tener que admitir que estábamos en guerra”, explica a CTXT el jurista Alexis Wateau, del despacho AGP Avocats. El estado de emergencia da al Ejecutivo la potestad para restringir un amplio abanico de libertades que van desde el derecho a la libre circulación hasta el de realizar manifestaciones, pasando por el cierre de cualquier local y el registro de domicilios. Todo sin autorización judicial.
“Quizás sea un mal necesario, pero se trata de un atentado a las libertades constitucionales”, añade Wateau, que cree que es necesario actualizar esa medida “desfasada” y cambiar la Carta Magna francesa para adaptarla a las circunstancias del terrorismo del siglo XXI. Hollande hizo una declaración de intenciones al respecto durante su alocución: pidió reformar el artículo 16, que regula el "peligro inminente ante un ataque extranjero", y el artículo 36, que legisla sobre el estado de sitio. El presidente no aclaró el sentido de las modificaciones que tiene en mente, aunque todo hace pensar que consistirá en reforzar los poderes del Ejecutivo.
Al ser preguntado sobre la libertad de prensa en Francia durante el estado de emergencia, Wateau responde tajante: “Ese es el gran punto negro”. El abogado explica que no hay precedentes para saber qué sucederá con los medios franceses durante el tiempo que dure esta medida excepcional, que fue aplicada por segunda y última vez durante la oleada de violencia en los suburbios de 2005.
“El ritmo de nuestra democracia no se somete al chantaje de los terroristas”, afirmó Hollande en Versalles tras anunciar, entre otras medidas, que dará vía libre a los servicios antiterroristas para pinchar, vigilar o acceder a cualquier lugar, y que incrementará el número de funcionarios destinados a Interior, Defensa y Justicia: 5.000 policías y gendarmes, 1.000 puestos en aduanas, y 2.500 funcionarios de prisiones y servicios judiciales.
El presidente no olvidó citar a los refugiados. Dijo que la crisis está "directamente ligada a la guerra en Siria y en Irak", e hizo una tibia llamada a que Europa acoja "con dignidad a aquellos que tengan derecho al asilo, y rechace a quienes no lo tengan".
Un minuto y medio de aplausos con todos los diputados y senadores en pie, y cantando La Marsellesa. Así recibieron los representantes del pueblo francés el retroceso de libertades al que ceden Francia y, qué remedio, los franceses.
