El Constitucional analizará la Ley de Propiedad Intelectual

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el pasado 4 de febrero el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, contra la Ley de Propiedad Intelectual, un tema que el Pleno del tribunal ha estudiado este jueves, según fuentes del TC.

Tal y como explicó el secretario federal de Cultura del PSOE, Ibán del Blanco, el partido considera que tres puntos de esta norma no respetan el texto constitucional: la compensación por copia privada, la gestión del sistema de recaudación de ventanilla única y el establecimiento de un arbitraje obligatorio en caso de desacuerdo respecto a las tarifas.

García del Blanco ha asegurado este jueves que esta admisión supone una "victoria" de la cultura española "sobre el Gobierno" que considera suficiente como para pedir al Gobierno que "deje suspendida la Ley Lasalle, que suspenda también el desarrollo reglamentario de la Ley y abra un trámite de diálogo con la oposición y también con todos los sectores implicados de la gestión cultural".

En primer lugar, los socialistas son contrarios del sistema de compensación económica por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que afecta a todos los ciudadanos, "consuman o no consuman", y cuya cantidad está planteada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "sin tener en cuenta" el perjuicio causado.

En este sentido, Del Blanco destaca que esta falta de acuerdo se encuentra en consonancia con la decisión del Tribunal Supremo de preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si este sistema se ajusta a la legislación europea.

Otro de los puntos que, según el PSOE, plantea serias dudas de constitucionalidad es la obligación de las entidades de gestión a asociarse para gestionar la ventanilla única, como único sistema de recaudación para la facturación y pago de los derechos de autor.

Una tercera cuestión es el arbitraje obligatorio al que remite la ley en caso de desacuerdo entre usuarios y productores sobre las tarifas. Dicho arbitraje, del que se hace cargo una comisión dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, impediría, según el PSOE, la reclamación directa en los tribunales.