Anticorrupción pide cinco años para un exdirectivo de la SGAE por gastar en prostitutas 39.552 euros de la entidad

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de cuatro años y diez meses de prisión para el exdirectivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Pedro Farré por apropiarse indebidamente de 39.522 euros de la entidad, que empleó en locales de alterne y prostitutas de lujo a lo largo de siete meses, entre noviembre de 2008 y mayo de 2009.

El escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, imputa a Farré, mano derecha del que fuera presidente de esta entidad Teddy Bautista, los delitos de apropiación indebida y falsedad y acusa también por encubrimiento a Ricardo Azcoaga, quien fuera responsable del área de control de gastos de la sociedad de autores. Para este último se piden dos años y medio de cárcel como encubridor del delito de apropiación o, subsidiariamente, la misma pena por receptación.

Según detalla el escrito, desde al menos octubre de 2004 Farré pasó a desempeñar el cargo de director del Gabinete de Presidencia y Relaciones Corporativas de la SGAE y, dada su estrecha relación con Bautista, se le confió la disponibilidad de la Visa Oro para gastos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

Visa oro para gastos "estrictamente particulares"

Según la investigación judicial, realizada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, entre el 13 de noviembre de 2008 y hasta el 15 de mayo de 2009 Farré realizó con la Visa Oro de la SGAE gastos "estrictamente particulares en locales de alterne" que ascendieron a 39.552 euros.

Los gastos en este tipo de locales, principalmente en uno de Alcalá de Henares, iban desde los 3.451 euros cargados a la citada tarjeta en noviembre de 2008 a los 8.536 que gastó en febrero de 2009, según refleja el escrito del Ministerio Público.

Los citados locales no instalan cajeros electrónicos y los cargos efectuados aparecen en beneficio de sociedades como Gestión Financiera Armino, Teleprocesos y Asociados S.L, o Comercial Bleeding Tres S.L.

"Dado que las denominaciones sociales de dichas entidades beneficiarias de los pagos no eran sugerentes del tipo de servicio prestado a cambio" el acusado, con el fin de enmascarar ante la SGAE la verdadera naturaleza de las prestaciones recibidas, "presentó al Departamento de contabilidad de la entidad de gestión diez recibos completamente inveraces, pretendiendo hacerlos pasar como emitidos" por dichas sociedades, según la Fiscalía. Hizo constar en ellos, como concepto, la palabra "catering".

Por lo que se refiere a Ricardo Azcoaga, pese a ser informado de la falta de justificación de los gastos de Farré, ordenó que dichas cantidades fueran contablemente trasladadas a una cuenta de "gastos sin justificar", pero omitió cualquier actuación al respecto y tampoco le retiró la tarjeta.

Tampoco consta que el responsable de gastos revelase la realidad cuando Farré fue despedido y firmó el recibo de "liquidación, saldo y finiquito" de su relación laboral con la SGAE. Se le abonaron 67.974,05 euros, de los que 53.00 lo fueron en concepto de indemnización.

En octubre de 2011 el juez Ruz dejó en libertad sin la imposición de medidas cautelares a Farré, quien a su salida de las dependencias judiciales aseguró que se encontraba "muy tranquilo" y que las acusaciones en su contra constituyen "una maniobra para mancillar" su honor y desprestigiarle.

La propia SGAE remitió entonces un comunicado en el que señalaba que días atrás se inició una investigación interna para esclarecer varias irregularidades atribuidas a Farré en medios de comunicación.

Como consecuencia de estas pesquisas, se concluyó que Farré habría presentado conceptos falsos en la justificación de sus gastos - seminarios, operaciones antipiratería o gestiones con terceros - "para ocultar el verdadero destino de los fondos de la entidad".

Tras descubrir estos datos, la SGAE puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, entre ellos el presunto uso fraudulento de la tarjeta corporativa que Farré tenía a su disposición, con el fin de que la denuncia fuera investigada por la Audiencia Nacional.