Carlos Fonseca: “El Gobierno español impide que se depuren las responsabilidades del franquismo”

El próximo 27 de septiembre se cumplen cuatro décadas desde que el régimen franquista asestara sus últimos tiros de gracia. Al alba, como les cantó Luis Eduardo Aute, eran asesinados tres militantes del FRAP, Ramón García Sanz (27 años), José Luis Sánchez-Bravo (21 años) y Xosé Humberto Baena (24 años); y dos de la rama político-militar de ETA, Juan Paredes, alias Txiki (22 años) y Ángel Otaegui (33 años). “Es el hecho más grave del final del franquismo”, afirma rotundo el periodista y escritor Carlos Fonseca, “tanto por la situación política como por la gravedad de las penas impuestas”. Fonseca (Madrid, 1959), autor del libro Trece rosas rojas, llevado al cine por Emilio Martínez Lázaro en 2007, publica ahora Mañana cuando me maten (La esfera de los libros), donde reconstruye valiéndose de las herramientas del periodismo narrativo uno de los casos más sangrantes de los estertores del régimen.

Durante año y medio, Fonseca revisó los más de 2.000 folios del proceso, habló con los familiares y amigos de los fusilados, e investigó en todo el material historiográfico de la época. No sin obstáculos. En primer lugar, las trabas para acceder a documentación de la historia española más reciente. En concreto, el escritor se queja de la legislación relativa a Patrimonio Histórico, donde se establece que los documentos sobre cuestiones judiciales no pueden ser consultados sin consentimiento previo de la persona aludida en los mismos o hasta que hayan pasado 25 años de su muerte (en caso de que no se tenga una prueba fehaciente de su fallecimiento, el plazo se amplía a 50 años). De este modo, y a pesar de tener autorización expresa de las familias de los fusilados, Fonseca no pudo acceder a los sumarios íntegros, sino que el archivo histórico-militar le proporcionó una copia censurada en la que se ocultaban datos como la identidad de los abogados defensores.

Once condenas de muerte

Durante el verano de 1975 se llevaron a cabo varios consejos de guerra a miembros de ETA y del FRAP acusados de delitos de terrorismo. Once de ellos fueron condenados a muerte, pero debido a la intercesión de numerosos países y organismos como la ONU, además del candente clima social (con varias huelgas generales y un Estado de excepción decretado en Bizkaia y Gipuzkoa), el régimen optó por indultar a seis de ellos y se dio por “enterado” (sic) de que las otras cinco serían ajusticiadas. “No hay una explicación de por qué a unos se les indultó y a otros no. Había el presentimiento de que con toda la presión internacional, al igual que en el Proceso de Burgos, Franco iba a recular”, explica Fonseca, quien concluye que la decisión fue absolutamente arbitraria. Incluso, preguntado por la prensa, el ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, desmintió que hubiesen tenido en consideración que dos de las chicas condenadas estaban embarazadas en el momento de otorgarles el indulto.

El FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) había surgido como el brazo armado del PCE marxista-leninista, una escisión del PCE que, bajo la batuta de Santiago Carrillo, defendía en ese momento “un pacto con las estructuras del régimen para una transición tranquila”. “Lo que pretendía el PCE (m-l) era crear un instrumento armado para hacer frente a la dictadura. Su objetivo era que no hubiese un franquismo sin Franco y pensaban que sólo se podía conseguir a través de la violencia”, explica el escritor para justificar que el FRAP comenzase a atentar en 1975, cuando ya se veía inminente el final del dictador.

Una farsa de juicio

Los consejos de guerra se celebraron entre los meses de agosto y septiembre de 1975 en Burgos, Barcelona y en las dependencias militares de El Goloso, en Madrid. Los acusados se enfrentaron a unos juicios plagados de irregularidades, como en el caso de Juan Paredes, Txiki, vinculado a ETA y condenado por un atraco en la sucursal del Banco Santander en la calle Caspe de Barcelona en unas fechas en las que aseguraba haber estado en Perpignan. Todas las pruebas del abogado defensor fueron rechazadas por el juez. "El sumario es una caricatura", afirma Fonseca, que considera que todo el despliegue pretendía dotar las condenas de muerte de un marchamo de legalidad cuando las sentencias "ya estaban decididas de antemano".

Los encausados estuvieron defendidos por abogados independientes y otros vinculados a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), letrados jóvenes y con poca experiencia en juicios sumarísimos, según cuenta Fonseca. Ni PCE ni PSOE quisieron involucrarse en su defensa, ya que rechazaban la lucha armada, pero sí hubo quien a título personal se implicó de una manera u otra en el proceso. Es el caso de Gregorio Peces-Barba quien escribió una carta a uno de los abogados defensores donde "argumenta por qué no está dispuesto a defender a los acusados", a pesar de lo cuál, le ofrece varias recomendaciones. Un documento inédito que llamó especialmente la atención de Fonseca.

Justicia a través de la querella argentina

No faltan en el libro los nombres de dos miembors ya emblemáticos de la Brigada Político Social, Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, y Roberto Conesa (cuya vida fue parcialmente novelada en Las tres bodas de Manolita de Almudena Grandes). "Hay testimonios de algunos de los detenidos que declararon haber sido torturados para hacer declaraciones inculpatorias", relata Fonseca.

La extradición de Billy el Niño fue solicitada por la jueza María Servini que instruye la querella argentina contra los crímenes del franquismo y rechazada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que arguyó que los crímenes de torturas supuestamente cometidos por el exinspector de policía ya habían prescrito y que, en todo caso, tendrían que ser juzgados por un tribunal español. En dicha querella también se incluyen varios de los casos de los cinco últimos fusilados por el franquismo, en concreto, el de José Luis Sánchez-Bravo, Pablo Mayoral y Xosé Humberto Baena, cuya familia ha agotado todos los recursos, desde el Tribunal Constitucional hasta la ONU, para que el caso se reabra. Sin embargo, Carlos Fonseca es bastante pesimista respecto a la evolución de la querella: "Está muerta por la negativa del Gobierno español a colaborar".

No hubo clemencia

Apenas media hora antes de ser fusilado, Baena escribió una carta a su familia en la que les pedía que cuando sus sobrinos fuesen mayores, les contasen la verdad para que nunca se avergonzasen de él. Un mes después, su padre, Fernando Baena, escribía una especie de diario en la que relataba con profusión de detalles la vida de Xosé Humberto. La primera vez que le habían detenido, por una protesta estudiantil en la Universidad de Santiago de Compostela, Fernando consiguió reunir, gracias a amigos y familiares, las 15.000 pesetas que le pedían como fianza. Tras el juicio, Xosé Humberto quedó absuelto y libre de toda culpa. "Hice gestiones para que me devolvieran la fianza -cuenta el padre en la carta a sus nietos que recoge Fonseca en su libro- y me contestaron que ese dinero fue aportado por el comunismo y no tenía derecho a él".

Tras el indulto de seis de los condenados, la prensa abrió con grandes titulares sobre la indulgencia del Gobierno. "Hubo clemencia", decían. Pero no para sus otros cinco compañeros, los últimos fusilados por el régimen. La condena fue un golpe en la mesa de una dictadura decrépita y sola tras el cierre de embajadas y el profundo rechazo internacional a las penas de muerte dictadas. El 1 de octubre un agonizante Franco se asomó al balcón del Palacio Real para gritar ante una manifestación (que se intentó colar como espontánea) un discurso que sonaba ya añejo: "Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece". Mes y medio después de aquel bizarro intento de demostrar su fuerza, Franco moría.