Los ganadores del recurso en el TC contra la Ley de Patrimonio de Madrid piden que se derogue

Los impulsores del recurso de insconstitucionalidad contra la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (PSOE, IU, la plataforma Madrid Ciudadanía y Patrimonio y la Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid) han pedido que se derogue la misma, en vez de modificar los artículos que han sido declarados inconstitucionales y nulos por el Tribunal Constitucional.

En una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, la diputada regional y senadora socialista Maru Menéndez ha dicho que ante "un número tan importante" de artículos declarados inconstitucionales y nulos "lo suyo es volver a la casilla de salida". El recurso, firmado por 57 senadores de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto, impugnaba diez artículos, de los que ocho han sido declarados inconstitucionales y nulos, uno constitucional conforme a la interpretación establecida por el TC y otro desestimado.

Menéndez ha dicho también que el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid va a pedir la comparecencia con carácter urgente de la consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad, Ana Isabel Mariño, al tiempo que ha afirmado que "se deben asumir responsabilidades políticas", puesto que ha sido el TC quien "ha dicho al Gobierno que no, que no se puede expoliar el patrimonio, que no se puede jugar con lo que es de todos, que hay que preservar el bien común".

La senadora socialista ha constatado que, dando voz a las asociaciones, las instituciones, "muchas veces denostadas", han conseguido en esta ocasión, gracias al Estado de Derecho, "parar estos desmanes del Gobierno de la Comunidad de Madrid", al que ha acusado de intentar "orillar permanentemente la legislación".

Por su parte, la responsable de Cultura de la ejecutiva de IUCM, Milagros Hernández, ha felicitado al TC por su rapidez en este caso, tras lo que ha señalado que la sentencia pone en valor la Constitución española, en su artículo 46, y la legislación europea sobre la materia.

Hernández ha dicho que no se fía de que los equipos de Gobierno de la Comunidad y de los Ayuntamientos de la región lleven a cabo a rajatabla el cumplimiento de esta sentencia, de manera que les va a tocar hacer, según sus palabras, "un seguimiento político, un seguimiento de movilización ciudadana y probablemente un seguimiento legislativo".

La también concejala del Ayuntamiento de Madrid ha denunciado el interés del PP "por mercantilizar, por vender, por expoliar todo el patrimonio cultural de esta ciudad", y ha advertido de que el Gobierno municipal intentará sacar adelante planes especiales que tienen que ver con el patrimonio como el del Teatro Albeniz, la Manzana de Canalejas, el Edificio España, el Palacio de la Música, el 'Minivaticano', Torre Arias y el Palacio de la Duquesa de Sueca, entre otros.

La vicepresidenta de la plataforma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Alicia Torija, ha señalado que la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad es una ley "llena de desmanes contra el patrimonio" en 45 artículos, así como que los artículos que han sido declarados inconstitucionales y nulos suponen el 20 por ciento de la ley.

Además, ha añadido que hay artículos que no se pudieron plantear como inconstitucionales en ese recurso pero que "claramente atentan contra el patrimonio", por lo que ha pedido que la ley sea "absolutamente revocada".

Por otra parte, ha acusado a la Comunidad de Madrid de engañarles al negarles en un primer momento su intención de cambiar la Ley de Patrimonio y de acusarles después de estar en contra del progreso, al tiempo que ha asegurado que, a su entender, "el cambio de uso y la protección del patrimonio pueden ser compatibles".

El autor de recurso, Javier García Fernández, ha explicado que este se basa en conectar la lucha contra la expoliación, competencia del Estado, con la declaración de BIC, ya que esta catalogación es un instrumento al servicio de la lucha contra la explotación.

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Operación Canalejas

Por otro lado, ha afirmado que la nueva ley tenía como función, entre otras cosas, "legalizar la Operación Canalejas", así como la Operación Edificio España y "alguna más"; "no lo han hecho solo por su desmedido afán privatizador y desregulador", sino que "había intereses concretos".

En particular, ha apuntado que la sentencia no afecta de manera directa a la Operación Canalejas con la prohibición de segregaciones parcelarias (artículo 23, apartado 2) porque lo que se hace en Canalejas es la "acumulación", pero "alguna incidencia puede tener", así como la prohibición de publicidad, antenas, cables o conducciones (artículo 24.5) de cara al futuro, si se lleva a cabo la operación, o la obligatoriedad de permitir visitas (artículo 27).